Acapulco cumple 11 meses afectado por el paro de su policía municipal

Mientras los agentes locales exigen respuesta a demandas laborales, la seguridad del puerto ha quedado a cargo de fuerzas federales
Policías de Acapulco realizan huelga
Autor: Laura Reyes | Otra fuente: CNNMéxico

El puerto de Acapulco, uno de los principales centros turísticos de México y motor económico del estado de Guerrero, cumple este miércoles 11 meses de no contar con su policía municipal, que se encuentra en paro por demandas laborales que van de exigir mejoras salariales a rechazar la implementación de un esquema de mando único. 

La situación comenzó el 18 de abril de 2014, cuando 1,200 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco —que abarca agentes de tránsito y turísticos— pararon labores para demandar la renuncia del entonces titular de la dependencia, Alfredo Álvarez Valenzuela. 

Cinco días después, el 23 de abril, el Ejército intervino en el conflicto y desarmó a los policías, que iniciaron una serie de protestas en diferentes puntos de la ciudad, que tiene una población aproximada de 800,000 habitantes. 

Desde entonces, los agentes inconformes han sumado otras demandas, las autoridades municipales y estatales han fallado en llegar a acuerdos con sus líderes y, para prevenir la inseguridad, fuerzas federales han asumido la vigilancia de las calles del puerto. 

Uno de los principales responsables de las negociaciones con los policías fue el hoy candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Guerrero, Luis Walton Aburto, alcalde con licencia de Acapulco. 

Propietario de gasolineras, Walton es uno de los principales contendientes rumbo a los comicios del 7 de junio, en los que se elegirá gobernador, congreso local y a los 81 presidentes municipales de la entidad. 

Rechazo al mando único 

El conflicto entre policías y autoridades escaló en mayo, cuando el entonces gobernador Ángel Aguirre, quien militaba en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció el inicio del esquema de mando único policial, es decir, que la corporación de Acapulco, junto con las de otros municipios, sería comandada por el gobierno central. 

Aunque ya habían conseguido la renuncia de Álvarez Valenzuela —reemplazado en agosto por el general brigadier Marcos Esteban Juárez Escalera—, los agentes inconformes se mantuvieron en paro, esta vez por el mando único. 

En ese contexto, los policías accedieron a viajar a la Ciudad de México para someterse a exámenes de control de confianza. Sin embargo, la alcaldía de Acapulco informó meses después que, de todos los evaluados, 700 habían obtenido resultados reprobatorios. 

De ellos, el ayuntamiento ha liquidado a 300, pero éstos rechazan el pago porque aseguran que no cubre el 100% de lo que les corresponde. 

En tanto, según el secretario Juárez Escalera, los 487 que sí aprobaron los exámenes se mantienen en paro porque son "obligados por sus compañeros". 

Los líderes, ¿un freno? 

Cuestionadas al respecto, las autoridades federales han señalado que se han reunido "en varias ocasiones" con los policías inconformes aprobados, pero que éstos argumentan que son los líderes quienes impiden los avances para concluir el paro laboral. 

"La primera tarea en la que me concentré fue en apoyar a los compañeros de la policía municipal en sus pretensiones frente al gobierno municipal, hemos estado en contacto con ellos y simplemente no se ha podido concretar algo en particular", dijo recientemente el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, durante un encuentro con medios en Acapulco. 

"Creo que tiene que ver ahí con algunos liderazgos que necesitan establecer un canal de comunicación diferente. Nosotros seguimos abiertos a ayudar a la policía municipal de Acapulco y desde luego al alcalde", agregó. 

¿Policías infiltradas? 

El paro de la policía de Acapulco ha coincidido con los cuestionamientos a las fuerzas de seguridad de la entidad derivados del caso Ayotzinapa, es decir, la desaparición de 43 estudiantes presuntamente a manos de policías municipales de Iguala coludidos con el narcotráfico. 

A raíz de ese crimen ocurrido el 26 de septiembre, el gobierno de Ángel Aguirre dijo que había varias corporaciones infiltradas por la delincuencia, y el propio Aguirre tuvo que solicitar licencia para separarse del cargo, ante las presiones para que se retirara para agilizar las investigaciones. 

"Nosotros debemos decir que estos sucesos lamentables de Iguala se pueden reeditar en cualquier municipio de la Tierra Caliente, Chilpancingo y Acapulco, ya que en estos municipios se sabe que las policías están infiltradas por la delincuencia organizada", señaló el 6 de octubre el vocero estatal, José Villanueva. 

Sin señales de solución

En ese contexto, las autoridades interinas de Acapulco, encabezadas por el alcalde Luis Uruñuela Fey, se quejan de haber "heredado" un problema de la administración de Walton, por lo que urgen al gobierno federal a que brinde ayuda y recursos. 

"Ha habido acercamiento, no ha habido una postura positiva para resolver el problema, porque finalmente es económico, porque el municipio no tiene recursos para liquidar a los policías, aquí es buscar el recurso con la Federación para que auxilie al municipio", dijo el síndico procurador del ayuntamiento, Marco Tulio Sánchez Alarcón. 

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Para el funcionario municipal, dada la importancia local y nacional de Acapulco, es necesario que las autoridades de todos los niveles cooperen para lograr la pronta solución de este conflicto. 

"Nos dejaron en el olvido con un problema heredado. Por eso hacemos este llamado emergente a la Federación y a los diputados federales para que etiqueten recursos y en este 2015 ya estuviéramos liquidando, pero el problema no ha sido bien atendido", reprochó Sánchez Alarcón.

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