30 días de la fuga del 'Chapo' Guzmán: expertos ven acciones insuficientes

Expertos coinciden en que ante la corrupción que facilitó la evasión del 'Chapo', la investigación del caso debe ser con total transparencia
Una burla, el escape del 'Chapo': ciudadanos
| Otra fuente: CNNMéxico

La “afrenta” en contra del Estado mexicano, como la calificó el presidente Enrique Peña Nieto, cumplió este martes un mes: Joaquín el Chapo Guzmán sigue prófugo de la justicia.

En la última vez que el líder del Cártel de Sinaloa se escapó de un penal de máxima seguridad, las autoridades federales tardaron 13 años en lograr su recaptura. Y para esta segunda evasión de una prisión de máxima seguridad, el tema ha quedado sin avances en dos semanas.

Hasta ahora, solo tres altos funcionarios fueron cesados por el caso: el director del Altiplano, Valentín Cárdenas; la coordinadora de cárceles federales, Celina Oseguera, y el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Juan Hernández y solo tres funcionarios, de siete sospechosos, recibieron auto de formal prisión por la fuga: el responsable del Centro de Control y dos custodios presuntamente proporcionaron datos logísticos para la fuga.

A un mes de la evasión, expertos en seguridad coinciden que su salida a través de un túnel de penal del Altiplano, no pudo darse sin la complicidad de las autoridades.

Investigación transparente

Alejandro Gertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública federal (2000-2004), encuentra en esta segunda fuga del Chapo de una prisión federal un “problema estructural” que revela el nivel complicidades entre autoridades y delincuentes.

“En este país no se puede delinquir en forma consuetudinaria —por costumbre— si no se hace en una relación muy perversa con ciertos niveles de autoridad”, dijo el exsecretario a CNNMéxico. “Evidentemente la estructura fue más poderosa que las propias autoridades, en los más altos (niveles)”.

El 19 de enero de 2001, cuando se dio la primera fuga de Guzmán del penal de Puente Grande, Gertz Manero había asumido la Secretaría de Seguridad Pública, pero la vigilancia de penales federales estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación. El nuevo gobierno tenía 40 días en funciones.

“Yo estaba llegando y ni siquiera había recibido la secretaría”, afirma el exfuncionario federal. “Y el día que lo iban entregar a un nuevo gobierno, ese día se fue”.

El exfuncionario acusó que la administración de Ernesto Zedillo le dio a Guzmán Loera todas las facilidades para tener de “empleados” a los custodios en Puente Grande.

"Lo movieron del Altiplano a Puente Grande sin que hubiera razón. Le pusieron todo en bandeja durante un año y medio. Se apoderaron de todos los sistemas de control. Llevó a sus parientes y a sus amigos y a sus coterráneos hasta volverse sus empleados. Desconectaron todas las cámaras. Que los sistemas de inteligencia que dijeron que eran tan eficientes no sabían nada", subrayó.

Gertz Manero, considerón que para evitar una década de investigaciones como sucedió con la primera fuga, no se debe de andar buscando "chivos expiatorios” ni que en el gabinete haya renuncias, sino que debe haber una investigación transparente.

“No es necesario que alguien salga a dar la declaración. Lo que es necesario es que se establezca con toda precisión, claridad y transparencia, las responsabilidades inherentes a ese caso. Nada más”, dijo Gertz Manero.

Presión social al gobierno

Para Luis Astorga, académico especializado en seguridad, la fuga de Guzmán, a través de un túnel abierto en la propia celda del capo, refleja “una larguísima cadena de corrupción que no se puede limitar a los custodios del penal del Altiplano”.

Por ello, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) apunta a que los mexicanos tienen el poder de ejercer presión sobre la investigación de la fuga, y que ello tenga consecuencias positivas para evitar estos casos.

“La cuestión es si la presión social va a ser lo suficientemente fuerte para que, por un lado, lo que se tenga que informar se transparente, que es algo que no le gusta mucho a esta administración”, indicó Astorga en entrevista con CNNMeéxico.

Para Astorga, el hecho de que hasta ahora solo tres funcionarios hayan sido cesados por la fuga resulta “a todas luces insuficiente”, ante “el descrédito no solo a nivel nacional e internacional”.

Reacción tardía

Por su parte, Gabriel Regino, quien fue subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (2002-2006), consideró que el gobierno de Peña Nieto tuvo una “reacción tardía” con la fuga que le ha generado un “costo de imagen y un costo político”.

Regino, coincidió con Gertz al señalar que la segunda evasión del Chapo currió por “el factor humano” de la corrupción.

“No se puede entender una criminalidad de esta naturaleza o de otra, sin la necesaria asistencia, por acción u omisión de las autoridades (...) ¿Se necesitan más leyes? No. Se necesitan leyes eficaces. Somos un Estado de leyes, no un Estado de derecho”, opina.

Pero para Regino, además de la fuga de un criminal de alta peligrosidad, también hay un mensaje a la sociedad que abona a que se reproduzca la corrupción en otros niveles.

“Si ellos están haciéndolo, por qué nosotros no. Y entonces la cadena de corrupción se hace más fuerte. Y los incentivos se elevan”, advierte Regino.

Ciudadanos reprueban

La fuga del líder del Cártel de Sinaloa ya dio un primer golpe a la confianza de los mexicanos en el gobierno de Peña Nieto, pues el presidente cayó a su nivel más bajo de aprobación ciudadana a finales de julio, y el manejo del caso fue reprobado.

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Para 79% de los encuestados, la fuga del Chapo estuvo mal manejada por el gobierno, y 64% desaprobó la forma en que se realiza el combate al crimen. Además, nueve de cada 10 entrevistados consideró que Guzmán recibió “ayuda de funcionarios” para escapar.

El mandatario solo obtuvo el 34% de aprobación de los ciudadanos encuestados por el diario Reforma (15% entre líderes sociales y empresariales), mientras que la calificación al gobierno federal actual fue de 4.7 en una base sobre 10.

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