El comité anticorrupción rechaza pedir al gobierno información sobre Pegasus

Los titulares de la SFP, del TFJA, del Inai y de la ASF, y el representante de la Judicatura, se pronunciaron en contra de requerir datos del programa presuntamente usado para espiar ciudadanos.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana y también del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard (al centro), fue la única que votó a favor de que se solicite a las autoridades ampliar la información sobre el spyware.
El cónclave anticorrupción  La presidenta del Comité de Participación Ciudadana y también del Comité Coordinador, Jacqueline Peschard (al centro), fue la única que votó a favor de que se solicite a las autoridades ampliar la información sobre el spyware.  (Foto: Tomada de @INAImexico )
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Cinco de los seis actuales integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazaron una propuesta del Comité de Participación Ciudadana del propio SNA para solicitar al gobierno federal información sobre el software Pegasus y, con ello, investigar los señalamientos en el sentido de que este programa informático fue usado para espiar a académicos, activistas y periodistas.

La negativa ocurrió este lunes en una sesión del Comité Coordinador, donde quienes votaron en contra del planteamiento fueron el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Carlos Chaurand; el representante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Alfonso Pérez Daza; el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal; el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia (Inai), Francisco Javier Acuña, y la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, quien ha sido cuestionada porque, según documentos revelados por la prensa, fue durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la Repúbica (PGR) cuando se operó Pegasus.

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El único voto a favor dentro del Comité Coordinador —en el que la silla del fiscal anticorrupción sigue vacía— fue el de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jacqueline Peschard, que fue quien llevó la idea a la mesa.

Quienes votaron en contra del planteamiento argumentaron que los señalamientos sobre el presunto espionaje de funcionarios federales a ciudadanos hasta ahora no constituyen un acto de corrupción como tal.

Tanto Chaurand como Pérez Daza dijeron que toca a las autoridades pertinentes, en este caso la PGR, realizar las investigaciones correspondientes.

"Las autoridades competentes podrán, a través de mecanismos legales, hacer las investigaciones correspondientes para ver si efectivamente el ilícito de las intervenciones se da", dijo el presidente del TFJA.


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El comisionado presidente del Inai aseguró que el exhorto era improcedente porque el espionaje está tipificado en el Código Penal Federal como una intervención de comunicaciones privadas y no como un acto de corrupción.

En un comunicado, señaló que, a pesar de este rechazo, todos los integrantes del Comité Coordinador reprobaron el presunto espionaje, y se pronunciaron a favor de que se esclarezcan los hechos a la brevedad y se llegue hasta las últimas consecuencias.

Acuña agregó que, una vez concluida la indagatoria, si se determina que existen hechos relacionados con actos de corrupción, entonces el Comité Coordinador contará con los elementos necesarios para emitir un exhorto y solicitar información a la instancia competente, para que los hechos sean aclarados públicamente.

El 19 de junio pasado, el diario The New York Times y organizaciones civiles revelaron que el spyware, sólo vendido a gobiernos, fue usado contra figuras públicas como los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret, así como defensores de derechos humanos.

Desde entonces diversas voces han solicitado mayor información sobre el costo de este software, las dependencias que lo poseen y el uso que se le da. A su vez, la PGR pidió la colaboración de un equipo externo para acompañar las investigaciones, pero no se han dado a conocer los montos y cómo se han utilizado estas tecnologías.

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció en un acto público que el gobierno ha comprado equipo de este tipo, pero rechazó que se le dé un uso contrario para el que se adquirió, es decir, el de combate al crimen organizado y garantizar la seguridad del país.

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