Organizaciones denuncian explotación de 2 millones de jornaleros
Alrededor de 2 millones de jornaleros son explotados en México, denunciaron esta semana organizaciones civiles, para las cuales esta práctica es generalizada en 19 de las 32 entidades del país.
Los organismos defensores de derechos humanos señalaron que las protestas recientes de los trabajadores agrícolas de San Quintín, en Baja California , son un reflejo de esta situación.
El Frente Indígena de Organizaciones Binacionales de Oaxaca, el Centro de Desarrollo Indígena de León en Guanajuato, Respuesta Alternativa de San Luis Potosí, entre otras organizaciones, citaron la Encuesta Nacional Jornalera de 2009 (ENJO 2009), según la cual este tipo de explotación afecta a 2 millones de personas.
De acuerdo con el documento, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Autónoma Chapingo, los jornaleros viven en condiciones de vulnerabilidad y constante violación a sus derechos fundamentales, sin que hasta la fecha la autoridad haya desarrollado mecanismos de vigilancia, control y protección adecuados.
Ezequiel Rosales, del frente oaxaqueño, dijo que Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas son los principales estados donde se cometen abusos laborales contra indígenas.
Rosales comentó que éstos cumplen jornadas de más de 10 horas y por las cuales cada persona recibe entre 110 y 140 pesos, a pesar de que la agroindustria exporta cada año 400,000 millones de pesos.
Añadió que 90% de ellos no cuenta con un contrato laboral y más de 60% son campesinos indígenas.
"Las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o en ruinas donde llegan a vivir de 20 a 100 personas. Los campos no cuentan con viviendas habitables y carecen de baños", apuntó.
En marzo, la Secretaría del Trabajo federal (STyPS) rescató a más 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación en Comondú, Baja California Sur. A raíz del hecho, diversas instituciones gubernamentales han pedido que se investigue al respecto .
Margarita Nemecio, coordinadora del área de Migrantes y Jornaleros Agrícolas del centro Tlachinollan, comentó a la agencia EFE: "Pareciera que es conveniente sacar el tema de vez en cuando, diciendo que se rescata a poblaciones vía inspecciones . Es una estrategia del gobierno (para hacer ver que se está haciendo algo)".
Los defensores reconocieron que la movilización de jornaleros de San Quintín evidencia una realidad generalizada en 19 entidades federativas, a las cuales llegan miles de trabajadores agrícolas de los estados más pobres del país en cada periodo de cosechas.