La PGR ante el caso Lozoya-Odebrecht: ¿qué ha hecho (y qué debería hacer)?

El desempeño de la Procuraduría en la investigación de la trama de corrupción que podría alcanzar a políticos de alto nivel genera dudas. Expertos señalan qué pasos pueden tomar las autoridades.
Exfuncionario  Emilio Lozoya formó parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y dirigió Pemex durante los primeros cuatro años de este sexenio.  (Foto: Reuters)
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El papel que tendrá la Procuraduría General de la República (PGR) en el esclarecimiento del caso Odebrecht es aún un misterio sin resolver.

La dependencia encabezada por Raúl Cervantes encara el reto de investigar los señalamientos de ejecutivos de la empresa constructora brasileña en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de cuestionamientos de la opinión pública y la oposición por un posible conflicto de interés en el armado del expediente, pues el exfuncionario y Cervantes fueron compañeros tanto en el gabinete federal como en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Mientras Lozoya niega haber recibido sobornos de Odebrecht —como declararon los directivos de la compañía—, se prevé que el tema de hasta dónde llegó esta red de corrupción mantenga a la administración de Peña Nieto 'en el ojo huracán' hasta la elección presidencial del próximo año.

"Estamos en un año preelectoral, no solamente el más importante dentro de los últimos 30 años, sino donde la bandera anticorrupción la han utilizado todos los partidos políticos —quizá algunos de ellos sin calidad moral—, y esta 'prudencia política' (de parte del gobierno) se ha utilizado en este caso porque pudiera haber algún riesgo, en el caso de que se acreditara a algunos de los involucrados su participación real en un tema delictuoso", dice a Expansión Ricardo Peralta, académico de la UNAM y candidato a fiscal anticorrupción.

La relevancia del caso se cifra en casi 800 millones de dólares entregados en sobornos a altos funcionarios en una docena de países, incluido México, de acuerdo con las confesiones de los exdirectivos de Odebrecht, quienes optaron por colaborar con los gobiernos que corrompieron para hacerse de contratos millonarios.

Las acusaciones han llevado a prisión a políticos de América Latina, e incluso han salpicado campañas presidenciales en países como Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Brasil. Otro elemento que levanta controversia es que Lozoya presuntamente recibió los primeros pagos mientras formaba parte de la coordinación del equipo del actual mandatario mexicano.

"Este caso tiene más implicaciones que un simple soborno a un funcionario de alto nivel que otorgó un contrato. Uno de los temas más interesantes de este caso es que, según refieren los propios testigos, el primer soborno se otorgó cuando este funcionario aún no era servidor público y era un miembro importante de la campaña del ahora presidente. Es el modus operandi de Odebrecht en todo el continente: apostaban a personas que podían llegar a altos cargos, y lo hacían pensando en que después obtendrían un importante contrato o una serie de contratos y tratos preferenciales”, dice Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Además, la pesquisa encara el reto de la colaboración con Brasil, desde donde la información no ha fluido debido a que las autoridades del país sudamericano exigen garantías de no castigo para los involucrados que han accedido a cooperar, mientras que la PGR ha enfatizado que "bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los exfuncionarios y/o funcionarios públicos involucrados".

¿Cómo integrará la PGR la indagatoria sobre el exdirector de Pemex, cuya gestión (2012-2016) quedó marcada por números rojos y escándalos de excesos y mala administración —que se suman a las suspicacias derivadas de que Lozoya formó parte del consejo de administración de OHL, otra compañía señalada de corrupción—? Tres expertos hablan a Expansión de este caso, así como de qué lecciones puede dejar a México en su cruzada anticorrupción.

El origen

La red de corrupción de Odebrecht fue desvelada a partir de la operación brasileña denominada Lava Jato, a partir de la cual se desató un escándalo a nivel continental, investigado incluso en EU. Luego de que los investigadores brasileños cercaron a los altos directivos de Odebrecht, éstos prefirieron contribuir a desmantelar su red de 'propinas' y beneficiarse de la figura de "declaración premiada", similar a la de testigos protegidos, para reducir sus posibles sanciones.

"Es parte de una legislación que otorga esa reducción de penas a todos aquellos que colaboren con la justicia brasileña delatando a toda la red de corrupción, en este caso de Odebrecht, señalando cómo fueron las operaciones que fueron realizando, siempre y cuando esa información ayude no solamente a establecer los vínculos entre los delatores y los delatados, sino que también ayude a la recuperación de activos, que es el punto más importante de la delación", explica Peralta.

¿La PGR podría recurrir a un acuerdo similar para desentrañar qué ocurrió en México?

"México no tiene, como tal, esos alcances de colaboración premiada, México tiene el artículo 256 y 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene que ver con los criterios de oportunidad, que forma parte de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Tiene que ver con algo similar: las personas que se encuentran involucradas en la investigación de un delito pueden hacer un convenio con la institución que los está investigando. Hay una serie de requisitos para poder ser parte, entre ellos, que no sea un delito grave ni merezca prisión", abunda el abogado.

El empleo de este mecanismo, agrega Peralta —quien destaca la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia de Lozoya, y que se requieren más elementos de prueba para establecer responsabilidades—, tendría como beneficio la restitución del dinero supuestamente mal habido para resarcir el daño. Pero, a diferencia de otros países que han conseguido una colaboración efectiva con la fiscalía de Brasil, en México el proceso no ha sucedido de esta manera.

"El caso de México es único, porque se sabe que en el resto de los 11 países no solamente hay investigación, sino hay personas detenidas, y que precisamente para poder participar de esta colaboración premiada tienen que estar sujetas a un proceso", precisa.

'Follow the money'

José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), ofrece más tips: recurrir a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas o activos que, ante los indicios de lavado de dinero, pudieran desvanecerse.

"Existen diversas formas de asegurar bienes con medidas de protección que puede solicitar el Ministerio Público a un juez de control, para que no se dilapiden esos bienes probablemente producto de un delito, y en el área administrativa hay que recordar que los actos de corrupción van muy ligados al lavado de dinero", comenta.

Fernández de Cevallos, otro candidato a fiscal anticorrupción, resalta la necesidad de contar con unidades especializadas en análisis financiero, contable, corporativo y empresarial para seguir los flujos de dinero, con autonomía política y conocimiento en la materia, condiciones que —a juicio del experto— no reúne la PGR.

"Es fundamental que la Fiscalía Anticorrupción tenga a un fiscal que no tenga ni vínculos con partidos ni con personas dentro del poder, y que se le dote de una efectiva autonomía (...) ¿Qué se espera de una actuación de la Procuraduría? Honestamente, el descrédito que existe de las instituciones y esa percepción generalizada de la ciudadanía es que, a final de cuentas, todo se pueda traducir en un nuevo acto de corrupción", asegura.

El fiscal es apenas un eslabón del recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), entre cuyos propósitos está evitar este tipo de casos, así como identificar a los responsables y llevarlos ante los jueces.

"Es un buen intento hasta ahora el SNA, pero desgraciadamente la falta de voluntad política, como hemos visto, lo ha dejado en eso. Un sistema que, formalmente en ley, existe y puede ser bueno; sin embargo, es poco operativo por esa falta de fiscal anticorrupción y de magistrados especializados en combate a la corrupción", manifiesta Fernández de Cevallos, quien agrega que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también debería intervenir ante la posibilidad de que este supuesto dinero pudiera haber llegado a las campañas.

¿Qué se puede hacer?

Ante las dificultades de colaboración con las autoridades de Brasil, el especialista Max Kaiser recuerda que México puede activar canales diplomáticos, al contar con tratados firmados con organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la ONU, que implican cooperación internacional.

"Una de las primeras cosas que tendría que estar haciendo la PGR es utilizar los distintos acuerdos que tiene en el mundo para solicitar a las autoridades brasileñas toda la información necesaria respecto de las operaciones de esta empresa en México", urge.

"La PGR, a través de estas dos convenciones, más lo que ya conoce de los medios, más lo que puede hacer con sus propias investigaciones, debería ya tener elementos suficientes por lo menos para empezar a procesar a los distintos involucrados", añade Kaiser, al mencionar que ya se han revelado cuentas, bancos, fechas, lugares, nombres y empresas fantasma presuntamente participantes en el esquema.

Kaiser insiste en que la falta de cooperación es algo "extraño o ilógico", pues en otros países las investigaciones han avanzado "de manera acelerada".

"La autoridad brasileña es la primera interesada en aportar pruebas para que las autoridades de otros países los ayuden a acabar de generar consecuencias sobre este caso. Las autoridades brasileñas han provocado en otros países que se actúe rápido y con contundencia en contra de los posibles responsables, y me parece que lo que esto hace es completar su caso", detalla.

El experto cuestiona la utilidad de hacer declarar o detener a los señalados, al aseverar que éstos se dirían inocentes, y subraya que es más importante averiguar quién más se enteró de estos hipotéticos sobornos o si éstos fueron solamente fue para Lozoya.

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"La corrupción es un tema de redes, no es un fenómeno en que una persona perversa se hace de millones de dólares solo porque puede y se los puede gastar", afirma.

Y de vuelta al tema de la colaboración con los participantes en los supuestos sobornos, concluye: "En este momento, lo que deberían hacer las autoridades es ocuparse de identificar a la red y buscar que dentro de la red haya quien quiera colaborar para acabar de armar el caso en México. Es la gran lección que nos dan los brasileños en este caso. No llegaron directamente con el dueño de la empresa, fueron cercándolo a través de la investigación en las distintas áreas, hasta que alguien se quebró y se empezaron a quebrar todos hasta llegar al armado de la investigación completa".

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