Ecuador ve evasión de América Móvil

El gobierno de ese país sospecha del delito por la baja tributación y las altas ganancias de Po la filial de América Móvil en Ecuador rechazó las acusaciones y defendió sus declaraciones.
QUITO (CNN) -

El gobierno de Ecuador indicó que encontró indicios de que la telefónica móvil Porta evade y elude impuestos, en un nuevo problema para la filial de la mexicana América Móvil, que enfrenta un proceso administrativo que podría terminar en el retiro de su concesión.

El anuncio se produce mientras la compañía batalla para mantener sus operaciones, tras la demanda de la Superintendencia de Telecomunicaciones, regulador técnico del sector, para que se cancele su contrato por sus supuestos deficientes servicios y altas tarifas.

"Presumimos, por ser tan baja la tributación (de Porta), que algo malo está ocurriendo, que algún error se está cometiendo (...) Es que los borradores preliminares están estableciendo importantes diferencias a favor del Estado", dijo el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco.

Al ser consultado respecto a si estas investigaciones concluirían que la empresa incurrió en prácticas para eludir y evadir tributos en sus operaciones en Ecuador, Carrasco respondió que "como diría un capitán, ambas cosas mi coronel".

El organismo considera sospechoso que la empresa, que es la principal firma de telefonía móvil en el país andino con unos 6 millones de clientes, haya pagado en los últimos cuatro años 4 millones de dólares por Impuesto a la Renta (IR), pese a registrar ventas por más de 2,000 millones de dólares.

La autoridad tributaria ha abierto 10 procesos investigación tributaria en contra de Porta por el pago del IR, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y retenciones ilegales en la fuente. La mayor parte de estas indagaciones terminaría en diciembre.

La empresa ha rechazado las acusaciones y defendido sus declaraciones tributarias, pero sus disputas con el SRI podrían complicar las negociaciones que deberá mantener con Quito para continuar con sus operaciones y renovar por 15 años su amenazado contrato de concesión que expira en el 2008.

El pedido de la Superintendencia de Telecomunicaciones para que se declare la caducidad del contrato es analizado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que actúa como la contraparte estatal en las relaciones con las compañías de telefonía fija, móvil y de otros servicios.

Porta tiene 30 días, a partir del 9 de noviembre, para probar que ha cumplido con sus obligaciones con los clientes.

La empresa se encuentra bajo fuego desde que el líder nacionalista Rafael Correa asumió la presidencia del país andino y la criticó por la calidad de sus servicios y sus altas tarifas, que pueden fluctuar hasta alcanzar los 50 centavos de dólar por minuto.

La meta de Correa es conseguir reglas de juego para las telefónicas foráneas, entre las que se incluye Movistar del grupo español Telefónica, que aseguren una valoración adecuada de la concesión, mejores servicios, una mayor carga tributaria y una reducción de las tarifas.

Telefónica también negocia la ampliación de su concesión. Correa ha insistido que si las dos empresas no ceden a sus pedidos no dudará en revertir la concesión.

Los anteriores contratos, en los que existen una serie de garantías a favor de las compañías, incluida la imposibilidad de que el Estado fije directamente tarifas, fueron suscritos a mediados de la década de 1990.

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