Y 10 años después... El Congreso de NL "descongela" las cuentas públicas

Diputados acusan irregularidades por entre 14,000 y 17,000 mdp, derivadas de las auditorías a los sexenios de González Parás y Rodrigo Medina, pero según la ley solo éste último podría ser sancionado.
10 años de cuentas públicas en la opacidad  El Congreso de Nuevo León revisará los documentos, aunque solo en las de 2010 a 2014 podrán fincarse responsabilidades.  (Foto: iStock)
Por: FÉLIX CÓRDOVA
MONTERREY (Expansión) -

Los 42 diputados que conforman el Poder Legislativo de Nuevo León sacarán de la “congeladora” cerca 30 cuentas públicas de gobiernos estatales con rezago de hasta 10 años de antigüedad en la sesión extraordinaria del próximo 24 de agosto, pero solo de las que van del 2010 a 2014 –es decir las correspondientes al gobierno de Rodrigo Medina– se podrán fincar responsabilidades en caso de que se rechacen por irregularidades.

Los diputados pretenden revisar a contrarreloj los dictámenes que se fueron acumulando desde 2007 y que podrían sumar hasta 17,000 millones de pesos en irregularidades –según legisladores en la entidad– de aspecto normativo, administrativo, técnico y financiero señaladas por la Auditoría Superior del Estado.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García, precisó que en el Legislativo de Nuevo León hay 18 cuentas públicas “congeladas” que pertenecen a la administración del exgobernador Natividad González Parás (2003-2009); 14 del exmandatario Rodrigo Medina (2009-2015), y otras 14 cuentas públicas no revisadas de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes (2012-2015).

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Sin embargo, la Ley de Fiscalización de Nuevo León no permite fincar responsabilidades en contra de todo los exfuncionarios que se encuentren involucrados, debido a que algunas revisiones datan de 2007 y la legislación precisa que tienen vigencia de un lustro.

“Las facultades de la Auditoría General del Estado para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere el Titulo Cuarto Sección Segunda y Tercera de esta Ley prescribirán en 5 años”, señala el artículo 76 de la ley en comento.

La exdiputada federal por el PRD, Liliana Flores Benavides, demandó que la ASE cuente con autonomía para que una vez detectando irregularidades se proceda inmediatamente a fincar responsabilidades administrativas o penales a los involucrados y evitar que expira la validez de posibles sanciones.

“Más de decir un mercado negro, los legisladores se han convertido en materia de revisión de cuentas públicas en encubridores y validadores de actos ilícitos”, afirmó sobre el rezago que tienen las cuentas públicas que no han sido revisadas.

El diputado del PRI y presidente de la Comisión de Hacienda, Eugenio Montiel, aseguró que en el caso de que se rechacen las cuentas públicas de los exmandatarios, se instruirá a la Auditoría Superior del Estado para que proceda con sanciones vía administrativa o penal.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano afirmó que emitirán una posición como bancada para exigir que se rechacen las revisiones de las dos administraciones estatales pasadas.

En los últimos años, el PRI y el PAN han tenido mayoría en el Congreso. En la presente Legislatura hay 16 diputados del PRI, 17 del PAN, dos de Movimiento Ciudadano, dos del Partido Verde Ecologista, uno de Nueva Alianza, uno del Partido del Trabajo y tres de la bancada independiente. Para reprobar o aprobar las cuentas públicas rezagadas se necesitan de al menos 22 votos.

Flores Benavides aseguró que a lo largo de los años las principales bancadas –PRI y PAN– han manejado las cuentas públicas conforme a su propio beneficio dándoles un tinte político.

“En el fondo (las cuentas públicas) se politizan para cubrir asuntos ilícitos o sirve como tarjeta de cambio, como ‘tú me pasas (apruebas) estos dos municipios, si tú me pasas estos otros”, dijo la también excandidata a la gubernatura de Nuevo León.

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La danza de las cifras

Los legisladores Samuel García y el independiente Jorge Blanco aseguraron que las anomalías van desde los 14,000 a los 17,000 millones de pesos en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado en dependencias paraestatales y del gobierno central.

El diputado Eugenio Montiel afirmó que solo es de 10 millones de pesos y que la diferencia entre las cifras corresponde a errores y malas interpretaciones en la revisión de los expedientes por parte del fallecido auditor, Sergio Marenco Sánchez.

“(…) Espulgando las cuentas públicas te das cuenta que hay muchos errores de cálculo y hay observaciones que son contables y las toman como irregularidades de desvíos de recursos y por lo tanto ni aplica. Yo así a ojo de pájaro, revisando y quitando todos estos errores, no llegan ni a 10 millones”, comentó.

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En opinión del legislador de la bancada independiente, Jorge Blanco, existe la posibilidad de que los diputados no quieran revisar las cuentas porque tienen fallas, pero como es tanta la presión de los ciudadanos ya no pueden detenerlas más.

“Si no las quieren revisar (y pasó casi 10 años) y las tienes ahí congeladas, es porque de cierta manera, o al menos es la lectura que le doy yo, que no quieres revisar algo que viene con fallas”, enfatizó.

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