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El PAN acusa inconstitucionalidad en la nueva policía rural de Michoacán

La creación de esa corporación con autodefensas viola normas federales y locales porque no se evaluó a sus integrantes, dicen senadores
mié 11 junio 2014 02:30 PM

La creación de la nueva policía rural de Michoacán, una medida impulsada por el gobierno federal para regularizar a los grupos de autodefensa, es inconstitucional porque ignora normas tanto federales como locales, acusan senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Un grupo de 13 legisladores panistas –encabezados por Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia del Senado– presentó este miércoles a la Comisión Permanente del Congreso una propuesta para que éste llame al Poder Legislativo de Michoacán a entablar una controversia constitucional contra el gobernador Fausto Vallejo, militante del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A decir del PAN, Vallejo ignoró la Constitución federal y la Ley del Sistema de Seguridad Pública local con el decreto del 13 de mayo por el que creó la nueva policía rural.

El documento señala que podrán formar parte de esta corporación los habitantes de diversas comunidades del estado, con lo que Vallejo y el comisionado federal Alfredo Castillo buscaron atraer a los integrantes de los grupos de autodefensa que se habían formado desde 2013 para combatir a la delincuencia.

El 9 de mayo pasado, Castillo dijo que la nueva corporación "dará protección y tranquilidad a la comunidad". 

"A la policía rural no sólo se le capacita para que sepan usar armas de fuego, sino también para que sea un cuerpo de seguridad cercano a la gente, de apoyo, con valores y de disuasión", insistió el pasado 8 de junio.

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Para los panistas, sin embargo, el decreto es inconstitucional porque no respeta la disposición de la Carta Magna en la cual se establece que la regulación de las instituciones de seguridad pública locales corresponde al Poder Legislativo de cada entidad.

Además, según el PAN, el documento viola la legislación local en la materia, que en su artículo 82 señala que las nuevas plazas en corporaciones policiales sólo podrán ser cubiertas con egresados de centros de formación y capacitación, y siempre que éstos hayan sido evaluados previamente.

“(A un integrante de grupos de autodefensa) no se le pide ningún requisito además de ser miembro de la comunidad y tener un sentido de pertenencia”, critican los senadores del PAN.

“Cada una de estas previsiones legales es transgredida por el decreto emitido por el Ejecutivo local. Lo cual lo convierte en inconstitucional”, agregan.

Por estas razones, los panistas consideran necesario que el Congreso local interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por una presunta invasión de facultades de parte del gobernador.

En el Poder Legislativo de la entidad, sin embargo, el partido de Vallejo representa la primera fuerza, lo que dificultaría el avance de este recurso legal.

La creación de la policía rural en Michoacán fue impulsada por el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, como una medida para regularizar a las autodefensas, obligando a sus integrantes a registrarse, organizarse y entregar las armas no autorizadas, un proceso que se concretó durante los primeros días de mayo pasado.

No obstante, algunos legisladores de oposición ven la medida con reserva o la rechazan abiertamente, porque consideran que equivale a dar legitimidad a grupos armados.

Entre quienes se oponen a esta acción están la senadora panista Luisa María Calderón, excandidata al gobierno de Michoacán, y los también senadores Javier Lozano y Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Todos ellos son políticos cercanos al expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y fueron de los 13 firmantes de la propuesta presentada este miércoles al Congreso.

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