La Judicatura destituye a juez que estuvo involucrado en el caso Royale
Luis Armando Jerezano Treviño fue destituido de su cargo de juez de distrito por irregularidades en el trámite y resolución de diversos juicios de amparo de su conocimiento, informó este miércoles el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a través de un comunicado.
El pleno del CJF aprobó por unanimidad la destitución de Jerezano Treviño, al quedar demostrado que en su actuación como juez cuarto de distrito en La Laguna, Torreón, Coahuila, incurrió en irregularidades relacionadas con permisos para la operación de casinos.
De igual forma, el servidor público obtuvo ingresos distintos a los que por razón de su encargo le correspondían, señala el comunicado.
Luis Jerezano “conoció de diversos juicios relacionados con permisos para la operación de casinos, cuando se encontraba impedido para ello, en virtud de tener amistad estrecha y relación laboral con los promoventes”.
La CJF indicó que el trabajo del servidor público fue “notoriamente deficiente al no cumplir con el profesionalismo, imparcialidad y excelencia que rigen la función jurisdiccional, representando por sí un inconveniente para su correcto ejercicio”.
E 15 de mayo de 2014, el CJF presentó una demanda de hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR) por enriquecimiento ilícito en contra de Jerezano Treviño y su secretario, Gerardo Tizcareño Mercado.
El CJF señaló en su momento que la denuncia se presentó porque se detectaron conductas tipificadas como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según sus investigaciones administrativas internas.
El casino Royale
El 20 de septiembre de 2011, Jerezano Treviño y Tiscareño fueron suspendidos de sus funciones por el Poder Judicial, debido a que ambos eran investigados por “posibles conductas irregulares” en resoluciones ligadas a casinos del norte de México.
Jerezano Treviño otorgó en 2008 un amparo a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que le permitía instalar varias casas de apuesta en el norte mexicano.
La firma era la propietaria del casino Royale de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en donde murieron 52 personas el 25 de agosto de 2011 tras un ataque de un grupo del crimen organizado.