En Tlatlaya hubo un ‘uso excesivo de la fuerza’ de militares: diputados
El grupo de trabajo de la Cámara de Diputados para coadyuvar en la investigación de los hechos ocurridos en Tlatlaya concluyó que en este caso hubo un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Este jueves, al dar lectura al informe final de actividades, Margarita Tapia Fonllem, coordinadora del grupo, consideró necesario que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de las que las 22 personas integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento , informó la Cámara en un comunicado.
El documento señala que la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo el caso Tlatlaya, según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), son recurrentes y presentan patrones comunes.
Además, se señala la urgencia de que el Congreso de la Unión discuta y apruebe la expedición de una legislación sobre el uso legítimo de la fuerza común para todas las autoridades: reforma en materia de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, con perpectiva de derechos humanos.
Se informa, que según la CNDH, los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos fueron la alteración de vestigios y del lugar de los hechos, presuntamente por elementos de la Sedena; la tortura e intimidaciones de las víctimas sobrevivientes presumiblemente por funcionarios del gobierno del Estado de México, y las deficiencias en la recolección de las pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras acusaciones en que presuntamente incurrieron servidores públicos mexiquenses.
Por otra parte, el informe refiere a que la información aportada por la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México es insuficiente, así como la falta absoluta de entrega de documentación que permitieran al grupo ponderar las versiones de los hechos de estas instituciones.
Los diputados, consideraron esencial que la CNDH, en uso de sus atribuciones, dé puntual seguimiento al cumplimiento de su recomendación referente al caso por parte de las autoridades señaladas, quienes la han aceptado plenamente, e informe acerca del estado de su cumplimiento.
También, exigieron a la PGR dar a conocer los avances y alcances de las investigaciones sobre los elementos militares bajo custodia u otras personas con probable responsabilidad, como quienes hayan podido colaborar, presencias u autorizar a otros respecto a las ejecuciones extrajudiciales.
En el informe, se considera necesario que el gobierno del Estado de México aclare por qué la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) no investigó la alterción de elementos y escena de los hechos y el desplazamiento de los cádavares fuera de su posición original, y que se aclare las razones por las que sus agentes y peritos llegaron al lugar de los hechos seis horas después de que ocurrieron, y las consecuencias de dicha dilación.
Este jueves, el secretario de gobierno de la entidad, José Manzur Quiroga, dijo en comparecencia que peritos de la PGJEM retrasaron su llegada a petición del comandante militar encargado de la zona, que entonces era José Luis Sánchez León y que fue relevado del cargo en noviembre.