11 metas en derechos humanos que Peña Nieto fijó para su mandato

Para 2018, el gobierno federal busca capacitar a cuando menos 20,000 funcionarios y reducir el número de recomendaciones recibidas
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| Otra fuente: CNNMéxico

Capacitar a los funcionarios en respeto a los derechos humanos, emitir más sanciones contra aquellos que los violen y promover diagnósticos sobre la situación de este tema en las 32 entidades del país son algunas de las 11 metas que el gobierno federal establece en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, presentado este miércoles.

Durante la ceremonia en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las medidas incluidas en el documento buscan "consolidar" a México como un Estado democrático que garantice el trato digno a sus ciudadanos.

"Los esfuerzos que realicemos deben contribuir a transformar a México en una auténtica sociedad de derechos, en la que todas las personas gocen del pleno respeto a su dignidad humana", señaló el mandatario.

El programa —publicado desde el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación— contempla seis objetivos generales: 1) lograr la implementación de la reforma constitucional en derechos humanos promulgada en 2011, 2) prevenir abusos contra la ciudadanía, 3) garantizar el ejercicio de derechos, 4) fortalecer la protección de esos mismos derechos, 5) articular a los sectores involucrados en esta materia y 6) sistematizar la información sobre el tema.

Para medir el avance de estos rubros, el gobierno federal estableció los 11 indicadores que detallamos a continuación. 

1. Capacitación 

El primer indicador se relaciona con la capacitación de funcionarios públicos en materia de derechos humanos. Al respecto, el programa señala que el gobierno federal buscará capacitar anualmente a 4,000 personas —para llegar a 20,000 en 2018— y que éstas tengan un conocimiento "medio y alto" en el tema.

"Se busca una mejor apropiación de los contenidos, por lo que se espera mejorar esta situación en el grupo de quienes reciben la capacitación en al menos 10% cada año, para que en 2018 el total de los servidores públicos que se hayan capacitado logren un nivel de conocimiento medio y alto sobre los contenidos y alcances de la reforma constitucional, tanto en la parte teórica como en su aplicación práctica", dice el documento. 

2. Armonización legal 

La segunda meta es que todas las dependencias federales lleguen al final del mandato con sus normas ajustadas a la reforma constitucional en derechos humanos. Según el programa, hasta ahora ninguna institución ha cumplido con esta tarea, por lo que se partirá de cero y se buscará que el avance sea gradual: 15% en 2014, 30% en 2015, 50% en 2016, 70% en 2017 y 100% en 2018. 

3. Resolución de conflictos 

El tercer indicador medirá la capacidad de autoridades federales y locales para resolver pacíficamente los conflictos sociales, como los que se derivan de demandas laborales o educativas que plantean grupos de ciudadanos. 

Para ello se partirá de datos de 2012, cuando, según el programa, 59% de los conflictos logró resolverse en el ámbito local o regional, sin la "radicalización" de los manifestantes y sin intervención de altos funcionarios del gobierno federal. Para 2018, se buscará que ese porcentaje sea de 71%. 

4. Sanciones

En cuarto lugar, las autoridades federales medirán el porcentaje de procedimientos de sanción contra funcionarios, derivados de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este indicador se actualizará cada dos años y se buscará que, para 2018, 60% de las recomendaciones de la CNDH deriven en sanciones a servidores públicos. 

5. Integridad física 

La quinta meta es que el país mejore su posición en el Índice de Integridad Física, elaborado por la organización CIRI Human Rights Project con base en las condiciones de cada país para evitar torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y encarcelamientos por razones políticas.

En el índice que va del 0 al 8 —donde 8 representa la mejor evaluación—, actualmente México tiene una calificación de 2 y el gobierno federal busca que para 2018 ésta sea de 3. 

6. Retiro de reservas 

El sexto indicador medirá el avance del retiro de reservas del gobierno federal a tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Según el programa, el objetivo es que en 2018 ese porcentaje de reservas retiradas sea de 70%, mientras se quiere cerrar 2014 con 15%.

7. Reducción de recomendaciones 

La séptima meta es que baje el número de recomendaciones de la CNDH a instituciones del gobierno federal.

Para ello se partirá de 2012, cuando fueron 63, y se tratará de que en 2018 sean 55, es decir, una disminución de 12%. En 2013 la cifra fue de 64, según el informe de la CNDH correspondiente a ese año.

8. Mecanismos de protección 

El octavo indicador medirá la eficacia del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob). Según el programa, el porcentaje de eficacia en 2012 fue de 92% —medido con base en el número de beneficiarios que no ha recibido amenazas o agresiones— y el objetivo es que ascienda a 93% en 2018. 

9. Diagnósticos estatales 

Como novena meta, se fijó que las 32 entidades del país realicen diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en sus territorios. Entre 2012 y 2013, el porcentaje de estados con ese tipo de estudios era de 6.25%, se busca que para 2014 suba a 15% y para 2018 a 71%.

10. Evaluación y seguimiento 

El décimo indicador implicará realizar encuestas sobre el mecanismo de evaluación y seguimiento del propio programa. Para ello se establecerán cuatro escalas: muy poco efectivo, poco efectivo, efectivo y muy efectivo. El gobierno de Peña Nieto busca llegar a 2018 con la percepción de que sus mecanismos de evaluación y seguimiento son, al menos, efectivos.

11. Información

El último indicador plantea que para 2018 se cuente con un 60% de avance en la conformación de sistemas de información sobre la situación de los derechos humanos en el país. Se prevé que estos sistemas sean elaborados en coordinación por el gobierno federal y las entidades federativas, y que cierren 2014% con un porcentaje de 6%.

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