La Marina incurrió en programación "inadecuada" de recursos en 2012: ASF
La Secretaría de Marina (Semar), una de las dependencias de seguridad más importantes en la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), reasignó indebidamente recursos de la partida de renta de bienes inmuebles a otras áreas de la misma institución por un monto de 271 millones de pesos en 2012, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además la Semar habría ocasionado un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 19 millones 857,000 pesos, según un análisis de la Auditoría sobre la cuenta pública de 2012, que se dio a conocer este jueves.
La ASF pidió al órgano de control interno que investigue y, en su caso, sancione a los funcionarios que decidieron hacer la reasignación del gasto sin contar con facultades para ello.
CNNMéxico solicitó a la Semar su postura ante las observaciones de la ASF; sin embargo, no ha obtenido respuesta.
Entre los capítulos auditados, se encuentra el de la adquisición de aeronaves y equipo militar, de la cual se solicitaron nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
Aquí puedes consultar el informe de la auditoría sobre este tema
Transferencia de recursos sin autorización
En 2012, la Marina transfirió recursos por 271 millones 483,000 pesos de la partida de bienes muebles por arrendamiento financiero para pasarlo a otros gastos, sin precisar cuáles.
Además hubo un cálculo de presupuesto inadecuado, ya que consideraron recursos en todas las partidas y rubros por un total de 1,132 millones, "de los cuales no se ejerció recurso alguno", por lo que se realizaron adecuaciones para cambiar el destino del gasto.
La Marina informó que los recursos que quedaron disponibles, se transfirieron a “diversos programas y proyectos de inversión, y que éstos fueron autorizados por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la ASF concluye que no hubo una autorización para ello, por lo que no se autoriza haber transferido esos recursos.
Por esta observación, la Auditoría inició una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y pidió al órgano de control interno que investigue a los funcionarios públicos responsables de haber transferido 271 millones 483,000 pesos del capítulo de bienes muebles por arrendamiento financiero a otras partidas.
Una promoción de responsabilidad sancionatoria se promueve cuando los servidores públicos incumplen disposiciones legales y normativas en el desempeño de sus actividades.
Las aeronaves
El máximo órgano fiscalizador del país auditó la partida de adquisición de la Marina para aeronaves y otros equipos.
La Semar suscribió un contrato plurianual 2008-2010 por 72 millones de dólares, de los cuales, la Secretaría de Hacienda le autorizó 36 millones de dólares para cada ejercicio, en 2008 y en 2010.
Argumentando recortes en el presupuesto, la Marina solicitó a Hacienda diferir el pago a la empresa que le vendió las aeronaves de 2010 a 2012, lo que generó un gasto de 3 millones de dólares por gastos financieros.
Además, la justificación que dio la institución “no resulta congruente”, ya que en 2010 la Semar tuvo un aumento de presupuesto de 2,473 millones de pesos.
Cuando la Marina pidió a la empresa que pudiera pagar en 2012 en lugar de 2010, ésta le informó que no podía "financiar" la operación dos años. La solución fue que un Banco compró los derechos de ese contrato, le pagó a la empresa los 36 millones de dólares pendientes y conservó las facturas de las aeronaves hasta que la Marina lo liquidara.
“Al dejar en manos de la banca comercial la propiedad de las aeronaves, se contravinieron todas las justificaciones con las que en los arrendamientos financieros de otras aeronaves se impidió la participación de la banca comercial”, indica el informe de la ASF.
Esas justificaciones se refieren principalmente “a que por tratarse de aeronaves militares es indispensable que la propiedad de las mismas sea de la nación, en virtud de que las fuerzas armadas deben en todo momento estar preparadas, equipadas y adiestradas para enfrentar todo tipo de contingencias, con la absoluta independencia y soberanía en el cumplimiento de sus misiones institucionales”, agregó.
Por estas acciones, la ASF instruyó al órgano de control interno de la Marina investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que “permitieron la cesión de derechos del crédito a una institución de la banca comercial”.
En ocasiones anteriores, este tipo de transacciones habían permanecido cerradas a instituciones bancarias, dice la ASF, ya que la Marina argumentaba, que dichos bienes no podían estar sujetos a contratos con la banca privada. Sin embargo, el financiamiento del crédito resultó en eso.
El ’guardadito’
De la partida de vehículos y equipo aéreos, para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional, se asignaron 419 millones 800,000 pesos, porque la Marina dijo que tenía pendiente el compromiso de pago de 39 millones de dólares –que había sido transferido de 2010 a 2012-, pero sólo en este rubro se ejercieron 4 millones de pesos y el resto se transfirió a otras partidas de gasto.
El adeudo que tenía pendiente lo pagó con remanentes del 2008 y 2010, que conservaba en la cuenta Agregado Naval de la Semar en Washington, D.C, indica el informe.
La Semar usó esta cuenta bancaria para no regresar los recursos a la Tesorería de la Federación y conservar economías de servicios anteriores, lo que "resulta cuestionable”, dice la ASF, pues "si en 2011 se contaba con los recursos, no se liquidó la deuda del contrato en comento para generar menos gastos financieros".
La Auditoría presume un daño o perjuicio “a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19 millones 857,530 pesos, por concepto de recursos disponibles en la cuenta bancaria del Agregado Naval en Washington, D.C., del cual no se proporcionó evidencia de que los recursos se encontraran comprometidos o bien de su reintegro a la Tesorería de la Federación”.
En el último año de gobierno de Calderón, la Marina —una de las dependencias clave en la estrategia de seguridad del sexenio pasado—, "tuvo una inadecuada programación de los recursos, lo que generó economías que se destinaron a otros rubros de gasto", concluyó la ASF.
En 2012 la Marina contó con un presupuesto total de 19, 679 millones 681,622 pesos. La ASF auditó una muestra representativa del 64.2% de un universo, equivalente a 954 millones 829,000 pesos, elegidos con criterios "cualitativos y cuantitativos".
A partir de la presentación del informe de la ASF, las instituciones auditadas cuentan con 30 días para subsanar las observaciones hechas.
Las posibles sanciones se determinarían tras la investigación. En este caso, la ASF hizo “recomendaciones” y en unos casos además pidió al órgano auditor de la Marina que investigue para determinar si hay “responsabilidades”.
Si eso ocurre, iniciaría un proceso de sanción que puede llegar a la inhabilitación de funcionarios para ocupar cargos públicos.