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La Coparmex propone crear Ley de Muerte Política para funcionarios corruptos

La Coparmex de la Ciudad de México dice que el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio.
mar 03 octubre 2017 04:12 PM
Muerte política
Jesús Padilla Presidente de la Coparmex de la Ciudad de México. (Foto: Cortesía Coparmex)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México propuso crear una “Ley de Muerte Política” para funcionarios “vinculados a proceso y sentenciados” por actos de corrupción.

A través de un comunicado, el organismo señaló que eventos como los sismos que sacudieron el país en septiembre pusieron en tela de juicio las acciones de servidores públicos a nivel nacional, aunque no existe una legislación que inhabilite de por vida a quien sea declarado culpable de corrupción.

“En la actualidad, el corrupto afronta la vergüenza temporal y hasta se ríe en público de sus captores y sus detractores porque sabe que la pena no pasará del desprestigio público que remediará, posteriormente, con el dinero obtenido de forma ilegal y un electorado ‘comprado’ o el compadrazgo”, acusa la organización.

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Por ello, la Coparmex solicitó a los legisladores que se contemple una “ley que restrinja de todos sus derechos para ser votado y a participar en la administración pública”, a los ciudadanos sobre quienes pese cualquier sentencia por actos corruptos, finaliza el comunicado.

El caso Rébsamen

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Luego de las acusaciones sobre las presuntas irregularidades que propiciaron el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen que dejó decenas de niños muertos tras el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, presentó una denuncia contra quien resulte responsable de haber dado el visto bueno a la estructura de la escuela.

La denuncia de Sheinbaum está dirigida principalmente contra el director general Jurídico y de Gobierno a cargo durante 2010, Alejandro Zepeda Rodríguez; el director general Jurídico y de Gobierno que ejercía durante 2014, Miguel Ángel Guerrero López, y contra la dueña de la escuela, Mónica García Villegas, por corresponsabilidad.

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"En el caso de que haya responsabilidad, vamos a actuar de la misma manera, contra el director responsable de Obras y el corresponsable de Seguridad Estructural, que a la autoridad delegacional le dicen de puño y letra que el edificio era seguro", aseveró la política de Morena.
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