Tres pobladores de Chalchihuapan, acusados de tentativa de homicidio
Unos tres pobladores de los cinco detenidos el sábado pasado en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, fueron acusados de tentativa de homicidio contra más de 40 policías, que resultaron heridos durante un enfrentamiento el pasado 9 de julio, informó este domingo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local.
Los pobladores también son acusados de haber privado de la libertad a dos uniformados que formaron parte del operativo de desalojo de manifestantes, que exigían el regreso del servicio de Registro Civil a su comunidad, y en el que un menor murió y al menos nueve personas fueron mutiladas.
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Además de la acusación de privación de la libertad, las personas de San Bernardino Chalchihupan son buscados por delitos de motín y ataques a vías de comunicación, por lo que fueron puestas a disposición de un juez.
Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes, podrían alcanzar hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Puebla.
Los otros dos pobladores detenidos, Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua, son acusados por el gobierno de Rafael Moreno Valle de ataques a las vías de comunicación y motín. Según la ley local, pueden alcanzar de uno a nueve años de cárcel, pero al ser considerados delitos menores, podrían salir bajo fianza.
Y aunque el fin de semana también fueron aprehendidos seis policías por su presunta responsabilidad en el enfrentamiento violento del pasado 9 de julio, la Procuraduría no ha querido revelar sus nombres o bajo qué cargos están siendo procesados.
CNNMéxico no obtuvo respuesta sobre si los policías detenidos pueden enfrentar cargos por la muerte del menor José Luis , quien resultó herido con un proyectil que le perforó el cráneo el día de los hechos, y quien falleciera diez días después.
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Tampoco se conoce quiénes pueden ser los presuntos responsables por la mutilación que sufrieron otros nueve habitantes de Chalhihuapan. Lo único que la vocería aclaró a CNNMéxico es que los civiles son investigados por la agresión contra los uniformados que fueron heridos.
El 31 de julio pasado, el procurador Víctor Carrancá Bourget aseguró que un grupo de infiltrados causó la muerte del menor José Luis con la onda expansiva de un cohetón, y que fueron piedras lanzadas por el mismo grupo lo que hirió al resto de los participantes, tanto civiles como granaderos.
Sin embargo, la versión fue desecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , quien concluyó el pasado 11 de septiembre que fue un cilindro de gas de largo alcance lanzado por algún policía lo que lesionó y posteriormente le costó la vida al menor.
PGJ difunde imágenes de encapuchados
La Fiscalía del Estado informó que identificó a los cinco pobladores procesados, a través de fotos y videos en los que se les ve cubierto parte del rostro, lanzando piedras, palos y cohetones durante el enfrentamiento.
Los vecinos de esta comunidad, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan –a media hora de la capital- fueron detenidos en un operativo la madrugada del sábado, ante las denuncias de abusos durante el evento.
Además, la tarde de este domingo arribaron a la población tres visitadores de la CNDH para recabar versiones que permitan iniciar otra investigación contra el gobierno, por presuntas violaciones a los derechos humanos de los cinco detenidos.
Estas acciones forman parte del cumplimiento de las 11 recomendaciones que emitió el pasado 11 de septiembre la Comisión al gobierno estatal, por violaciones graves a las garantías individuales de los manifestantes del pasado 9 de julio.
El mismo día de los hechos, la PGJ también detuvo a cuatro pobladores como presuntos responsables a quienes consignó por los mismos delitos por los que hoy enfrentan los otros cinco, pero los dejó en libertad un mes después por falta de pruebas.
“Me apuntaron con una pistola”
Las cámaras de vigilancia de uno de los negocios en Chalchihuapan captaron el momento en que los ministeriales se llevaron a los cinco pobladores. Unos 13 vehículos sin placas con alrededor de 20 elementos se distribuyeron desde la entrada hacia los domicilios, quince minutos después, salieron de la población en caravana.
“A mí me apuntaron con una pistola en la cabeza y me dijeron: "cállate, pendeja", cuando pregunté qué pasaba”, fue parte de la versión que la esposa de Fausto Montes de 31 años de edad, dio a los trabajadores de la CNDH, y en el mismo sentido fue la narración del resto de los familiares, quienes aseguraron que los uniformados causaron destrozos en sus domicilios a la hora de las detenciones por lo que planean una marcha este lunes.
“¿La forma de cumplir las recomendaciones de la CNDH fue agarrando a cinco personas de aquí del pueblo? El gobierno de Rafael Moreno Valle volvió a violentar Chalchihuapan”, aseguró a CNNMéxico Araceli Bautista, madre de Javier Montes, presidente auxiliar de este lugar, prófugo de la justicia ya que contra él también existe una orden de aprehensión, según confirmó su abogado, Hilario Alonso.
