Un año de lucha por justicia para el niño muerto en Chalchihuapan, Puebla

A un año del desalojo de la protesta en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, que dejó un menor de edad fallecido, nueve personas mutiladas y 40 policías lesionados, las víctimas fueron desistiendo en su lucha para exigir justicia... Todos menos una: Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatle.

"No voy a descansar hasta ver en la cárcel a Facundo Rosas (secretario de Seguridad Pública en el estado) y al propio gobernador (Rafael Moreno Valle). Ellos son los meros responsables, pero hasta hoy no asumen su responsabilidad", dice a CNNMéxico en torno a los hechos del 9 de julio de 2014.

Este jueves, cuando se cumplen 12 meses de la tragedia, Elia Tamayo organizó una marcha que partirá del punto en el que se dio el enfrentamiento entre policías estatales y pobladores que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco por su inconformidad con el retiro del registro civil en sus comunidades. 

Sin embargo, quedaron atrás los tiempos en los que también participaban en estas manifestaciones campesinos de las juntas auxiliares quienes igualmente resultaron afectados con el operativo en el que los agentes lanzaron a los civiles latas de gas lacrimógeno y —según versiones de las víctimas que la autoridad estatal rechaza— balas de goma.

Aunque en esta lucha se ha quedado sin el respaldo de otras víctimas, desde hace seis meses militantes del Partido Acción Nacional (PAN) opositores a la administración estatal —encabezada por Moreno Valle, también panista— han respaldado a Elia Tamayo. Es el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social y del DIF nacional, Ana Teresa Aranda, y de la exdiputada federal Violeta Lagunes, entre otros.

Elia Tamayo ha rechazado el dinero que le han ofrecido, más de 5 millones de pesos según fuentes cercanas, por concepto de indemnización por la muerte de su hijo, quien resultó herido en el cráneo por uno de los proyectiles intercambiados en el cruce. El 19 de julio, 10 días después de los hechos, el menor, de 13 años de edad, falleció a consecuencia de estas lesiones. 

Lejos de "venderse", como ella califica dicha medida de reparación del daño, la madre de la víctima de este caso que derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves afirma que primero deben estar en la cárcel los responsables de la muerte de José Luis, y después quedará analizar recibir una compensación.

Y es que los seis policías estatales detenidos el 18 de octubre de 2014 quedaron en libertad bajo caución sólo dos meses después, el 24 de diciembre, luego de que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla reclasificó el delito de homicidio doloso por culposo, al considerar que las lesiones causadas no fueron graves ni llevaban la intención de matar.

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CNNMéxico buscó la versión los uniformados, pero declinaron una solicitud de entrevista. Fuentes cercanas indicaron que temen represalias del gobierno.

En la cárcel, permanece el exedil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, al igual que dos pobladores: Vicente Juárez y Florentino Tamayo, acusados de homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a vías de comunicación. Otros siete civiles encarcelados en su momento recuperaron su libertad por falta de pruebas en su contra.

Este suceso derivó en un expediente de 11 recomendaciones para la administración del gobernador Rafael Moreno Valle de parte de la CNDH, por violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores.

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'El gobierno se impone'

Una de las personas mutiladas durante el desalojo del 9 de julio de 2014 es Martín Romero Montes, quien trabajó como agente ministerial durante 16 años y seis como militar.

El damnificado aceptó de inmediato los 300,000 pesos que le ofreció el gobierno poblano como indemnización por las afectaciones que sufrió en el enfrentamiento, al considerar que no vale la pena regatear la cantidad ni continuar en la lucha por exigir justicia.

"El gobierno es el gobierno, y se termina imponiendo por más que gritemos", comenta en entrevista.

Sin embargo, el monto no le alcanzó para cubrir los 500,000 pesos que le costaron cuatro operaciones de reconstrucción de mandíbula, que ahora le permiten ir recuperando poco a poco el habla que perdió a consecuencia de una abertura en la quijada, causada por un proyectil similar a un "cilindro caliente".

Para el exsargento primero, de 69 años de edad, la justicia en el caso Chalchihuapan tal vez nunca llegue. Él, en lo personal, optó por no enfrentarse con el gobierno, para que su familia tenga seguridad. 

Hoy atiende una pequeña tienda en la entrada de la población, cerca de donde fue herido hace un año cuando se encontraba limpiando uno de sus terrenos, mismo que vendió para terminar de pagar sus deudas.

Martín Romero Montes insiste en que no formaba parte del grupo de manifestantes que ese día bloquearon el kilómetro 14 de dicha vía.

"Si no, hasta hubiera dicho: 'me lo merezco'. Pero no", narra a un año de los hechos violentos.

"Para mí, sí hubo justicia"

A diferencia de Martín, Hugo Jiménez Varela afirma que para él sí se ha hecho justicia.

Esta persona dedicada al campo, otro de los heridos en el operativo, se refiere al pago de más de 300,000 pesos que recibió por concepto de reparación de daños, además de terapias psicológicas y atenciones médicas que le han permitido reconstruir el párpado del ojo izquierdo, cuya visibilidad perdió ese 9 de julio.

"En mi caso, creo que sí se hizo justicia. Sí tomaron en cuenta mis peticiones. Me repararon los daños, me dieron terapias, ayudas psicológicas y me pagaron el daño de lo que causaron”, enfatiza en entrevista desde un centro de abarrotes familiar.

Al igual que este padre de familia de 29 años de edad, otros campesinos que quedaron mutilados a consecuencia del enfrentamiento, como Gilberto Varela Tecalero, Vicente Tecalero, Filemón Pacio, Juan Xelhua Ocotl, Javier Jiménez Xelhua, Víctor Antonio Contreras Montes y Heraclio Nezáhuatl coincidieron en indicar que acudieron a cobrar una compensación por voluntad propia, entre los meses de enero a marzo de este 2015.

Así se dio su salida del movimiento que se creó en su momento para exigir la devolución de las oficinas del Registro Civil a las Juntas Auxiliares —autoridades comunitarias desconcentradas de los municipios poblanos.

Opacidad

En al menos tres solicitudes de información vía Infomex, el gobierno de Moreno Valle negó informar a detalle sobre la cantidad que ha pagado hasta el momento a cada una de las víctimas.

En la última respuesta, proporcionada la semana pasada con el folio 00041615, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) respondió que todos los datos relacionados con el caso están "reservados", ya que —menciona— divulgarlos pondría en riesgo la vida y la seguridad de los involucrados.

Las nueve víctimas que aún sufren por las mutilaciones revelaron a CNNMéxico que la cantidad que les fue cubierta varía entre 200,000 y 400,000 pesos.

En enero pasado, la CNDH respondió vía transparencia a un medio local que el gobierno local destinó 4 millones de pesos al fideicomiso que creó para el pago de las indemnizaciones, pero sin especificar el número exacto de personas acreedoras a ese derecho.

Otro dato que permanece en reserva por la administración poblana es el número de víctimas a quienes el consejero jurídico del gobierno estatal, José Montiel, ofreció el pasado 17 de octubre una disculpa pública y/o institucional a nombre del Ejecutivo.

El cumplimiento de esta medida de reparación solo se comunicó públicamente a través de un boletín de prensa lanzado un día después, cuando el gobierno estatal aseguró haber cumplido con el 100% de las observaciones hechas el 11 de septiembre pasado por el entonces ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.

No obstante, la CNDH informó vía transparencia a CNNMéxico que hasta hace un mes, del total de las 11 recomendaciones, únicamente seis habían sido cumplidas de manera total, y cinco de manera parcial, entre las que destaca la reparación de daños, ofrecimiento de disculpa institucional a víctimas y a sus familiares, garantizar de manera parcial y objetiva el acceso a la justicia y sanciones contra todos los servidores públicos que participaron en los hechos.

La CNDH reiteró este miércoles en un comunicado que, a un año de lo ocurrido en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, "aún quedan pendientes de cumplimiento cinco de los 11 puntos recomendatorios, particularmente lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción".

CNNMéxico solicitó la versión del gobierno de Puebla sobre el cumplimiento de las recomendaciones, pero no obtuvo respuesta inmediata.