¿Conflicto de interés?: empresa del líder del PRI gana contratos en Edomex

Tras la polémica por casas compradas a un contratista, se revela que el líder del partido ganó contratos públicos en el Estado de México
Los conflictos de interés en México
Autor: Mauricio Torres | Otra fuente: CNNMéxico

Después de la polémica que hubo por casas que la primera dama y el secretario de Hacienda compraron a un contratista del gobierno federal, un nuevo caso de posible conflicto de interés golpea al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cinco meses de las elecciones del 7 de junio.

El viernes, el diario El Universal publicó que la empresa Estrategia Integral Consultores, de la cual el dirigente priista César Camacho posee 80% de las acciones, ha obtenido contratos públicos por alrededor de 10 millones de pesos con distintas instancias del Estado de México.

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La entidad es un bastión del PRI y fue gobernada por el propio Camacho entre 1995 y 1999.

Estrategia Integral Consultores, según El Universal, ha ganado contratos para dar asesoría legal, de comunicación social y de manejo de imagen al gobierno mexiquense, así como al Poder Judicial estatal y a los municipios de Tlalnepantla, Huixquilucan y Metepec, tres localidades gobernadas por alcaldes priistas.

Cuestionado al respecto, Camacho dijo al diario que no existe un conflicto de interés porque él no es servidor público —a quienes la ley prohíbe que usen sus cargos para beneficiarse en lo personal— y que no ha conseguido beneficios por "ser líder nacional del tricolor y miembro de la clase política mexiquense y nacional".

Sin embargo, expertos en transparencia y rendición de cuentas consideraron que si bien es cierto que Camacho no es funcionario, la situación es opaca y demuestra los vacíos que tiene la ley en la materia.

"Técnicamente, él es un ciudadano, en una instancia de interés público (un partido) pero no en una dependencia", dijo el director de Transparencia Mexicana (TM), Eduardo Bohórquez, quien detalló que Camacho podría beneficiarse de su posición como dirigente del PRI para obtener contratos públicos a cambio de gestionar candidaturas.

"Lo que esto ilustra una vez más es que nuestra legislación en materia de conflicto de intereses entre actores y empresas está muy lejos de lo que necesitamos para las nuevas relaciones que se pueden establecer hoy día, y esos vacíos legales pueden ser aprovechados para una diversidad de cosas", comentó en entrevista.

Guillermo Ávila Reséndiz, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, coincidió con esa opinión.

"Él no es uno de los sujetos nombrados en ninguna ley, pero habría que evaluar qué tanta ventaja está sacando del puesto que ocupa, que no es un servidor público pero sí es un puesto público en los dos sentidos de la palabra: tanto en que tiene exposición pública y es una figura conocida como en que los partidos son instancias de interés público", dijo.

"Los presidentes de los partidos deberían tener cierto grado de responsabilidad y evitar conflictos de interés o posibles conflictos de interés, o incluso la sola sospecha de conflicto de interés", comentó en entrevista, al llamar a que estos puntos se incluyan en la reforma en combate a la corrupción que discute el Congreso.

CNNMéxico buscó a los ayuntamientos de Tlalnepantla, Huixquilican y Metepec para conocer su postura sobre este tema. Sin embargo, no obtuvo respuesta de forma inmediata.

La polémica en torno a este caso se produce luego de que, a finales de 2014, el sitio Aristegui Noticias y el diario The Wall Street Journal revelaran, respectivamente, que la primera dama, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compraron casas a compañías de Juan Armando Hinojosa, un empresario que consiguió millonarios contratos públicos cuando el presidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México (2005-2011) y quien actualmente compite por licitaciones federales.

Tras ambos reportes, Rivera y Videgaray negaron haber incurrido en un conflicto de interés. Sin embargo, especialistas consideraron que ambas situaciones exihibían huecos legales, como la falta de un protocolo de actuación para los funcionarios que puedan caer en ese tipo de escenario.

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La controversia en torno a Camacho, además, se desarrolla mientras los partidos realizan precampañas para definir a sus candidatos federales y locales para los comicios de junio, cuando a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados y a nivel local se elegirán cientos de cargos, entre ellos nueve gobernadores.

 

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