Un paquete de reformas busca 'aceitar' la maquinaria de la justicia cotidiana
El Senado aprobó este martes reformas a la Constitución para establecer nuevos principios que hagan más accesible la justicia para el ciudadano común en conflictos cotidianos.
Las modificaciones elevan al máximo nivel legal preceptos como los mecanismos alternativos de solución de controversias, simplificación de las regulaciones, cultura cívica, estandarización de procedimientos del derecho civil y el que los servidores públicos deban privilegiar la solución de los conflictos por encima de los formalismos procedimentales. El paquete fue criticado por senadores del PT, quienes consideraron que quita facultades a los gobiernos de los estados.
Los tres dictámenes —dos de los cuales pasaron a revisión a la Cámara de Diputados y otro a los congresos de los estados para su aprobación— surgen de los foros organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto . Estas propuestas ya rindieron frutos, como la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje .
Tras ser promulgadas, el contenido de estas reformas aún deberá llevarse a leyes y reglamentaciones secundarias, donde se detallarán sus alcances.
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A continuación te presentamos en qué consiste cada uno de los dictámenes aprobados.
Justicia ágil
El primer paquete —que por ser un cambio constitucional debe ser aprobado por más de la mitad de los congresos de los estados— pretende mejorar la solución de controversias, la normatividad regulatoria , la cultura cívica, los servicios de Registro Civil e instaurar la justicia itinerante.
La reforma se refiere a establecer vías distintas a los tribunales penales para resolver de manera rápida y efectiva problemas interpersonales; desarrollar una política nacional y una ley general que propicie la calidad de los trámites, los reglamentos y las normas administrativas de todos los niveles de gobierno para cerrar espacios a los conflictos y a la corrupción; impulsar la convivencia diaria a través de una regulación de cultura cívica; desvincular a los jueces con espacios físicos para permitir que la justicia llegue a más comunidades, y armonizar y homologar el funcionamiento de los registros de personas, inmobiliarios, de personas morales y catastros en estados y municipios.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Enrique Burgos, celebró que como parte de estas aprobaciones se contará con un órgano de regulación administrativa.
El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, se pronunció en contra del proyecto, al considerar que atenta contra la autonomía de las entidades federativas al eliminar la libertad de autodeterminación en las funciones de ejercicio e impartición de justicia.
Al respecto, la senadora del PAN Pilar Ortega aseguró que no se ignora a los estados, pues en las leyes secundarias se podrán generar mecanismos para mejorar su aplicación en las localidades.
El fondo sobre la forma
Los senadores también determinaron como principio el que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto por encima de los formalismos procedimentales, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos durante los juicios y demás procedimientos de este tipo.
Este dictamen —aún pendiente de aval por parte de la Cámara de Diputados— faculta además al Congreso para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como una ley general que establezca principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias distintos a los de la materia penal.
El senador Bartlett descalificó que la justicia cotidiana se instruya desde el ámbito federal, al considerar que ésta debe hacerse en los estados.
“Inventar legislación desde aquí es absurdo”, dijo, y equiparó estas modificaciones a “imponerle a los estados instituciones que no conocen y que no quieren tener”.
El último dictamen se refiere a garantizar autonomía a los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, y a establecer la competencia de los tribunales locales en esta materia para resolver conflictos laborales en dichos órganos. Esta última reforma también requiere el respaldo de la Cámara baja, antes de ir a los estados para su ratificación.
