La CNDH indaga presuntas ejecuciones en Tlatlaya a manos de soldados

La investigación se abrió luego de que medios refutaron la versión del Ejército, según la cual las muertes ocurrieron en un enfrentamiento
Enfrentamiento deja 22 muertos en el Edomex
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza una investigación sobre la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, luego de reportes de prensa según los cuales los fallecimientos se dieron por ejecuciones por parte de militares y no por un enfrentamiento, como afirma la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

"Tenemos abierta una investigación desde el mes de julio. Hemos estado ya en el lugar de los hechos, hemos ido con peritos, tenemos diversos testimonios que hemos recabado ya en estos lugares y otros testimonios", dijo Marat Paredes Montiel, segundo visitador general de la CNDH, a cargo de la indagatoria.

"Recientemente también ya tuvimos acceso a la averiguación previa, diversos dictámenes ahí, y estamos trabajando para esclarecer los hechos", añadió. 

En entrevista con CNNMéxico este viernes, Paredes Montiel señaló que el organismo autónomo del gobierno federal también solicitó información a la Sedena, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Marina (Semar). 

Todos estos datos, junto con los recabados en campo y a través de testimonios, serán analizados por expertos de la CNDH para determinar cómo murieron las 22 personas en cuestión, la mayoría de las cuales tenía entre 20 y 25 años, aunque también había otras de entre 45 y 50 años. 

"Es una investigación compleja y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para que los hechos queden esclarecidos", dijo el visitador. 

Las muertes ocurrieron el 30 de junio cuando, según la Sedena, presuntos delincuentes dispararon contra soldados que patrullaban el municipio —que colinda con el estado de Guerrero— y éstos repelieron la agresión. A decir del Ejército, los 22 agresores murieron en ese enfrentamiento. 

"Esta dependencia es la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo, pues los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea estamos obligados conducirnos con pleno respeto a los derechos de las personas", señaló la Sedena este viernes mediante un comunicado.

"La Secretaría de la Defensa Nacional prestará su colaboración irrestricta para que la autoridad competente esclarezca los hechos y determine la verdad jurídica sobre este acontecimiento", dice el texto.

A principios de julio, la agencia estadounidense AP publicó un reportaje que cuestiona la versión de la Sedena, argumentando que en el lugar donde sucedieron los hechos no había indicios de que una refriega hubiera tenido lugar. 

En agosto, la organización Human Rights Watch (HRW) exigió al gobierno de México una investigación "rigurosa, objetiva e independiente", argumentando que había señales de que los militares incurrieron en "irregularidades" como uso excesivo de la fuerza. 

El caso volvió a atraer la atención pública esta semana, luego de que la revista Esquire publicó un reportaje basado principalmente en los dichos de una supuesta testigo, según la cual los soldados dispararon primero y sólo uno de los presuntos delincuentes murió en el enfrentamiento. 

Según la versión de la presunta testigo —de quien no se revela ni su nombre ni el motivo por el que estaba en el lugar—, los 21 fallecidos restantes fueron ejecutados por los militares a pesar de que ya se habían rendido. 

Al respecto, la PGR ha rechazado que haya evidencias de una presunta ejecución y la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dicho que no tiene información al respecto.

"Nosotros no tenemos en Gobernación información, pero sí sé de este posicionamiento de la PGR y seguramente habrá de investigar para aclarar y para transparentar cualquier tipo de información", dijo sobre el tema el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una entrevista este viernes con la emisora Radio Fórmula. 

Osorio Chong agregó que si se encunetran pruebas de que ocurrió algo distinto a lo reportado por la Sedena, se hará un "reconocimiento público".

Además, mediante un comunicado, la PGR reiteró que "se tiene iniciada una averiguación previa respecto a esos hechos, misma que está en etapa de investigación", y que " tiene un equipo de especialistas en diversas disciplinas dedicado a esta tarea, desde que tuvo conocimiento de los hechos".

Este viernes, Amnistía Internacional exigió una investigación exhaustiva e imparcial sobre el caso y pidió que el combate a la delincuencia se realice con un estricto apego al respeto de los derechos humanos.

"Estamos ciertos que sólo se puede superar la crisis de inseguridad que sigue afectando grandes regiones de México sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos y un sistema de impartición de justicia eficaz e imparcial", señaló Amnistía Internacional en un comunicado.

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La presencia de militares en las calles para realizar tareas de seguridad pública comenzó en el gobierno anterior, encabezado por el panista Felipe Calderón (2006-2012). 

El gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha mantenido a las Fuerzas Armadas en labores de combate a la delincuencia, a pesar de que académicos, asociaciones civiles y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) llaman a que les retire de ese trabajo, argumentando que esta estrategia da pie a violaciones a los derechos humanos.

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