El Congreso aprueba las reglas para ejercer la consulta popular

El documento fue enviado a promulgación después de meses de tensiones entre la izquierda y el PRI y el PAN
Diputados en votación  Diputados en votación
| Otra fuente: CNNMéxico

Después de tres meses de discusiones entre los tres principales partidos, el Congreso de México aprobó este jueves la Ley Federal de Consulta Popular, que abre la posibilidad de que los ciudadanos opinen sobre temas que consideren "de trascendencia nacional". 

El documento fue enviado al presidente Enrique Peña Nieto para que lo promulgue, tras recibir el aval de ambas cámaras. El visto bueno definitivo se dio en la Cámara de Diputados por 333 votos a favor, 54 en contra y cuatro abstenciones.

La aprobación de la norma era una exigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, que busca someter a consulta la reforma energética que impulsó en 2013 el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), aliado con el Partido Acción Nacional (PAN). 

En diciembre, una primera versión de la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero legisladores del PRD acusaron que se habían incluido límites que impedirían hacer consultas sobre reformas constitucionales, como es el caso de la reforma energética. 

La discusión llegó entonces al Senado, que el 27 de febrero —tras largas negociaciones entre las bancadas— aprobó el documento con cambios y lo regresó a la Cámara de Diputados, donde este jueves recibió el aval definitivo. 

La ley señala que todos los temas "de trascendencia nacional" podrán ser sometidos a consulta, salvo seis excepciones: los derechos humanos; la composición del país como una República representativa, democrática, laica y federal; la legislación electoral; la organización de las Fuerzas Armadas; la seguridad nacional, y los ingresos y gastos del Estado. 

Para el PRI y algunos legisladores del PAN, esa última restricción impide que la reforma energética se someta a consulta, pues está relacionada con el erario público. En contraste, el PRD afirma que en principio no existe esa limitación y que tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine si el tema es procedente o no. 

La ley establece que las consultas podrán ser solicitadas por el presidente, una tercera parte de los integrantes de alguna cámara legislativa y al menos el 2% del electorado (alrededor de 1 millón 600,000 ciudadanos).

En todos los casos, la solicitud tendrá que ser analizada por la SCJN, que determinará si el tema es constitucional o no. Además, para el caso de las consultas planteadas por el presidente o por legisladores, se requerirá la aprobación de las cámaras.

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Las consultas que sean declaradas procedentes se realizarán durante las jornadas de elecciones federales —cada tres años— y serán organizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE), que este año será sustituido por el Instituto Nacional Electoral (INE). Sus resultados serán vinculantes cuando en ellas participe al menos el 40% de los electores (unos 30 millones de personas).

El periodo para presentar solicitudes de consulta comprenderá del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de una Legislatura al 15 de septiembre de su último año de ejercicio. Esto significa que si la izquierda quiere pedir que se consulte la reforma energética, la fecha límite para que haga su solicitud es el 15 de septiembre de este año, 10 meses antes de los comicios federales de 2015.

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