6 expedientes urgentes que esperan a Arely Gómez en el escritorio de PGR

La nueva titular de la PGR debe atender casos polémicos que han capturado la atención pública, y pendientes derivados de las reformas
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| Otra fuente: CNNMéxico

Ahora que el Senado ratificó a la nueva procuradora General de la República, Arely Gómez se encontrará en su nueva oficina con al menos seis expedientes urgentes.

La nueva titular de la PGR debe trabajar en casos polémicos que han capturado la atención pública, así como atender pendientes derivados de las reformas en la institución.

1. El caso Ayotzinapa

Aunque la PGR ya publicó las conclusiones de la investigación del caso, aún quedan pendientes algunas detenciones de personas señaladas como responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Entre los buscados están El Chucky y El Gil, supuestos integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos, así como el Felipe Flores, secretario de Seguridad Pública de Iguala, y Francisco Salgado Valladares, mando de Seguridad Pública municipal.

Los resultados de la indagatoria son rechazados por los familiares de los estudiantes, quienes afirman que los jóvenes siguen vivos y presumen que están en instalaciones militares.

Además el caso será revisado por cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar las acciones del gobierno y emitir recomendaciones sobre la desaparición de personas en México.

2. El esclarecimiento de Tlatlaya

Siete soldados han recibido formal prisión y unos 20 funcionarios están bajo investigación por posible tortura en el caso Tlatlaya ocurrido en junio pasado, en el que 22 presuntos delincuentes murieron a manos de elementos militares cuando ya se habían rendido durante un ataque en dicho municipio del Estado de México.

En octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó el expediente como “investigación de violaciones graves a derechos humanos”, con el fin de dar impulso al cumplimiento de la recomendación emitida por el caso. Entre las medidas solicitadas a la PGR destaca el esclarecimiento de los hechos.

3. El nuevo sistema penal

El país se prepara para adoptar el nuevo modelo de justicia penal que entrará en vigor de manera progresiva hasta 2016. Entre las medidas para mejorar la justicia que introdujo la reforma aprobada en 2008 destacan los juicios orales y el cambio del sistema de inquisitivo a acusatorio.

La implementación de la reforma implica capacitación de policías y demás funcionarios, desarrollo de infraestructura para albergar los juicios orales y adaptar las instalaciones.

4. Elba Esther Gordillo, ¿a casa?

Elba Esther Gordillo, la exdirigente del sindicato de maestros presa desde 2013 acusada por la PGR de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, solicitó en el mes pasado seguir desde casa su proceso penal, argumentando su edad avanzada y problemas de salud.

Un juez deberá resolver si acepta o no la petición de Gordillo.

5. En búsqueda de la reaprehensión de Caro Quintero

Aproximadamente un año y medio después de haber sido liberado, Rafael Caro Quintero, uno de los líderes históricos del narcotráfico en México, volvió a ser prófugo de la justicia, luego de que un tribunal en Jalisco lo condenó por secuestro y homicidio calificado.

La PGR se comprometió ante autoridades de EU, quienes recriminaron a México su liberación, a recapturar al capo.

6. La transición hacia la Fiscalía

La PGR se convertirá en la Fiscalía General, la cual contará con autonomía respecto del Ejecutivo federal, según establece la reforma constitucional en materia político-electoral promulgada el año pasado.

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Quien sea procurador al momento de que la fiscalía empiece a ser autónoma se mantendrá en el cargo por nueve años, aunque podría ser removido por el presidente de la República, con aval del Senado, por "causas graves" precisadas en la legislación secundaria. De ser ratificada por la Cámara alta y no haber cambios previo al arranque de la nueva dependencia, Arely Gómez sería la primera fiscal general de la República.

La ley aún debe ser aprobada por el Senado, antes de ser enviada al Ejecutivo federal para su promulgación.

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