Un juzgado ordena formal prisión a siete militares por el caso Tlatlaya
Un juzgado dictó una orden de formal prisión en contra de siete militares que están acusados de participar en un tiroteo en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde presuntamente tres de ellos dispararon contra un grupo de supuestos delincuentes que se habían rendido.
Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides son los tres militares que recibieron el cargo de "homicidio calificado" por el caso ocurrido el 30 de junio en la comunidad de San Pedro Limón, según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de este jueves.
Ese día, los militares se enfrentaron a un presunto grupo de la delincuencia organizada.
Murieron 22 personas, pero una investigación federal indica que ocho personas rendidas fallecieron por disparos de los militares.
Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides también son acusados por el delito de abuso de autoridad, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, y por ejercicio indebido del servicio público, según el CJF.
En tanto, Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez también enfrentan el cargo de ejercicio indebido de servicio público.
Rodríguez Martínez suma un cargo más por "encubrimiento en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito", indicó el (CJF).
Los siete militares procesados están recluidos en una prisión castrense del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.
El jueves, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno del Estado de México aceptaron una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pidió al Ejército colaborar en la investigación del caso, y que las familias de las víctimas sean indemnizadas.
La Sedena dijo en un comunicado que acataría la resolución de la CNDH "con la intención de ayudar a esclarecer los hechos", pese a que no comparte algunas de las conclusiones que plantea la recomendación, dijo la dependencia.
La CNDH asegura que de las 22 personas que murieron en el tiroteo, 15 fueron asesinadas a disparos por los militares acusados.
El caso ha generado recomendaciones de organismos como la ONU , el Parlamento Europeo y Human Rights Watch, que han solicitado a las autoridades mexicanas que se esclarezca el caso y se lleve ante la justicia a los responsables.