La Corte declara constitucional la Ley de Extinción de Dominio del DF

Los ministros avalaron la norma que permite al GDF apropiarse de bienes de la delincuencia, aunque fijaron criterios para su aplicación
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| Otra fuente: CNNMéxico

Después de una semana de discusión, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, que permite a las autoridades de la capital mexicana apropiarse de bienes de la delincuencia. 

La legislación había sido impugnada por la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), que presentó ante el máximo tribunal del país una acción de inconstitucionalidad argumentando que los más recientes cambios a la norma violan el derecho de audiencia y de acceso a la justicia. 

En 2010, la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó reformas a la ley para establecer que cuando inicien un juicio para extinguir el dominio de un bien, las autoridades solo estarán obligadas a notificar en persona al afectado, es decir, al dueño de la propiedad. 

Para la CDHDF, esto perjudica a víctimas o terceros interesados porque no les permite enterarse del proceso legal. 

En la discusión del tema, una mayoría de ministros se pronunció por declarar constitucional la ley. Sin embargo, al mismo tiempo se estableció el criterio de que cuando haya víctimas o terceros plenamente identificados, éstos también deberán recibir notificación personal, reportó la agencia Notimex. 

Los legisladores locales que impulsaron la reforma de 2010 a la ley argumentaron entonces que los juicios se retrasaban indefinidamente cuando había posibles víctimas u otros interesados, pero la autoridad no sabía quiénes eran o no podía localizarlos. 

Cuando víctimas o terceros no estén plenamente identificados o sean ilocalizables, bastará con que las autoridades informen del inicio de un juicio a través de publicaciones oficiales, indicó Notimex. 

Las leyes de extinción de dominio federal y locales fueron impulsadas por el anterior presidente, Felipe Calderón (2006-2012), como un mecanismo para afectar las finanzas de los grupos delictivos.

Recientemente, el actual gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, pidió a los legisladores de Michoacán aprobar ese tipo de normas para "asfixiar" a las organizaciones criminales que operan en el estado. 

El investigador Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la aplicación de la ley ha dado resultados en el DF para delitos como la trata de personas o la prostitución de menores, en los que las autoridades pueden probar con mayor facilidad que un inmueble es utilizado para delinquir, así como quiénes son sus dueños. 

"Las redes (delictivas) han tenido que modificar su forma de actuar. (La ley) ha tenido impacto también en los propietarios, que se han visto obligados a revisar las condiciones en las que alquilaban o cedían sus propiedades para cualquier tipo de negocio o comercio", dijo en entrevista.

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Por el contrario, agregó, es más difícil que ese tipo de leyes funcionen con delitos como el narcotráfico o el lavado de dinero, en los que resulta más complicado rastrear quién es el dueño de una propiedad.

Mauricio Torres contribuyó con este reporte.

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