Una ONG mexicana, premiada por encarar abusos en el sistema de justicia
Ayudar a personas que enfrentan abusos en el sistema de justicia penal le valió a Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL), una organización civil mexicana, ser reconocida por la Fundación MacArthur con su Premio a las Instituciones Creativas y Efectivas.
El reconocimiento de la fundación –una instancia con sede en Estados Unidos y creada en 1978– fue dado a conocer este jueves y consiste en la entrega de 350,000 dólares (alrededor de 5 millones 250,000 pesos).
AsiLEGAL fue premiada por "proteger los derechos de poblaciones vulnerables en medio de la reforma de justicia en México", señala la fundación en un comunicado, en el que detalla que también reconoció este año a otras ocho organizaciones civiles, todas ellas estadounidenses.
José Luis Gutiérrez, director de AsiLEGAL, dijo en entrevista que la agrupación –establecida en 2006– se enteró de que estaba entre las nominadas al premio de la fundación a finales de 2014 y fue notificada de que recibiría el galardón en los primeros días de enero.
También explicó que la organización cuenta con un personal de 24 miembros, a los que se suman voluntarios, y que su principal tarea es brindar asistencia jurídica a sectores considerados susceptibles de sufrir violaciones a los derechos humanos en su trato con las instituciones de justicia, en particular mujeres, indígenas e integrantes de la comunidad LGBT (lésbico, gay, bisexual y transgénero).
Uno de los casos emblemáticos que la agrupación ha atendido, según Gutiérrez, es el de Concepción Galván Escalante, una mujer que durante 2013 permaneció detenida ocho meses en penales de Veracruz, acusada de cometer homicidio doloso luego de que tuvo un parto espontáneo.
Para AsiLEGAL, Galván fue arrestada sin fundamentos y puesta en prisión preventiva por un periodo excesivo. Al final, quedó en libertad porque el Poder Judicial no encontró elementos suficientes para procesarla.
"No había una conducta que dijera que lo que pasó, que lo que hizo Concepción es un delito", dijo Gutiérrez.
En su opinión, este tipo de casos, en los que los ciudadanos padezcan abusos por parte de los funcionarios de las instituciones de justicia, pueden tornarse más comunes con la reforma penal de 2008, con la que México inició la transición de un sistema inquisitorio a uno acusatorio.
La reforma plantea que los procesos penales dejen de basarse en expedientes para hacerlo en juicios orales, que deben aplicarse en todo el país para junio de 2016.
El objetivo de este cambio –para el que los gobiernos federal y estatales destinan cientos de millones de pesos cada año– es conseguir que los procesos sean más rápidos y transparentes.
No obstante, según Gutiérrez, muchos de los funcionarios que deben operar el nuevo sistema no están recibiendo la capacitación adecuada, lo que puede derivar en que afecten a la ciudadanía. Por ello, AsiLEGAL organiza cursos para servidores públicos y desarrolla mecanismos para seguir el trabajo de las instituciones.
"El dinero del premio es única y exclusivamente para la compra de un inmueble para nuestra oficina. Sin embargo, nosotros tenemos otros recursos y otros financiadores, como la propia Fundación MacArthur, con los cuales estamos realizando proyectos importantes sobre el tema del seguimiento a la implementación de la reforma de justicia penal", dijo.