La muerte de edil de Tanhuato revive debate sobre la seguridad de alcaldes

Tras el asesinato de Gustavo Garibay, líderes políticos exigen proteger a los ediles en zonas de riesgo, pero aún no hay acuerdos en el tema
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Mauricio Torres
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) -

El asesinato del acalde de Tanhuato, el panista Gustavo Garibay, reactivó el debate sobre la seguridad de los presidentes municipales en México y las medidas que deben tomar las autoridades para protegerlos de la delincuencia. 

Para la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a los presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN), el hecho exige que el gobierno federal, los estados y los municipios acuerden lo antes posible un protocolo de protección para los funcionarios locales. 

"Creo que esto obliga a todos los actores que estamos involucrados en el tema a poder acelerar el proceso para que pueda ser todavía más rápida su implementación. No se trata de buscar culpables. Se trata de buscar acciones concretas", dijo en entrevista el presidente de la ANAC, Renán Barrera. 

A raíz de los crímenes cometidos contra alcaldes desde 2006, la ANAC trabaja en una propuesta de protocolo de seguridad que prevé exponer el próximo mes ante la Secretaría de Gobernación (Segob), así como ante las asociaciones de presidentes municipales de otros partidos. 

La propuesta plantea que el gobierno federal brinde custodia a los alcaldes de las localidades más violentas del país y se coordine directamente con los presidentes municipales para atender posibles amenazas, en vez de tener que hacerlo a través de autoridades estatales, explicó Barrera este miércoles. 

"Tenemos municipios en los cuales hay más elementos del crimen organizado presentes que elementos de seguridad para proteger a los ciudadanos. En ese sentido, desde luego que el alcalde está totalmente debilitado ante un riesgo inminente", dijo Barrera, alcalde de Mérida. 

Con la muerte de Garibay, la cifra de alcaldes asesinados en México desde 2006 subió a 32, según un recuento de la ANAC. El estado de Michoacán, donde se ubica Tanhuato, es el que tiene más crímenes, con seis, y le siguen Durango con cinco y Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, con tres cada uno. 

En enero pasado, el consultor Eduardo Guerrero dijo en entrevista que uno de los factores que hacen de Michoacán uno de los estados más peligrosos para los alcaldes radica en que los grupos delictivos que operan en la entidad, como Los Caballeros Templarios, constantemente buscan influir en la política local y ejercen presiones contra los funcionarios municipales. 

Guerrero consideró entonces que es necesario que el gobierno federal tome acciones para proteger a los alcaldes que despachan en localidades peligrosas. Al respecto, señaló que ese tipo de medidas debería enfocarse en las zonas de mayor riesgo —que cifró en alrededor de 50—, así como ser temporales. 

"Esos alcaldes tienen que contar con un equipo de guardias muy bien equipados, que los protejan y que no los hagan presa fácil de las agresiones y de las amenazas del crimen organizado. Deben contar con casas e instalaciones donde puedan resguardarse y donde puedan trabajar de forma segura", dijo. 

Escoltas, ¿la solución?

La posibilidad de que los alcaldes cuenten con protección personal genera reservas entre las otras organizaciones de presidentes municipales. 

La Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), considera que el objetivo no debe ser proteger a los alcaldes en lo individual, sino que el gobierno federal tome acciones para mejorar las condiciones de seguridad en los municipios violentos. 

"Los gobiernos de la izquierda, particularmente en Michoacán, no estamos pensando en protección personalizada. Si bien nos ha tocado poner muertos, como fue el alcalde de Santa Ana Maya (Ygnacio López Mendoza, asesinado a finales de 2013), no podemos pedir mayor protección para nuestros alcaldes, síndicos o regidores que no tenga la población. Eso no lo podemos hacer", dijo Ricardo Baptista, director de la AALMAC, entrevistado en enero pasado. 

La Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincide con esa postura. 

"No podemos armar a los 2,400 municipios del país. No podemos ponerles vehículos blindados, ametralladoras, cuerpos de seguridad a todos. Sí creemos que debe haber un programa nacional para la prevención de la seguridad pública de los funcionarios municipales, no sólo de los alcaldes, pero eso tiene que implicar un conjunto de acciones del entorno", dijo en enero pasado Sergio Arredondo, secretario general de la Fenamm.

Hasta ahora, uno de los pocos puntos en los que concuerdan las tres asociaciones es en que el gobierno federal debe tener una mayor participación en el tema.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha dicho que las autoridades federales están dispuestas a apoyar a los alcaldes que enfrenten amenazas, siempre y cuando la situación lo amerite.

Tras el asesinato de Garibay, sin embargo, líderes del PAN acusaron al gobierno federal de haberle retirado la escota que le había puesto, a pesar de que el edil advirtió que corría peligro.

El nuevo comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García —subalterno de Osorio Chong—, se comprometió el martes ante medios a investigar qué ocurrió con los escoltas de Garibay.

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