ONU pide a México indagar supuesta orden de 'abatir' en Tlatlaya
El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, pidió al gobierno de México que considere las nuevas evidencias en el caso de Tlatlaya dadas a conocer este jueves por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), que refieren órdenes que recibieron militares para “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
"Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales . Deben consistir en arrestar y, solo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario", dijo el relator especial de Naciones Unidas, citado en el comunicado de Naciones Unidas.
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El documento que presentó el Centro ProDH el jueves refiere que una tropa militar fue ordenada para "operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad".
La organización indicó que el Ejército emplea el término "abatir" como un eufemismo de "matar", del mismo modo que los funcionarios de seguridad del gobierno lo usan cuando presuntos narcotraficantes fallecen a manos de uniformados en operativos gubernamentales.
Abatir no es matar, asegura Segob
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo este viernes en entrevista con Radio Fórmula que el término “abatir” no significa matar.
Además, el funcionario federal certificó la autenticidad del documento del Ejército que presentó el Centro ProDH.
"El término abatir tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida", argumentó Roberto Campa, tras recordar que en el documento hay "referencias constantes" exhortando a respetar los derechos humanos.
La organización Amnistía Internacional (AI) informó este viernes que tras revisar documentos militares y comunicados de prensa del gobierno, no se encontró "un solo ejemplo en el que 'abatir' no fuera sinónimo de matar".
"Hay motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales", apuntó AI en un comunicado.
Originalmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el 30 de junio de 2014 que 22 personas murieron tras un enfrentamiento entre militares y supuestos delincuentes en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.
Después de que una sobreviviente asegurara a medios que esas personas fueron ejecutadas luego de rendirse, el relato oficial cambió y seis soldados enfrentan un juicio acusados de ejercicio indebido del servicio público, aunque solo tres enfrentan cargos por el homicidio calificado de ocho personas.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó en octubre pasado que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Tlatlaya por los uniformados.
