Acusación contra Gordillo por lavado es válida... pero se revisará su caso
Un Tribunal mexicano validó la acusación federal contra la exdirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, en el caso que enfrenta por operaciones con recursos de procedencia ilícita, después de que su defensa argumentara que hubo errores de procedimiento al acusarla.
Sin embargo la resolución del Quinto Tribunal también establece una modificación de sentencia y un amparo para efectos, por lo que un juez debe realizar una nueva valoración del caso de Gordillo, por el delito especificado, y dictar en su oportunidad un nuevo auto de formal prisión, según un comunicado emitido este jueves por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
El objetivo del amparo para efectos será regularizar el procedimiento y subsanar algunas inconsistencias e irregularidades, aunque la acusación es válida.
La Judicatura no precisó por qué "carece de fundamentación" el auto de formal prisión dictado antes de la resolución de este jueves, y por qué debe revisarse de nuevo.
El proceso por el delito que le imputa el Ministerio Público federal a la ex lideresa magisterial continuará hasta que haya una sentencia, pues no será anulado, como lo solicitaba la defensa, apuntó Notimex.
El Quinto Tribunal Colegiado apuntó que en su oportunidad el director general adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) —parte acusadora— contaba con las facultades y "estaba legitimado" para formular la denuncia correspondiente por uso de recursos con procedencia ilícita, en contra de Gordillo.
"(La persona acreditada para hacer la denuncia) exhibió los documentos relativos al gafete de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como constancia 032 (aún cuando esta constancia tuviera fecha de un día posterior a la ratificación de la denuncia)", detalló el comunicado del Consejo de la Judicatura (CJF).
Se comprobó que el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera ingresó como funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) el 1 de febrero de 2013, 12 días antes de la presentación de la denuncia, de acuerdo con lo que se dio a conocer en la sesión pública de este día.
La defensa de Gordillo solicitaba la nulidad del auto de formal prisión, argumentando que el funcionario recibió su nombramiento oficial un día después de presentar la denuncia, y en consecuencia al momento de presentarla no tenía ni la competencia ni la facultad para hacerlo.
Al referir errores de procedimiento, en su momento los abogados de Gordillo solicitaron un amparo, y un juez federal lo otorgó.
El juez determinó entonces que la Procuraduría mexicana no había presentado adecuadamente los motivos e hipótesis delictivas de cómo actuó cada uno de los acusados, una cuestión que consideró "de fondo" para el seguimiento del juicio.
Además estableció que la Procuraduría General de la República (PGR) no había cumplido con el procedimiento correcto de denunciar malos manejos financieros ante la SHCP, para que esa dependencia procediera en contra de los tres acusados, entre los que está Gordillo.
En septiembre pasado la PGR respondió al juez que otorgó el amparo indicando que había demostrado fehacientemente que sí se cumplió con el “requisito de procedibilidad señalado por la ley”, razón por la que impugnaría ante un tribunal federal.
La defensa de Gordillo también había planteado el tema de la prescripción del delito para atacar la acusación en contra de su cliente, de nuevo por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Sin embargo la resolución del Quinto Tribunal también hizo a un lado ese argumento.
Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 por agentes de la PGR, acusada por un presunto desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del cual era dirigente. También enfrenta acusaciones por delincuencia organizada.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó a principios de marzo atraer el caso de Gordillo, lo que representó un revés para la estrategia de su defensa , que insistió en que la PGR había cometido irregularidades en las acusaciones contra su cliente.