'Autodefensas' de Aquila, los que sí fueron encarcelados por portar armas

Integrantes de la policía comunitaria del municipio de Aquila llevan seis meses en prisión cuando el gobierno combatía a los civiles armados
Miembros de autodefensa son detenidos en Michoacán
Autor: Darío Martínez Brooks | Otra fuente: CNNMéxico

Los habitantes de Aquila, en Michoacán, también se levantaron en armas, y dijeron que lo hacían para combatir la presencia de delincuentes y para proteger sus recursos naturales ante las actividades mineras en la región. 

Pero a diferencia de sus vecinos de Tierra Caliente, varios integrantes de la policía comunitaria del municipio de Aquila fueron encarcelados por el delito de portación ilegal de armas, y desde hace seis meses, se encuentran en un proceso judicial por el que podrían pasar hasta seis años en prisión.

Aquila es un municipio rural de unos 25,000 habitantes en la costa de Michoacán, dedicada principalmente al cultivo de forrajes, y con una región serrana donde hay extracción minera de hierro a la que algunos de sus pobladores se han opuesto.

A principios de 2013, tres líderes de la comunidad decidieron formar un cuerpo de policía comunitaria —que no estaba amparado por la ley, como en el caso de las autodefensas— integrados por civiles que señalaron haber tomado las armas “en contra del crimen organizado” y la corrupción de la policía.

Pero el 14 de agosto de 2013, el Ejército y la Policía Ministerial estatal efectuaron un operativo de desarme en el que fueron detenidas 45 personas armadas, 40 de las cuales declararon ser parte de esta policía comunitaria, las otras cinco fueron desconocidos como miembros de la comunidad.

Hoy, los tres líderes del grupo están en una cárcel estatal de Morelia, y otros 16 acusados permanecen en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, una prisión de alta seguridad en el estado de Veracruz. Los otros 21 siguen el proceso en libertad bajo fianza.

El abogado de los 40 inculpados, Leonel Rivero, afirma que el gobierno federal ha tenido un “trato diferenciado” entre sus defendidos y las autodefensas de la Tierra Caliente, con quienes el gobierno federal firmó un acuerdo el 27 de enero para su legalización que incluye tenencia de armas.

“Mientras que a nuestros clientes se les detuvo cuando estaban haciendo exactamente lo mismo que están haciendo las autodefensas, no solamente se les detuvo sino que también se les internó en una prisión de alta seguridad”, dijo Rivero en entrevista.

CNNMéxico solicitó la postura del gobierno federal a la Secretaría de Gobernación, pero hasta el momento la oficina de Comunicación Social no ha emitido una respuesta.

La policía comunitaria de Aquila no se considera parte de las autodefensas de la región, pero dicen defender la misma causa de seguridad ciudadana, así como los recursos naturales de la región rica en yacimientos de hierro, dijo el abogado.

A través de su representante legal, piden al gobierno federal ser incluidos en el plan federal de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, bajo la dirección del comisionado Alfredo Castillo, para ser guardias rurales en libertad, como las autodefensas.

Seis meses sin juicio

El Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a los 45 hombres del delito de portación de armas de fuego exclusivas del Ejército, y a los líderes —los hermanos Agustín, Vicente y Efraín Villanueva Ramírez— les agregaron el cargo de acopio de armas.

Al ser un delito federal, un juez ordenó iniciar un juicio para todos los acusados desde las prisiones de Veracruz y Morelia, y después concedió una fianza a 21 de ellos.

Rivero dice que, hasta el momento, las autoridades judiciales aún no se ponen de acuerdo en a quién compete el caso, dado que están en dos estados diferentes, y está pendiente la resolución de un amparo, lo que tiene a los acusados encarcelados y sin solución a su caso.

“El juez de Veracruz se declaró incompetente en razón del territorio. Lo mandó a Michoacán, a Uruapan, el de Uruapan se declaró incompetente en razón de que están detenidos en Veracruz”, dijo en entrevista.

Esa situación, de la competencia del Consejo de la Judicatura Federal, no permite que los detenidos puedan presentar las pruebas a su favor, ni que el Ministerio Público federal presente formalmente las pruebas en su contra, explicó Rivero. “Estamos en un impasse, mientras no se determine qué juez es el competente”, afirmó.

CNNMéxico solicitó información sobre el estado del proceso legal, pero el Consejo de la Judicatura Federal no tuvo una respuesta de forma inmediata.

Un ‘indulto’ federal

Rivero afirma que tuvo una reunión con el comisionado Alfredo Castillo, en la que planteó que los detenidos fueran liberados mediante una orden federal que ponga a sus defendidos en la misma calidad que las autodefensas partiendo de su liberación.

“Le entregamos una propuesta con la lista de toda la gente que está detenida, y los que están procesados. Y nos comentó que el Estado está buscando mecanismos para darle solución a la conflictividad social, no especificó cuál podría ser la salida”, dijo el abogado.

La Secretaría de Gobernación, responsable de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, no tuvo comentarios del caso ante una petición de CNNMéxico.

Un avance para el caso de Rivero fue el de este 17 de febrero, cuando el magistrado Luis Fernández Aguilar, del Segundo Tribunal Unitario federal con sede en Morelia, concedió un amparo que dejó sin efectos el cargo de acopio de armas contra los hermanos Villanueva Ramírez.

Para el doctor Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que el Ministerio Público federal pueda no ejercer su derecho de acción penal en contra de los detenidos “es muy posible que se haga, porque jurídicamente es permitido” si el gobierno rectifica su postura política para el caso de Aquila.

“A estas personas las detuvieron después de haber generado una serie de actos que en su momento se estimaron o se consideraron delictivos. En ese momento no existía el acuerdo, y por lo tanto no tenían ropaje de legalidad que aparentemente hoy tienen”, dijo Márquez en entrevista.

Rivero reconoce que los detenidos poseían las armas “que le habían quitado a los sicarios cuando vivían ahí en Aquila”, pero pide que sus clientes sean reconocidos al igual que el gobierno ya lo hizo con las autodefensas de otros municipios.

“Se les tiene sometidos a un régimen de excepción, a 1,200 kilómetros de distancia de su comunidad. Gente de escasos recursos que en estos meses ni siquiera ha recibido la visita de sus familia, y pueden enfrentar condenas de hasta 40 años en algunos casos”, dijo Rivero.

Los riesgos de los acuerdos

Como especialista en sociología del Derecho, el doctor Márquez advierte que existen riesgos para las autoridades al hacer acuerdos de liberación de personas que han cometido delitos, así como el propio pacto que firmó el gobierno federal con las autodefensas en una “negociación de la ley”.

“El problema que podemos tener en el futuro es que cualquier persona tome las armas, reivindique una lucha social con amplio apoyo de sectores de la población, y que al amparo de esa bandera cometa ilícitos, y que después con el simple expediente de una negociación se decida no cumplir con la ley”, dice el doctor Márquez.

Con el pacto del 27 de enero, el gobierno federal autorizó a los integrantes de las autodefensas de Michoacán la portación de dos armas por cada persona que se enliste ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como miembro de las guardias rurales, bajo el mando del Ejército.

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Hasta este 16 de febrero, Gobernación anunció en un comunicado que la Sedena ha registrado 1,151 armas largas, y 1,159 armas cortas “para la revisión de las licencias colectivas de uso de armas de fuego” en los 27 municipios donde se aplica el plan federal desde el 13 de enero.

“Entiendo el criterio de oportunidad política, entiendo el criterio pragmático. Lo que no entiendo es que en un país con altos niveles de impunidad, como es México, se crea o se piense que cualquier lucha noble puede servir como ropaje o bandera para violar la ley”, advierte Márquez.

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