Familiares de desaparecidos piden al gobierno federal atraer el caso Coahuila

Una asociación de activistas plantea poner en marcha la nueva ley de desaparición forzada para esclarecer los hechos de Allende y Piedras Negras; un informe cuestiona la inacción de la Federación.
Devastación  En 2014, autoridades de protección civil ordenaron derribar las casas atacadas tres años antes, bajo el argumento de que se estaban cayendo a pedazos.  (Foto: Reuters)
José Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Un nuevo informe académico vuelve a colocar bajo los reflectores los hechos violentos en las localidades de Allende y Piedras Negras, Coahuila, de 2011, por lo que un colectivo de víctimas planteó que el gobierno federal atraiga el caso.

La abogada de la organización Familias unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, Ariana García, pidió a la Federación activar la nueva legislación en la materia —promulgada el jueves por el presidente Enrique Peña Nieto— para intervenir en este caso de hace más de seis años, en el que un número aún indeterminado de personas fue desaparecido en un contexto de supuesta colusión entre autoridades locales y el crimen organizado.

La representante enfatizó que las autoridades tienen pendiente encontrar a los perpetradores materiales, pero también sancionar a quienes por omisión no cumplieron con su deber de proteger a la población.

“Esperamos a partir de hoy, con la promulgación de la ley general en materia de desaparición forzada, que la Federación aplique el principio de atracción en el caso del Allende y del penal de Piedras Negras, porque el Estado ha reconocido la participación de delincuencia organizada e incluso la colusión de servidores públicos”, indicó este martes durante la presentación del reporte El Yugo Zeta, elaborado por investigadores en El Colegio de México (Colmex).

El documento —una reconstrucción de la masacre, elaborada con base en la investigación oficial y testimonios de víctimas, testigos, declaraciones ministeriales y otras fuentes periodísticas y de diversos organismos— señala que el expediente contiene elementos para la intervención del gobierno federal.

“En los hechos de Allende y Piedras Negras abundan los delitos federales. Por lo contenido en los expedientes sabemos que la PGR (Procuraduría General de la República) fue notificada, pero desconocemos las razones por las que no ha atraído el caso. Las capacidades de la PGR, a pesar de sus grandes carencias, son mucho mayores que las de las fiscalías estatales”, menciona el texto en su apartado Recomendaciones para el Estado mexicano.

El coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex, Sergio Aguayo, coincidió en lo general con la propuesta de que el gobierno federal atraiga el caso, pero se pronunció por que el asunto sea revisado a profundidad por abogados.

“De entrada, como analista, me parece que tiene sentido”, dijo en entrevista posterior a la presentación del informe.

La tercera visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ruth Villanueva, resaltó lo relativo a la sanción a los responsables, en particular a los funcionarios que incumplieron con sus obligaciones.

“Ha habido violaciones a los derechos humanos, y esto no puede quedar impune, uno de nuestros grandes problemas ha sido la impunidad (...) El compromiso (de la CNDH) es real: se tiene que visibilizar y que hacer una realidad para que estas condiciones y estos hechos que se han narrado y que están escritos además no vuelvan a repetirse, (que) sean sancionados quienes se tiene que sancionar en el ámbito administrativo y penal, y que tengan que dar cuenta de lo que se hizo en su momento, porque el Estado tenía una obligación que dejó de hacer”, comentó durante el evento la representante del órgano, el cual prepara una recomendación sobre el caso que se prevé sea emitida a finales de año.


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Los hallazgos de este trabajo apuntan que todavía no queda totalmente claro sobre quién recae la responsabilidad de los hechos, debido a que Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila, ha asegurado que el centro penitenciario de Piedras Negras —desde donde operaban los perpetradores de los crímenes— estaba “dirigido por militares bajo las directrices del presidente de la República”, que entonces era Felipe Calderón.

Los hechos

El informe documenta la serie de crímenes cometidos por Los Zetas contra pobladores de Allende y Piedras Negras —en la zona fronteriza con Estados Unidos— en presunta “venganza” por una “traición”, luego de que la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) filtró a autoridades mexicanas el número telefónico de líderes de dicho cártel.

El caso ha atraído la atención a nivel internacional debido a la brutalidad de la embestida contra la población; el informe estima entre 100 y 300 el número de personas asesinadas y fallecidas en lo que llama “la tragedia del norte de Coahuila”, así como más de 1,400 llamadas a los servicios de emergencia entre el 18 y el 22 de marzo de 2011, por motivos que incluyen 46 incendios. Los investigadores documentaron que entre las víctimas hay personas sin relación con las pugnas entre la delincuencia.

“También hay personas que no tienen absolutamente nada que ver con el crimen organizado que aparecen en los expedientes”, afirmó el otro autor del reporte, Jacobo Dayán, investigador de la Universidad Iberoamericana.


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El reporte detalla cómo Los Zetas hicieron de la cárcel de Piedras Negras un lugar “clave en el esquema de negocios y terror”, subsidiado con recursos públicos y con el conocimiento del gobierno federal y estatal.

El documento menciona que las irregularidades en dicho penal iban desde actividades de karaoke y vía libre para entrar y salir de las instalaciones de reclusión, hasta abusos sexuales contra familiares de otros internos, ataques a los custodios, uso del inmueble como “salón de fiestas para grandes bacanales y para esconderse de operativos”, para realizar homicidios —incluidas incineraciones colectivas—, actos de tortura y como “casa de seguridad” para secuestrados; en tanto, los talleres de hojalatería, soldadura y costura estaban al servicio de las necesidades criminales de la banda, entre otras ilegalidades.

En 2011, año de la masacre, la CNDH prendió las ‘luces rojas’ al ponerle cero de calificación, debido a que sus visitadores ni siquiera pudieron acceder a verificar las condiciones, pero esto no tuvo consecuencias.

“A pesar de que a nivel estatal y federal se sabía que el penal era un enclave zeta, nunca se hizo nada”, dijo Dayán.

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