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Si hay policías capacitados, ¿por qué ocurren operativos como el de Oaxaca?

Especialistas cuestionan si las corporaciones y los mandos aplican los protocolos de derechos humanos, de acuerdo con las prácticas profesionales de uso racional y proporcional de la fuerza pública.
jue 23 junio 2016 06:00 AM
De la Gendarmería Nacional disparando.
Desalojo La dispersión de un plantón en el municipio de Nochixtlán se saldó con ocho personas muertas el pasado fin de semana.

A pesar que las diferentes corporaciones de Policía en México cuentan con entrenamiento y capacitación en el uso de la fuerza, se registran episodios como el del fin de semana en Nochixtlán, Oaxaca, que terminó con al menos ocho personas muertas.

Especialistas apuntan que los abusos por parte de las fuerzas del orden están motivados por la falta de implementación de protocolos de derechos humanos, la carencia de una vigilancia externa, así como la impunidad para mandos policiacos responsables de este tipo de operativos que terminan en tragedia.

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, indicó que, en el caso del mencionado desalojo de un plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por parte de policías federales, se debe investigar a los mandos que dieron u omitieron las órdenes que llevaron al saldo trágico.

"(Los policías) sí están capacitados, pero el que usen esa capacitación en el momento adecuado ya es otra cosa. Yo no tengo duda de que fueron preparados. Si nos metemos en los zapatos de los policías, hay momentos en los que se pierde el control o no se sabe qué pasa, pero todo puede complicarse si no tienen la fortaleza para afrontar esa situación o si el mando no da órdenes para recuperar el control", dijo a Expansión.

"O no los saben mandar y controlar o dan órdenes equivocadas", agregó la experta en profesionalización policial.

Alejandro Hope, estudioso en materia de seguridad, explicó que tanto en México como en otras naciones los policías son capacitados en el uso racional y proporcional de la fuerza, pero la falta de controles internos deja a los uniformados “ante una disyuntiva: o la inacción, la supresión violenta de manifestaciones o una agresión”.

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“En términos de la norma, ha habido avances durante la década en cuanto a capacitación de derechos humanos, el uso de la fuerza, pero es difícil saber si eso se está aplicando en el terreno”, comentó en entrevista.

Para el analista, lo que falta para que no se repitan este tipo de hechos violentos es el mejoramiento de los controles internos y la vigilancia externa.

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Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, coincidió en señalar que aunque formalmente hay cuerpos policiacos capacitados en el uso proporcional de la fuerza, estas acciones no siempre se utilizan de acuerdo con los protocolos internacionales de derechos humanos, por lo que se pronunció por imponer sanciones a las cadenas de mando que incumplan con su trabajo.

“Ante los abusos, raramente existen consecuencias, no solamente para los policías que directamente se ven involucrados en el mal uso de la fuerza, sino también los superiores. Muchas veces el hilo revienta por lo más delgado: el policía, pero no se investiga por qué sucedió. Y esto se repite en todo el país, lo hemos visto en distintos hechos, en distintas protestas”, aseveró.

La Unidad de Asuntos Internos y la Inspectoría General de la Policía Federal continúan con la investigación para esclarecer los hechos de Nochixtlán, informó este miércoles la Comisión Nacional de Seguridad.

Aunque las autoridades federales informaron en un primer momento que los agentes que participaron en el desalojo de los profesores inconformes con la reforma educativa no llevaban armas, imágenes publicadas por distintas agencias informativas muestran a elementos disparando. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, dijo que “un grupo de personas distintas al movimiento magisterial” disparó contra civiles, maestros y agentes. El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, por su parte, señaló como responsables a organizaciones sociales.

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Luego de los hechos violentos, el gobierno federal abrió una mesa de diálogo e incluso ofreció sus condolencias a los deudos de las personas fallecidas.

El coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, afirmó que en desalojos violentos como el de San Salvador Atenco (2006) o San Francisco Xochicuautla (2016), ambos en el Estado de México, los cuerpos de seguridad han llegado con la orden de reprimir.

“No es que se salga de control la situación; lo que vemos es que cuando llega la Policía Federal es que va a haber un actuar totalmente violatorio de derechos humanos”, aseveró el abogado, quien ha prestado acompañamiento a estos casos.

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