Académicos y sociedad piden a Peña candidatos idóneos para la Corte

A través de la plataforma Change.org, ciudadanos y académicos recabaron firmas para pedirle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al Senado que en los próximos nombramientos de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) no se incluya a militantes de partidos políticos ni a "cuates".

La petición exige que sean perfiles profesionales, con alto conocimiento en la materia, que aporten legitimidad institucional y que juzguen los problemas que se les plantean de forma imparcial.

Los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza dejan la SCJN en medio de exigencias de la sociedad civil para que, quien ocupe su lugar en el Máximo Tribunal del país, no tengan conflictos de interés.

Esta exigencia social se da después de la designación de un ministro que generó inconformidad en la sociedad civil: la del exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora, el pasado mes de marzo.

"Eduardo Medina Mora se ha mostrado parcial en sus actuaciones, partidista en funciones e incompetente como abogado", se indicó en una petición al Senado en Change.org antes de que fuera nombrado el también exembajador en Estados Unidos.

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Medina Mora rechazó entonces las acusaciones de la petición, organizada por el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, y a pesar de los señalamientos de la sociedad civil, fue nombrado ministro.

Catalina Pérez Correa, académica del CIDE, aseguró en entrevista que antes que el presidente presente sus propuestas, se decidió impulsar la petición Una Suprema Corte #SinCuotasNiCuates, que hasta este viernes ya tenía más de 36,000 firmas, y en la que se reitera que el nombramiento de Medina Mora dejó mucho que desear, ya que ni Peña Nieto ni el Senado se mostraron dispuestos a realizar un procedimiento de auscultación y nombramiento público y razonado.

En esta carta, firmada por ciudadanos como Denisse Dresser, María Amparo Casar, Jorge Castañeda, Carlos Heredia, Genaro Lozano, Alejandro Madrazo Lajous, entre otros, se pide un procedimiento transparente en el que se hagan públicas las razones a favor y en contra de los candidatos.

"En el proceso se deben realizar preguntas abundantes y precisas a los y las candidatas sobre su visión acerca de la función de la Suprema Corte en la vida democrática del país, el alcance de los derechos fundamentales (como el derecho a la no discriminación, al acceso a la justicia y el debido proceso), sobre la relevancia del sistema de pesos y contrapesos, entre otras", indica la misiva.

Pérez Correa aseguró que si se postula al senador con licencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Raúl Cervantes, como se ha señalado, se debilitaría la legitimidad de la Corte.

Y es que Cervantes, aseguró la académica, no cumple con los requisitos constitucionales, ya que tiene una relación laboral con el Senado, y goza del seguro de vida de los legisladores.

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"Pareciera que lo que se está generando es una red clientelar familiar entre personas y no eligiendo a los más competentes", dijo.

Con la salida de Sánchez Cordero sólo queda una ministra en la Corte, por lo que los ciudadanos piden paridad de género y lo ideal, aseguró Pérez Correa, es que sean designadas dos mujeres.

Esta carta digital, informó Pérez Correa, será entregada a la Presidencia de la República.

Se suman peticiones

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación también elaboró una carta en la que pide que las ternas enviadas al Senado estén integradas preferentemente por personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia.

"Lo que es fundamental en este momento histórico, para reconocer a todas aquellas personas que se han formado en esta actividad, desvinculados de cualquier influencia política que pueda afectar la imparcialidad e independencia con la que siempre se han conducido", señala la asociación.

Buscan cambiar designación de ministros

El nombramiento de dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó propuestas legislativas para modificar el proceso de designación y fortalecer la independencia del Poder Judicial.

Mientras la sociedad civil exige nombramientos transparentes y libres de conflictos de interés, senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscan que se reforme la Constitución Política para quitarle al presidente de la República la facultad de proponer las ternas a ministros del máximo tribunal del país y que se cree un mecanismo de designación parlamentaria en el que se convoque a los tribunales superiores de justicia de los estados, a colegios de abogados certificados y a facultades de derecho para que presenten sus propuestas.

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La senadora Angélica de la Peña señaló la importancia de que exista paridad de género en la Corte y que los nuevos ministros tengan carrera judicial y sean incuestionables en su trayectoria.

"Los nuevos ministros o ministras, la Constitución establece los requisitos que tienen que cumplir, sin embargo, llega el momento en que también tenemos que integrar otros requisitos que están inscritos en algo muy escueto que defino como de idoneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que son incuestionables, que son idóneas para el encargo porque son incuestionables en toda su trayectoria profesional, en su formación constitucional o en la formación en su carrera dentro del servicio judicial", detalló.

La legisladora confió en que de ser cierto que el senador con licencia del PRI, Raúl Cervantes, podría ser postulado, éste se desista de su aspiración.

De la Peña aseguró que la iniciativa de reforma constitucional tiene más alcances que la designación de los ministros, pues se pretende que el presidente de la Corte ya no sea quién encabece el Consejo de la Judicatura Federal.

La iniciativa señala la importancia de eliminar el "haber de retiro" de los ministros, que es una pensión vitalicia, para ajustarla a las pensiones de seguridad social.

Según la legisladora, se deben eliminar todo tipo de prebendas, canonjías y privilegios ante la desigualdad social que aqueja al país.