Firmas 'falsas' confrontan a candidata con órgano electoral

La validación de firmas que se requieren para competir como candidato independiente a la gubernatura de Puebla en las elecciones del próximo 5 de junio derivó en una serie de acusaciones mutuas entre una de las aspirantes y el Instituto Estatal Electoral (IEE) por la supuesta falsificación de rúbricas.

El consejero presidente del órgano electoral estatal, Jacinto Herrera, denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de República (PGR), el hallazgo de firmas apócrifas en los formatos entregados de la aspirante Ana Teresa Aranda Orozco.

Esto lo dio a conocer el pasado 27 de marzo, después de que se filtraran a medios de comunicación algunas cédulas de falsos apoyos por parte de funcionarios y priistas a favor de la expanista.

Aranda Orozco alertó en una conferencia de prensa de carácter “urgente”, el pasado 23 de marzo, que el gobierno estatal la quería encarcelar por falsificación de firmas y que presuntamente estaba utilizando al consejero presidente del órgano electoral para tal embestida.

Cuatro días después, el IEE confirmó sobre la existencia de una denuncia penal por dicho delito, pero evitó aclarar si solo contra Ana Tere o también en contra de algún otro aspirante sin partido político.

Los independientes que entregaron cédulas de apoyo, Ricardo Jiménez, Leodegario Pozos, Marco Antonio Mazatle y Carolina López, han declarado por separado a Expansión que están “tranquilos” porque no alteraron documentos.

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Enemiga número uno

La exfuncionaria federal en las administraciones de los expresidentes de México, Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox Quesada (2000-2006), asegura que se trata de una estrategia, presuntamente emprendida por el gobernador Rafael Moreno Valle para evitar su postulación como candidata independiente por las críticas que ha hecho de su gobierno.

Aranda Orozco perdió en la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) en 2010 frente al hoy mandatario estatal, y desde entonces, se declaró como su “enemiga número uno”.

La aspirante a la candidatura que renunció a su militancia de 26 años en octubre de 2015 –tres días antes de que la esposa del gobernador, Martha Erika Alonso, asumiera el control del partido en la entidad– ha acusado a Moreno Valle de ser un priista que se quiere “adueñar” del blanquiazul.

Filtraciones a la prensa

El martes 29 de marzo, el medio local El Sol de Puebla difundió en primera plana que entre las cédulas de apoyo que el IEE le encontró a Ana Teresa estaban las de tres priistas, destacó que entre ellas se econtraba la firma de la hija de la candidata del PRI, Blanca Alcalá Ruiz.

En su edición del jueves 31 de marzo, Milenio dio a conocer que la expanista también habría falsificado en sus cédulas la firma del secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Edmundo Jacobo Molina y el de otros funcionarios nacionales.

“Eso es una ridiculez. Ya es de risa lo que están haciendo. Ya nada nos sorprende, el instituto ya perdió totalmente credibilidad (…) Nada de eso es creíble, es ilógico que la hija de Blanca me haya apoyado. Forma parte de la estrategia que tienen para desacreditar esta figura”, dijo la aspirante.

Expansión buscó la versión del gobierno estatal sobre las acusaciones, pero se informó que no se fijará postura por el momento.

Cuestionado sobre este tema, el consejero presidente del IEE, Jacinto Herrera dijo la noche del miércoles que hasta que se termine el proceso de validación de las firmas se dará cuenta si esos documentos pudieron haber salido del ‘búnker’ en donde estaban resguardados o no.

“Realmente, no tenemos la certeza de que esas cédulas que se filtraron a medios de comunicación, hayan emanado del instituto. Esas cédulas las tuvieron los aspirantes en su momento, antes de entregarlas al instituto”, dijo e indicó que el consejo analizará si presenta una denuncia.

“Estamos analizando el caso en concreto para poder determinar responsabilidades. Todavía no termina el proceso de validación”, señaló.

Los consejeros deben de sesionar como fecha máxima el 2 de abril para informar quién o quiénes cumplieron con el requisito de las más de 126,000 mil firmas — el 3 % del total de la lista nominal en el estado, que es de 4 millones 221,160 habitantes— que se necesitan para poder participar en esta jornada electoral. Las campañas arrancan el 3 de abril al 1 de junio.