El Tribunal Electoral rebaja el rebase de gastos de campaña de Riquelme

El INE debe realizar nuevos cálculos que serán clave para el fallo en torno a la validez de los comicios que el priista ganó en Coahuila; en tanto, el proceso de fiscalización sigue en curso.
En marcha  El proceso electoral de Coahuila aún está en la etapa de fiscalización; además, sigue pendiente la impugnación sobre la validez de los comicios del 4 de junio.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rebajó el monto que el Instituto Nacional Electoral (INE) había determinado como rebase al tope de gastos de la campaña de Miguel Riquelme como candidato del PRI a gobernador de Coahuila.

Los magistrados revocaron tres conceptos que se habían sumado como erogaciones no reportadas, tras el proceso de fiscalización realizado por la autoridad electoral; dicho monto asciende a 1 millón 043,163.97 pesos. Además, la Sala Superior ordenó al Instituto replantear lo relativo a otros tres conceptos.

Aunque aun con los descuentos se mantiene el rebase de la campaña del PRI al tope permitido, los cálculos que deben realizar los consejeros electorales serán clave para determinar si Riquelme —quien ya recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo— superó el umbral de 5% considerado como condición para invalidar la elección, celebrada el pasado 4 de junio. La toma de protesta del nuevo gobernador está programada para el 1 de diciembre.

Los costos eliminados en la sesión de este jueves son por pago de publicidad en Facebook (993,013.96 pesos), un descuento por fallas en una pantalla para un mitin (46,400.01 pesos) y aportaciones para alimentación (3,750 pesos), mismos que totalizan 1 millón 043,163.97 pesos.

La Sala Superior del TEPJF consideró que el INE realizó un análisis “deficiente” al no conseguir comprobar el origen y destino de los gastos supuestamente no reportados, ni su vinculación con actos de campaña, y que además violentó la garantía de audiencia que el PRI tenía para subsanar, aclarar o corregir errores.

“(El INE) transgredió las reglas del debido proceso por no haber dado la oportunidad a los interesados de solventar sus observaciones”, indicó el magistrado José Luis Vargas.

El Instituto también debe emitir una nueva resolución para fundamentar el prorrateo que realizó de algunos gastos compartidos por varios candidatos de la coalición encabezada por el PRI —más el PVEM-Panal y otros partidos locales—, así como lo desembolsado para producción de spots.

“Para efecto de establecer de manera definitiva si hubo rebase o no de topes de gastos de campaña, será necesario que la autoridad administrativa resuelva, conforme a lo ordenado en la sentencia de esta Sala Superior, así como en los procedimientos de fiscalización que están en curso”, destacó la magistrada Mónica Aralí Soto.

El INE había detectado gastos de la campaña de Riquelme por 21 millones 265,478.57 pesos, pero con la determinación del TEPJF el total queda en 20 millones 272,464.61 pesos. El tope determinado por las autoridades electorales fue de 19 millones 242,478.57 pesos, por lo que si los gastos se exceden en 5% (20 millones 204,602.50 pesos), la validez del proceso quedará en entredicho.

La Constitución establece la nulidad de las elecciones si el rebase al límite de gastos permitidos es mayor a 5% y la diferencia entre la votación obtenida por el primero y el segundo lugar es menor a 5%, como fue en el caso de Coahuila, donde el panista Guillermo Anaya —quien también gastó de más— fue superado por 2.5 puntos porcentuales por Riquelme.

La magistrada presenta del TEPJF, Janine Otálora, recordó que aún faltan varias quejas por resolver en la etapa de fiscalización del proceso coahuilense, y que además está en curso en el Tribunal estatal la impugnación sobre la validez de los comicios.

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Riquelme celebró el fallo de los magistrados y aseguró que sus erogaciones fueron acorde con la legalidad.

La campaña del priista y la administración del gobernador saliente, Rubén Moreira, fueron señaladas por la oposición de cometer irregularidades que constituyeron un fraude electoral.

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