Expertos ven tráfico de influencias en vuelos de Borge a empresas de políticos

Los funcionarios y dueños de empresas que se beneficiaron con recursos públicos de los servicios aéreos que prestaron al anterior gobierno de Roberto Borge, en QRoo, podrían incurrir en este delito.
En la mira  Empresas ligadas a los senadores Ricardo Urzúa y Félix González fueron beneficiadas por los vuelos millonarios contratados durante la administración de Roberto Borge.  (Foto: Especial)
ARIADNA ORTEGA
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Los millonarios taxis aéreos que se pagaron durante la administración de Roberto Borge en Quintana Roo y con los que se benefició a empresas pertenecientes o cercanas a los senadores Félix González Canto y Ricardo Urzúa, del PRI, podría constituir el delito de tráfico de influencias, consideraron expertos en transparencia y rendición de cuentas.

El lunes Expansión publicó la tercera entrega de una serie de reportajes sobre cómo durante la administración de Borge —quien se encuentra recluido en Panamá— se pagaron más de 1,000 millones de pesos en contrataciones de vuelos para trasladar a la clase política del estado y entre las beneficiarias se encuentran Servicios Aéreos Milenio SA de CV , empresa del senador Urzúa y sus hermanos, así como Linea Aéreas del Mayab SA de CV, firma que fue fundada por la hermana del senador y exgobernador del Quintana Roo, Félix González Canto.

“El que existan gobernadores que contratan empresas de funcionarios de otros gobiernos, podría constituir una red de tráfico de influencias”, afirmó Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana, al explicar que se debe investigar un posible configuración del delito de tráfico de influencias y no de conflicto de intereses.

Lee: Los vuelos millonarios de Roberto Borge y sus empresas favoritas

En el caso de Servicios Aéreos Milenio SA de CV, la empresa en que es socio mayoritario el senador Urzúa, recibió 101.2 millones de pesos por “taxis aéreos”; mientras que Líneas Aéreas del Mayab SA de CV, la empresa ligada a la familia Canto, recibió 9.6 millones de pesos.

Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), coincidió con Bohórquez en que el otorgamiento de servicio, sin contratos de por medio, es cuestionable por el tráfico de influencias que representa.

“Aquí hay tráfico de influencias para generar contratos multimillonarios para proveer servicios aéreos, que además son desvío de recursos porque se ponen a disposición de amigos y familiares que nada tienen que ver con el ejercicio del cargo de gobernador”, dijo a Expansión.

En el caso del exgobernador González Canto, él fue beneficiario directo con al menos 142 vuelos realizados en los aviones propiedad de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos SA de CV (Vip Sasesa) y otros más realizados por su padre y su esposa con cargo al erario de Quintana Roo.

La ruta de las investigaciones

Los especialistas en temas de corrupción y transparencia consideran que ya teniendo la pista de cómo se conformó esta red de posible corrupción en el estado y quienes participaron, corresponde a las autoridades seguir la ruta para poder castigar a todos los que se beneficiaron.

“Si realmente se documenta bien es evidentemente que los exgobernadores no actuaron solos, actuaron una red de cómplices que no son suficientemente visibles para el ojo público, es muy fácil personalizar, pero todos tienen que ser llamados a cuentas”, dijo Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.

El miércoles pasado Expansión también publicó que durante del gobierno de Borge se conformó una red de más de 50 personas entre exfuncionarios, empresarios y particulares que con mayor o menor participación —y en algunos casos omisión— habrían desviado 16,000 millones de pesos.

Primera entrega: Los piratas de Borge y el robo del tesoro de 16,000 mdp

En ese sentido, dijo, se debe investigar a fondo quiénes y cómo participaron en la cadena de la red de corrupción, porque generalmente "este tipo de personajes" –como Roberto Borge– no actúan solos.

En el caso del senador Urzúa, él rechazó las acusaciones y explicó a Expansión que dejó de ser director de la empresa para no caer en conflicto de interés. “Estoy fuera. Yo puedo ser empresario y político como lo soy, y si en un momento determinado yo no estoy de alguna manera incluido en dar un servicio a la sociedad. Si yo soy dueño de un hotel, por decirlo así, y se hospedan políticos, se hospeda gente particular, ¿qué conflicto de interés puede haber?”, expresó.

Al respecto, Alejandro González, director de la organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesosc), señaló que no se necesita estar en el consejo de administración para reconfigurar una falta, lo único que tienes que hacer es ser socio y si se beneficia de ello, es causa suficiente. “Por supuesto que hay un conflicto de interés, no es lo que él piense, hay una nueva norma tipifica el conflicto de interés y él está cayendo en eso. Hay una norma, que es una ley general que le aplica a todos”, comentó en referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emanada del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El senador Urzúa es miembro de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara alta.

Segunda entrega: El programa fachada de Borge para desviar recursos del campo

Contrataciones abiertas

Un reporte legislativo, en poder de Expansión, detalla que no existen contratos por los servicios que prestó la compañía ligada al legislador priista, a lo que éste y el representante de la empresas paraestatal VIP Saesa —que contrataba a las empresas— respondieron que no hay contratos porque el servicio se solicitaba de manera "espontánea" en algunas ocasiones.

Para Kaiser, esto es ”absolutamente ridículo”, pues ninguna contratación del gobierno se puede hacer a través de acuerdos verbales, a menos que los contratos estuvieran así determinados, como contratos abiertos para solicitudes de manera genérica.

“Si esto era así (como explicaron), esto también es un grandísimo error, es decir, esto también podría generar faltas administrativas o inclusive delitos porque el gobierno no puede tener contratos abiertos para poder ser utilizados y manipulados como sea, los contratos deben tener las especificaciones del bien o servicio a proveer, cuáles son los límites, quién lo puede contratar para qué tipo de cosas”, detalló.

El director de Transparencia Mexicana reiteró que esto ha sido una constante en el caso de muchos gobernadores que se resisten a abrir sus contrataciones, lo que complica o hace imposible saber con quiénes son los verdaderos dueños. Por ello consideró indispensable, impulsar contrataciones más abiertas en los estados y revisar a profundidad sus marcos legales para sancionar firmemente el tráfico de influencias.

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