El Senado alista reforma clave contra el delito de desaparición forzada

Tras casos que captaron la atención nacional, la Cámara alta prevé votar un cambio para dar al Congreso facultad para legislar en la materia
Procuradora se reúne con la CIDH
| Otra fuente: CNNMéxico

El Senado mexicano se prepara para discutir y eventualmente aprobar, el próximo martes, una reforma al artículo 73 de la Constitución para dar al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de desaparición forzada y tortura, dos crímenes que atraen la atención pública nacional desde finales de 2014.

El dictamen llega al pleno de la Cámara alta siete meses después del caso Ayotzinapa, como se conoce a la desaparición de 43 estudiantes de esa localidad de Guerrero presuntamente a manos de policías municipales coludidos con delincuentes, y mientras el gobierno federal asegura que si bien existen "retos extraordinarios" en materia de derechos humanos, se han registrado avances en la materia.

Los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y José María Martínez, secretarios de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, órgano que analizó el tema, dijeron a CNNMéxico que la relevancia de esta reforma radica en que obligará al Estado mexicano a asumir su responsabilidad en estos crímenes.

"Es un paso muy importante, porque no solo se trata de dotar al Congreso de la facultad de emitir leyes para regular, garantizar las libertades y garantías cívicas de los ciudadanos, sino también para que el Estado asuma su responsabilidad en actos como éstos", indicó Encinas, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Si la reforma se aprueba en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales, explicó el senador, se abriría la puerta para elaborar leyes que atiendan las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

"Una de las presiones para que estemos avanzando en este tema es por la evidencia de la ausencia del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y junto con ello, el nivel de la petrenación de la delincuencia organizada en todos los órdenes de gobierno, en todas las instituciones públicas, incluidos los partidos políticos", dijo.
 
Martínez, por su parte, celebró que los senadores estén cerca de aprobar el cambio, aunque aclaró que aún faltará un largo camino en esta materia.
 
"Apenas hemos ajustado el artículo 73 de la Constitución para darle atribuciones al Congreso mexicano para legislar al respecto", dijo el senador del Partido Acción Nacional (PAN).
 
Encinas agregó que, una vez vigente este cambio, se analizarán las propuestas que la Cámara alta ha recibido para legislar en aspectos como castigos y protección a las víctimas de estos casos.
 
Las propuestas sobre la mesa
 
Entre diciembre de 2014 y abril de 2015, el Senado ha recibido al menos cinco iniciativas para reformar el marco legal sobre prevención y sanción al delito de desaparición forzada de personas.
 
De esas propuestas, uno de los puntos más relevantes es plantear el reconocimiento de que las desapariciones forzadas no solo puedan ser atribuidas a funcionarios, sino también a particulares, un cambio impulsado por el PAN, el PRD y organizaciones civiles.
 
Otro planteamiento es legislar sobre la desaparición forzada de bebés, para evitar que un padre prive de la libertad a sus hijos y, si lo hace, se le castigue con cárcel.
 
Además, legisladores del PAN, del PRD e incluso del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) contemplan que se incluya en la ley la figura de "declaración de desaparición forzada", para que los familiares de una persona en esa situación puedan actuar sobre cuentas bancarias u otros derechos.
 
Y el PRI, primera fuerza en el Senado, también propone crear un Registro Nacional de Perfiles Genéticos de Víctimas del Delito de Desapariciones Forzadas y sus Familiares, para contar con una base de datos que permita identificar a ciudadanos implicados en estos casos o a quienes estén en calidad de desconocidos en instituciones de salud.
 
La presentación de estas iniciativas comenzó luego de la presión internacional para que México no solo garantice justicia en el caso Ayotzinapa, sino que tome medidas para evitar que vuelvan a ocurrir esas violaciones a los derechos humanos.
 
 
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