Las 10 recomendaciones de Derechos Humanos donde México solo 'tomó nota'

El Estado mexicano aceptó 166 de las 176 recomendaciones recibidas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El arraigo, una práctica abusiva: CIDH
| Otra fuente: CNNMéxico

México aceptó 166 de las 176 recomendaciones que le hicieron varias naciones durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como resultado del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizó en octubre pasado.

En los 10 casos restantes, el Estado mexicano solo tomó nota, aceptó parcialmente la recomendación o indicó que no estaba en condiciones de implementarlas.

Este jueves, en Ginebra, Suiza, funcionarios mexicanos presentaron de forma oficial la respuesta de México, aunque desde un día antes se difundió la información en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Arraigo

En las recomendaciones 148.60, 148.61, 148.62 y 148.63 se le planteó a México abolir la práctica del arraigo a nivel federal y estatal —de acuerdo con lo que establece el Comité contra la Tortura— y tomar medidas para que todas las detenciones sean acorde a las normas internacionales, además de registrarlas en una base de datos nacional.  

Al responder sobre el arraigo —detención preventiva de una persona sospechosa que se mantiene activa mientras se termina de investigar su caso—, el Estado mexicano solo tomó nota y apuntó:  

"Existe la convicción de limitar su aplicación a casos verdaderamente excepcionales, como una medida cautelar para proteger el interés superior de la vida, salvaguardar la integridad de las personas, de los bienes jurídicos o evitar que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia", indicó un reporte publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

"El gobierno de la República impulsa una reforma constitucional al arraigo aprobada en la Cámara de Diputados, que reafirma que su uso sólo procede en casos de delincuencia organizada y establece límites y controles más estrictos al reducir significativamente su duración e imponer medidas de escrutinio a cargo de los organismos de protección de los derechos humanos", agregó.

En un mensaje este jueves, Amnistía Internacional (AI) apuntó que "la negativa a abolir esta práctica" (del arraigo) es una señal "muy negativa" del compromiso del gobierno mexicano para defender los derechos humanos de todas las personas.

La familia y la vida

En dos recomendaciones, la 148.114 y la 148.48, la Santa Sede pidió a México "proteger la institución natural de la familia" y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer.

Además recomendó: "Respetar y defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural, según las enmiendas de las constituciones estatales, y promover una protección equivalente a nivel federal y local".

En ambos casos, el Estado mexicano respondió que no se encuentra en posibilidad de implementar las recomendaciones, porque no existe una norma internacional que defina las características que debe ostentar una familia, y que en el caso de la defensa de la vida no se puede asegurar la uniformidad en las distintas legislaciones, de acuerdo con el Pacto Federal vigente.

Lee: México dice 'no' a recomendaciones del Vaticano sobre la familia

Nacionalidad

En la recomendación 148.7, Paraguay le planteó a México ratificar la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, en la que se establecen puntos para que un Estado conceda la nacionalidad a una persona.

En esa Convención se establece que: "Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero durante un periodo fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor de siete años consecutivos, si no declaran ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad".

También: "Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un periodo fijado por el Estado contratante, sin que pueda exigirse una residencia de más de 10 años en total ni que el periodo inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud exceda de cinco años".

México respondió que las disposiciones de la Convención no son compatibles con la Constitución mexicana, que indica que la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

"Tampoco es compatible con la Ley de Nacionalidad, ya que ésta establece en su artículo 20 que el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de solicitud".

Personas desaparecidas

México aceptó parcialmente la recomendación 148.5, en la que Uruguay y Francia le pidieron reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada y crear un registro oficial de personas desaparecidas.

El Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de la República (PGR) administra una base de datos de personas no localizadas, y que está revisando su marco jurídico interno para armonizarlo con sus obligaciones internacionales

Trabajadores migratorios

Bangladesh pidió a México considerar su posición con respecto a los artículos 22.4 y 76 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Al aceptar parcialmente la recomendación 148.4, el Estado mexicano apuntó que el Senado aprobó en febrero de 2014 el retiro de una reserva legislativa para garantizar el derecho de audiencia a extranjeros que enfrentan un proceso de expulsión.

Convenios de Ginebra

En la recomendación 148.6, Estonia pidió a México adherirse al Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949.

El Estado mexicano respondió que asume todas las obligaciones de derecho internacional humanitario  aplicables en todas las circunstancias, y que la definición de conflicto armado no internacional contenida en el Estatuto de Roma es más amplia que la contenida en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.

En consecuencia no es posible implementar la recomendación, expresó.

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El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo utilizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para revisar el avance o retroceso en materia de derechos humanos de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

Las recomendaciones que son emitidas por los países durante el EPU no son vinculantes, sin embargo México expresó que serán tomadas en cuenta para la construcción del Programa Nacional sobre Derechos Humanos, que se presentará próximamente.

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