Víctimas del caso ABC buscan justicia en instancias internacionales

Familiares de los 49 niños fallecidos presentaron una petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abra un expediente
Incendio en guardería ABC fue provocado: abogado
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| Otra fuente: CNNMéxico
(CNNMéxico) -

Un grupo de padres y madres de las 49 niñas y niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC —ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La organización defensora indicó en un comunicado que José Francisco García, Patricia Duarte Franco, Manuel Rodríguez y Malú García presentaron una petición ante dicha instancia internacional para denunciar que el Estado mexicano no ha proporcionado acceso a la verdad, a la justicia y a garantías efectivas de no repetición, así como violaciones al derecho a la vida, la integridad personal, garantías y protección judiciales y protección a la niñez, derivadas de este incidente.

La solicitud fue llevada a Washington, DC, capital de Estados Unidos, donde este lunes la CIDH inició su 153 periodo de sesiones —que se celebran cada dos años para sostener audiencias públicas— a más de cinco años de la tragedia que, de acuerdo con las investigaciones de algunos de los padres de las víctimas, inició de manera intencional para encubrir la quema de archivos oficiales del gobierno estatal y después se extendió a la estancia infantil.

La petición señala que el esquema de guarderías subrogadas implementado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) —que concesionaba estancias infantiles a particulares— causó irregularidades y desorden que pusieron en riesgo a niños mexicanos.

La guardería ABC se ubicaba en una nave industrial y no contaba con los estándares mínimos de seguridad, lo cual propició la tragedia del 5 de junio de 2009 que, además de las 49 víctimas fatales, dejó cerca de 70 menores de edad lesionados.
 
El caso derivó en una sentencia emitida en 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que funcionarios de nivel medio son involucrados en violaciones graves a derechos constitucionales a la vida, integridad física, de la niñez, salud y seguridad social.
 
Los padres de las víctimas critican que altos funcionarios no hayan sido responsabilizados en el fallo del máximo tribunal del país, y que los procesos iniciados se han prolongado por más de cinco años.
 
Al agotar las instancias mexicanas, el siguiente paso en la búsqueda de justicia son los organismos internacionales.

En 2011 fue aprobada una Ley de Guarderías —conocida como Ley 5 de junio— impulsada por los familiares de los niños y niñas de dicha estancia infantil, pero éstos critican que aún no se garantiza el cabal cumplimiento de las condiciones de seguridad en este tipo de centros, y que existe rezago en la armonización de las legislaciones y reglamentos de los estados.

"A juicio de los padres y madres, (los procesos iniciados) tampoco tienen posibilidades reales de llevar al pleno esclarecimiento de los hechos, puesto que no parten de las causas estructurales del incendio (...) Hasta hoy, el Estado mexicano no garantiza la no repetición de los hechos", indicó el Centro Pro en el boletín.

¿Qué sigue?

Los peticionarios fueron recibidos por Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH; Rosa María Ortiz, relatora para los derechos de la niñez; y James Cavallaro, relator para México, agregó el Centro Pro, que indicó que los funcionarios del organismo internacional "se mostraron receptivos y reconocieron que la lucha que han emprendido es importante para la seguridad de la niñez mexicana".

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La Secretaría Ejecutiva de la Comisión debe evaluar si la petición reúne los requisitos para ser admitida —que incluye la explicación de la violación denunciada, así como sobre las gestiones emprendidas para agotar los recursos internos del Estado—; en caso contrario, puede solicitar a los interesados que la complete. La Comisión puede dar trámite preferente a la petición, pues se trata de un caso que involucra a menores de edad.

Si el caso obtiene trámite, el Estado mexicano tendría tres meses para presentar su respuesta. En caso de que al final del procedimiento se encontrara que hubo violaciones a los derechos humanos, la Comisión elaborará un informe con recomendaciones y le fijará un plazo para que las cumpla.

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