Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, la sociedad mexicana se volcó a las calles y a las donatarias para apoyar en la emergencia y en las labores de reconstrucción, pero siete de cada 10 iniciativas para donar no aclaran el destino de los fondos que junten, revela una investigación de la Alianza por la Diversidad y la Inclusión (ADIL).
Ante el apoyo de la población y las estrategias de empresas y organizaciones civiles, México carece de un organismo que verifique que cada campaña de donación entregue los recursos recibidos, ni los que se comprometió a dar, si se considera que muchas empresas emplean un esquema de por cada peso que se aporte, dona uno o más.
El estudio de ADIL analizó la comunicación de 140 iniciativas, la mayoría mexicanas, de empresas, asociaciones civiles y crowdfunding enfocados a ayudar a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre.
El análisis revela que 35% de esas iniciativas ha hecho pública la meta económica que busca alcanzar. Más de la mitad (65%) no tienen una fecha de vigencia para recibir recursos y solo 3% habían cerrado su recaudación el fin de apenas terminado.
Pese a que la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla beneficios para las personas físicas y morales que hagan donaciones, del total de las iniciativas analizadas por ADIL, solo una de cada 10 señala explícitamente que entrega un recibo para de deducir impuestos. La mayoría se trata de organizaciones de la sociedad civil.
“Conocer el monto y destino de los recursos que ciudadanos, consumidores, clientes o empresas hacen es la única forma de mantener vivo el espíritu solidario y asegurar la confianza en la reconstrucción tras los sismos”, dijo en entrevista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Se consultó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) si cae en su terreno la verificación de estas campañas, pero lo descartó al asegurar que no tiene facultades toda vez que no se trata de una relación comercial en la que exista un cliente.
Bohórquez, consideró que no solo no hay un dato agregado de los fondos invertidos por las empresas involucradas en la reconstrucción, sino que “tampoco hay un mecanismo de rendición de cuentas que permita saber a quién se entregaron los recursos, bajo qué criterios y en qué condiciones”.
Millones ya han sido donados
El estudio de ADIL estima, según el tráfico de clientes de las empresas (bancos, supermercados, cines y tarjetahabientes), que hasta el pasado 27 de septiembre más de un millón de personas habían hecho donaciones y que el dinero recaudado podría alcanzar los 10 millones de dólares (mdd).
Tan solo en las 49 iniciativas de crowdfunding detectadas por el estudio, que descartó campañas enfocadas a la ayuda de una sola persona o familia, la semana pasada ya habían reunido 3.3 mdd de los 5.6 mdd que se tienen de meta.
El estudio de ADIL encontró que del 26% de las iniciativas que han fijado el destino de los recursos recaudados, el 43% es para la Cruz Roja, mientras que 5% será para los Topos.
Bohórquez mencionó que Transparencia Mexicana alista una base de datos con todas las organizaciones, fundaciones y fondos que se van a destinar a la reconstrucción, empezando por el fideicomiso Fuerza México.
“Instalamos un grupo de trabajo entre organizaciones civiles para compartir información, solicitar información adicional, y mejorar la coordinación tanto con el gobierno, como entre las propias organizaciones y fundaciones que trabajan el tema. La plataforma de coordinación se llama #Epicentro”, dijo Bohórquez.