El Sistema Nacional Anticorrupción, a un paso de su promulgación
La mayoría de los congresos de los estados han aprobado la reforma que contempla la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, celebró el Partido Acción Nacional (PAN), con lo que la modificación queda a un paso de ser promulgada.
El coordinador de los diputados panistas, Ricardo Anaya, indicó en un comunicado que han avalado los cambios por lo menos 17 de las 31 cámaras estatales, con lo que se supera el requisito de que la mitad más una de las entidades respalde la reforma, por ser constitucional.
El legislador resaltó que en breve la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitirá la declaratoria de validez constitucional, y posteriormente enviará la reforma al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entrará en vigor.
“Ahora el reto es la elaboración de las leyes secundarias para completar la reforma constitucional”, destacó en entrevista con medios.
El panista recordó que legisladores de su partido se reunieron con presidentes de los congresos locales para compartir puntos de vista.
La modificación cambia los artículos 22, 26, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, fue aprobadas por la Cámara de Diputados, avaladas por el Senado, y enviadas a los congresos locales para su eventual ratificación. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, felicitó a los legisladores por esta aprobación.
El Sistema Nacional Anticorrupción dota a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de nuevas facultades en materia de auditoría e investigación.
Con dichos cambios, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá realizar revisiones en tiempo real y fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios y a los ejercidos por fideicomisos, fondos y demás entes públicos y privados.
Además, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con facultades para sancionar a los servidores públicos federales por faltas administrativas graves.