México pide a la ONU interceder por mexicanos condenados a muerte en EU
El gobierno de México llevó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el caso de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller José Antonio Meade acusa a Estados Unidos de violar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativo al caso Avena, en el que el tribunal ordenó a las autoridades estadounidenses revisar las penas de unos 50 mexicanos que fueron sentenciados a morir, sin haber tenido debida asistencia consular cuando fueron juzgados.
La resolución fue emitida en 2004. Sin embargo, desde entonces a la fecha tres mexicanos han sido ejecutados en Estados Unidos —José Medellín en 2008, Humberto Leal en 2011 y Édgar Tamayo este año — y se prevé que a uno más — Ramiro Hernández — se le aplique la condena el 9 de abril.
"(México) desea hacer del conocimiento del Consejo de Seguridad la apremiante y grave situación que dicho incumplimiento representa, y se reserva el derecho que le asiste conforme al párrafo 2 del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas", señala la carta, según la agencia Notimex.
El artículo referido señala que si existe un litigio internacional y una de las partes deja de cumplir sus obligaciones, la otra puede acudir al Consejo de Seguridad para pedirle que se pronuncie, y éste puede "hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo", según la normatividad de la ONU .
"A 10 años de que la CIJ emitiera su decisión, el cumplimiento de ésta continúa pendiente", señala la carta del canciller mexicano. Según la agencia Notimex, la misiva está fechada el 20 de marzo y fue enviada a la actual presidenta del Consejo de Seguridad, Sylvie Lucas, representante de Luxemburgo.
La presidencia del Consejo de Seguridad se rota mensualmente entre sus 15 miembros y en abril corresponderá a Nigeria, que actualmente ocupa uno de los 10 asientos no permanentes. Los cinco restantes, de tipo permanente, pertenecen a China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos.
Aunque los gobiernos de los presidentes George W. Bush (2001-2009) y de Barack Obama (2009 a la fecha) se han pronunciado en contra de la ejecución de los mexicanos incluidos en el caso Avena, las condenas se han aplicado en estados como Texas porque sus autoridades argumentan que en un país federal, los gobiernos estatales no están obligados a acatar los tratados internacionales firmados por la Casa Blanca.
En este caso, el derecho a la asistencia consular se encuentra en la Convención de Viena, de la que tanto México como Estados Unidos son signatarios.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles se han sumado a la exigencia de México para que las autoridades estadounidenses revisen las sentencias de los mexicanos condenados.
Hasta ahora, sin embargo, éstas se han negado a atender esas demandas argumentando que quien comete un crimen en sus territorios debe afrontar las consecuencias, sin importar cuál sea su nacionalidad.