Indagatorias, dudas y reclamos: 10 claves a dos meses del caso Ayotzinapa

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, cumple dos meses este miércoles, mientras las autoridades mexicanas esperan resultados que corroboren si restos hallados corresponden o no a los jóvenes, sus padres exigen que se mantenga su búsqueda y ciudadanos salen a las calles para demandar justicia en este caso. 

Todo esto ocurre, además, al tiempo que se registran algunos hechos de violencia en las manifestaciones y que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto alista medidas para evitar que casos similares vuelvan a suceder, según han adelantado funcionarios y legisladores. 

A continuación te presentamos 10 puntos que sintetizan el desarrollo de este caso, que no sólo ha captado la atención dentro de México, sino de parte de otros países y de organismos internacionales. 

1. La versión oficial 

La Procuraduría General de la República (PGR) informó el 7 de noviembre que sus investigaciones —basadas en las confesiones de tres presuntos delincuentes y en trabajo de campo— apuntan a que los 43 normalistas fueron asesinados el 26 de septiembre pasado por el grupo delictivo Guerreros Unidos, que posteriormente quemó los cadáveres. 

A decir de la dependencia, el asesinato ocurrió apenas horas después de que policías del municipio de Iguala atacaran y capturaran a los estudiantes, para entregarlos a Guerreros Unidos con apoyo de la policía de Cocula. 

Según la PGR, el ataque —en el que murieron seis personas, entre ellas tres normalistas— fue ordenado por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señalado como operador de Guerreros Unidos y quien con esa orden presuntamente buscaba evitar que los jóvenes protestaran en un evento de su esposa, María de los Ángeles Pineda. 

La PGR afirma que los restos calcinados de los estudiantes fueron hallados por fuerzas federales en el municipio de Cocula, en un sitio indicado por las personas detenidas que declararon haber participado en el crimen. 

2. La desconfianza de las familias 

Los padres de los normalistas, sin embargo, dudan de la versión de la PGR. Entre otras cosas, argumentan que las investigaciones de la dependencia no han sido transparentes, que se ha obstaculizado el trabajo de los expertos independientes convocados por ellos y, en resumen, que no hay "pruebas irrefutables" sobre la muerte de sus hijos . 

Felipe de la Cruz, vocero de los familiares, incluso acusa al gobierno federal de buscar "cerrar el caso" con esta explicación. 

3. Estudios y búsquedas

Ante la falta de resultados concluyentes, las familias exigen que las autoridades mantengan la búsqueda de los normalistas, alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en el municipio guerrerense de Tixtla. 

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, afirmó el 7 de noviembre que así será, puesto que los estudiantes seguirán en calidad de desaparecidos hasta que existan elementos para catalogarlos de otra forma. 

Dentro de ese contexto, la PGR envió a la Universidad de Innsbruck, en Austria, los restos calcinados hallados en Cocula, para que a través de pruebas de ADN se determine si corresponden o no a los jóvenes de Ayotzinapa. Cuestionado por la prensa, Murillo Karam ha dicho que este proceso puede tomar semanas. 

4. La reacción mundial 

El caso Ayotzinapa ha generado numerosas reacciones en el ámbito internacional. En octubre, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la desaparición de los normalistas y llamó a México a realizar una investigación profunda que permita castigar a los responsables. 

A este exhorto se han sumado, entre otros, el Parlamento Europeo, el gobierno de Estados Unidos y el de Uruguay, cuyo presidente, José Mujica, recientemente causó molestia entre autoridades mexicanas, al declarar a la revista Foreign Affairs que las instituciones de México dan la impresión de estar "carcomidas" y de pertenecer a un "Estado fallido". 

Debido a estas declaraciones, la cancillería mexicana citó al embajador uruguayo, en tanto Mujica aclaró que México no es un "Estado fallido" , sino que tiene "cimientos" que "están por encima de sus vicisitudes de hoy".

Además, mexicanos en distintas ciudades del mundo —como Washington, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Londres, Innsbruck o Brisbane— también han realizado protestas para demandar el esclarecimiento del crimen. 

5. La reacción en México 

Dentro de México, el caso ha derivado en decenas de protestas, principalmente en ciudades de Guerrero y en el Distrito Federal. 

En Guerrero, normalistas, familiares de los jóvenes desaparecidos y profesores de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han marchado y tomado edificios públicos en Iguala y en Chilpancingo, la capital estatal. 

Mientras tanto, en el Distrito Federal se han realizado cuatro megamarchas —el 8 y el 22 de octubre, y el 5 y el 20 de noviembre—, así como otras manifestaciones más pequeñas en lugares como la sede de la PGR y la explanada del palacio de Bellas Artes. 

6. Violencia en las protestas

En su mayoría, las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas en ellas se han registrado algunos hechos de violencia. 

Por ejemplo, el 12 de noviembre normalistas y profesores de la CETEG quemaron vehículos cerca de la sede del congreso de Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, en tanto manifestantes encapuchados saquearon e incendiaron oficinas de la Secretaría de Educación estatal. 

En el Distrito Federal, la noche del 8 de noviembre un grupo de unas 20 personas trató de quemar una puerta de Palacio Nacional, y el 20 del mismo mes, algunos inconformes se enfrentaron con policías federales y capitalinos.

Las autoridades federales han rechazado la violencia en las manifestaciones, mientras organizaciones civiles y ciudadanos acusan que la policía ha realizado detenciones arbitrarias en el Distrito Federal. 

A la fecha, 11 personas permanecen arrestadas por los delitos de homicidio en grado de tentativa y motín, después de que presuntamente participaron en disturbios en el Zócalo capitalino.

7. Detenidos y prófugos 

Hasta ahora, las autoridades federales han detenido a 76 personas relacionadas con el caso, según la PGR. 

Entre ellas están el exalcalde Abarca, a quien un juez ya dictó auto de formal prisión, y su esposa, quien se encuentra bajo arraigo. Abarca es acusado de homicidio calificado, secuestro y delincuencia organizada.

Además, otros aprehendidos son policías de Iguala y de Cocula y presuntos integrantes de Guerreros Unidos. 

Actualmente permanecen prófugas al menos otras cuatro personas: Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala; Francisco Salgado Valladares, jefe de la policía local, y dos hombres identificados como el Gil y el Chucky, presuntamente miembros del grupo criminal. 

8. Políticos 'caídos' 

A raíz de este caso, cuatro políticos resultaron golpeados: Abarca, a quien se le revocó el mandato tras la desaparición de los normalistas; Pineda, quien aspiraba a suceder a su esposo en la alcaldía de Iguala; Lázaro Mazón, a quien el entonces gobernador Ángel Aguirre le pidió renunciar a la Secretaría de Salud estatal por su amistad con Abarca, y el propio Aguirre.

Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó licencia al gobierno del estado el 23 de octubre, luego de una serie de presiones para que dejara el cargo con el fin de facilitar las investigaciones.

9. Crisis partidistas 

En estos dos meses, el caso no sólo ha afectado trayectorias políticas individuales; también ha generado crisis al interior de partidos, en especial del PRD.

A principios de octubre, el dirigente perredista, Carlos Navarrete, ofreció disculpas a nombre del partido por haber postulado a Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala. Este martes, en un acto público, insistió en que postularlo fue un "error" y que éste "avergüenza" a los perredistas. 

El fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ha dicho al respecto que el caso ha provocado una crisis interna, que obliga a que la dirigencia de Navarrete renuncie para que el perredismo pueda volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. 

Ante la negativa de Navarrete a dejar el puesto, fue el propio Cárdenas quien este martes renunció a militar en la fuerza política que contribuyó a fundar en 1989 .

Por otra parte, los hechos de Ayotzinapa también han costado críticas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Los padres de los normalistas, por ejemplo, tacharon al mandatario de "insensible" por haber salido de gira a China y Australia cuando el asunto aún no está resuelto, mientras que las consignas "¡Fuera Peña!", "¡Peña, renuncia!" y "¡México sin PRI!" son algunas de las más constantes en las protestas en la capital. 

10. Combatir la "debilidad" del Estado 

A dos meses del inicio del caso, se prevé que esta semana el presidente anuncie medidas para fortalecer el estado de derecho y evitar que hechos como el de Ayotzinapa vuelvan a ocurrir, según han adelantado funcionarios y legisladores.

"Se tienen que hacer acciones, se tiene que modificar lo que no está caminando bien, y se tienen que tomar decisiones que modifiquen completamente este escenario, respecto a donde hay debilidad en el Estado mexicano, donde hay debilidad, y particularmente en los municipios", dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en una entrevista el lunes con la emisora Radio Fórmula.

Los líderes del PRI y del PRD en el Senado, Emilio Gamboa y Miguel Barbosa, respectivamente, han dicho a medios que las medidas que anunciará Peña Nieto incluyen la formación de una comisión para el estado de derecho, en la que participen representantes de los tres poderes y de la cual surjan propuestas para garantizar el cumplimiento de la ley y para fortalecer a las policías del país, en especial en los municipios.