Policías en Guerrero inician paro laboral; acusan incumplimientos
Elementos de la Policía Estatal iniciaron desde este lunes un paro laboral indefinido en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, como respuesta a un presunto abuso de poder de su mando, y por la suspensión de entrega de equipo táctico y de uniformes para hacer su trabajo.
Los más de 50 elementos estatales adscritos a esa ciudad enviarán un escrito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que mande un visitador que "constate" las supuestas irregularidades de las que acusan al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes.
Los policías iniciaron el paro laboral desde la mañana de este lunes, en el exterior de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en Chilpancingo, uno de los 81 municipios de Guerrero que desde el 2013 registra altos índices delictivos.
El informe que dio la semana pasada el Instituto para la Economía y la Paz colocó a Chilpancingo y al puerto de Acapulco como dos de las cinco ciudades más violentas del país.
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Uno de los policías, quien no dio su nombre por temor a represalias, dijo en conferencia de prensa en la capital del estado que les fue suspendido el bono de riesgos que recibían cada mes, también el aumento salarial previsto para este año y la entrega de viáticos.
"Desde que llegó Almazán Cervantes, desde que asumió el cargo nos quitaron los beneficios que ganamos. Lo que pedimos es respeto a los derechos laborales y que se termine el hostigamiento y las amenazas, solo estamos pidiendo mejorar nuestras condiciones", dijo el oficial.
De acuerdo con los policías estatales, también quedó suspendida la entrega de equipo táctico, uniformes y apoyos para la vivienda.
Ante esos hechos, la semana pasada presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en contra del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, por “violación a los derechos laborales y abuso de autoridad”.
Sin embargo, ahora buscan que sea la CNDH quien intervenga y envíe a un visitador para que constate las irregularidades.
Además de la suspensión de entrega de programas, los oficiales aseguraron que el titular de la Seguridad Pública estatal busca “militarizar” a la corporación.
“Impone como mandos a personas del Ejército, los cuales tiene como recompensas doble sueldo, porque cobran en el Ejército y como asesores de Seguridad Pública. Con prepotencia, quita los días de descanso a los elementos bajo el argumento de que hay manifestaciones de maestros, a los cuales hay que reprimir", sostuvo uno de los oficiales en paro laboral.
En el 2013 la violencia que golpeó al municipio de Chilpancingo llevó al éxodo de 113 comerciantes, según confirmaron las propias cámaras empresariales a nivel estatal.
El mes pasado el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Nava, pidió al gobierno federal que sea el Ejército mexicano quien tome el control de la seguridad en Chilpancingo, por el incremento en asesinatos.