El miedo sigue reinando en Iguala tras la desaparición de 43 estudiantes

A 15 días de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el temor entre los habitantes continúa mientras las respuestas no llegan
Ciudadanos marchan por desaparición de normalistas
(Reuters) -

Iguala, una ciudad tomada por fuerzas federales mexicanas tras la desaparición de 43 estudiantes hace 15 días, no logra desembarazarse del temor que ha sufrido entre una policía corrupta y varios cárteles peleándose a muerte.

La búsqueda de cuerpos continuaba este sábado en cuatro nuevas fosas clandestinas halladas en Iguala, donde se cree que fueron enterrados algunos de los estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron brutalmente atacados por policías locales y sicarios.

Muy cerca de allí fueron halladas el 4 de octubre otras cinco fosas con 28 cadáveres calcinados que siguen siendo analizados (inicialmente se había dicho que eran seis, pero luego se aclaró que en una no se encontraron cuerpos).

Vecinos de la zona montañosa donde trabajan los peritos cuentan que desde hace años que no salen de sus casas por las noches, debido al terror que le tenían a los criminales que irrumpían allí en sus camionetas para deshacerse de sus víctimas.

A veces se oían "gritos de hombres, bien feo. La otra vez, clarito se oía una persona, parecía que lo estaban mochando (amputando) con machetes, y también se escuchaban las risas de otros dos", relata el campesino Beto García.

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Desde las rendijas de su ventana, el campesino dice que alcanzaba a ver fogatas y luces de linternas en la montaña, donde los narcos plantan marihuana.

"La semana pasada hubo una balacera. Yo salgo de noche y me da miedo que un día te toque", confiesa Juana Martínez, una estudiante de 16 años, al caminar frente al fuerte operativo militar que impide el paso al lugar donde trabajan los peritos.

Iguala, situada a solo 200 kilómetros de la Ciudad de México, es una zona en disputa por varios cárteles del narcotráfico, al igual que el resto de Guerrero.

A uno de ellos, llamado Guerreros Unidos, se le acusa de contar con el apoyo del gobierno local y de colaborar con los agentes municipales en las balaceras contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.

Antes de este crimen que tiene conmocionado a México, en Iguala (un municipio con 140,000 habitantes) ya se habían encontrado una treintena de cadáveres en fosas este año.

Los agentes de Iguala —26 de ellos detenidos— eran vistos como socios del crimen organizado y fueron relevados en bloque por elementos de la Gendarmería Nacional.

Testigos aseguran haber visto cómo decenas de estudiantes eran transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.

La Procuraduría General de la República (PGR) asegura que los Guerreros Unidos, traficantes de amapola y marihuana hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, eran hasta hace poco un grupo con escaso poder que peleaba por el territorio con los cárteles los Rojos y los Caballeros Templarios.

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Hoy "vemos una asociación con algunos funcionarios municipales" que hizo que "crecieran en posibilidades", dijo esta semana el procurador Jesús Murillo Karam.

El gobierno federal quiere interrogar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, pero ambos huyeron dos días después de las desapariciones; y la PGR ha dicho que los citará como indiciados, es decir, como presuntos responsables por la desaparición de los 43 estudiantes.

El edil está acusado desde hace un año de un homicidio mientras su esposa, María de los Ángeles Pineda, tiene varios hermanos que presuntamente son narcotraficantes (dos de los cuales se tienen reportes de que murieron en 2009).

Pineda fue acusada en un reporte de inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública que reprimiera a los estudiantes de la combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que debía pronunciar ese día.

Los jóvenes, la mayoría de entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y se habían apoderado de varios autobuses para que les regresaran a Ayotzinapa cuando ocurrieron los ataques.

Salomón Pineda, uno de los hermanos narcotraficantes de la esposa del alcalde, está entre los cerca de 40 detenidos y confesó haber enterrado a estudiantes en las últimas fosas halladas.

Los trabajos de la PGR para identificar a los cadáveres avanzan lentamente.

Por su parte, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo este sábado que "algunos de los cuerpos, de acuerdo a los avances que se llevan de los peritajes en materia forense, no corresponden a los jóvenes de Ayotzinapa", lo cual no fue confirmado ni desmentido por la PGR.

Aguirre, fuertemente criticado por este crimen y por no haber frenado la violencia en su región, no aclaró de cuántos cadáveres ya se tiene información ni si, entre ese total, hay jóvenes.

La Procuraduría ha estimado que el martes o miércoles podrá anunciar al menos la primera identificación de un cadáver.

El vocero de las familias de los desaparecidos, Manuel Martínez, criticó a Aguirre por hacer esas declaraciones antes de que haya un resultado de las pruebas.

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Los padres defienden que sus hijos siguen vivos y en manos de policías locales fugitivos. Las autoridades "saben dónde los tienen y lo único que deben hacer es entregárnoslos vivos", dijo Martínez.

México sigue conmovido e indignado por este caso. Decenas de miles de personas marcharon el miércoles pasado para exigir justicia mientras la ONU y Estados Unidos también reclamaron que se esclarezca rápidamente.

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