EU busca proteger fraudes corporativos

Una iniciativa de ley propone limitar el poder del gobierno contra delincuentes de cuello blanc de aprobarse los fiscales estadounidenses se quedarían sin evidencias.
Las facultades legales en disputa permitieron investigar fra
Robert Schmidt

Con ayuda de los defensores de las libertades civiles, las empresas estadounidenses están a punto de vencer a los fiscales federales y persuadir al Congreso de que limite el poder del gobierno para perseguir acciones de fraudes corporativos.

En la actualidad, los legisladores de ese país consideran un proyecto de ley que, entre otras cosas, prohíbe al gobierno exigir que las compañías revelen conversaciones confidenciales con sus abogados a fin de obtener clemencia en arreglos de alegatos. La legislación propuesta también prohibiría a las agencias federales, entre ellas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), exigir que las firmas despidan o no proporcionen apoyo legal a empleados bajo investigación.

Dichas herramientas fueron cruciales para ayudar a los fiscales estadounidenses a obtener información valiosa en casos difíciles de probar contra WorldCom Inc y Enron Corp. Reducirlas significaría menos investigaciones de este tipo en el futuro, lo que colocaría a los inversionistas en un riesgo mayor.

“Antes de Enron, los fiscales de Estados Unidos nunca habían presentado estos casos y una vez que esta iniciativa sea aprobada, dejarán de hacerlo”, dice Lynn Turner, ex jefe contable de la SEC. “Éste es un mensaje muy claro del Congreso: no toquen a los delincuentes de cuello blanco”.

Los parámetros para los casos corporativos del Departamento de Justicia fueron establecidos cuando la dependencia y la SEC buscaban hacer frente al aumento en el número de escándalos financieros a principios de esta década, al ofrecerles a las empresas clemencia a cambio de cooperación.

En otras palabras, esto normalmente significa que una compañía informa sobre una ilegalidad potencial, realiza su propia investigación interna y renuncia al privilegio entre abogado y cliente. Los fiscales dicen que necesitan esa información confidencial para protegerse de encubrimientos y, en caso de ser necesario, poder congelar activos que, de otra forma, serían ocultados o derrochados.

Arma probada

“No es un secreto que la cooperación de los acusados es una herramienta muy eficaz que necesitamos utilizar para atrapar a los malos”, menciona Karin Immergut, fiscal federal en Oregón y director de una comisión sobre delitos de cuello blanco del Departamento de Justicia estadounidense.

Immergut sostenía que renunciar al privilegio entre abogado y cliente desempeñó un papel vital en el proceso judicial emprendido contra el entonces máximo responsable de WorldCom, Bernard Ebbers, por un fraude de 11,000 millones de dólares –actualmente cumple una condena de 25 años en prisión– y ayudó al gobierno a ubicar y confiscarle 80 millones de dólares al financista Martin Armstrong, quien se declaró culpable de fraude a inversionistas.

Documentos de las empresas contribuyeron también en investigaciones contables a Enron y Adelphia Communications Corp, y ayudaron a condenar a 11 ex ejecutivos en relación con un fraude de 67 millones de dólares en la compañía inmobiliaria en línea Homestore, según el Departamento de Justicia.

Presiones en el capitolio

Renunciar a este privilegio no es obligatorio, pero las empresas dicen que, con frecuencia, su única alternativa es arriesgarse a una acusación que podría destruir su negocio.

“No es así como se supone que debe funcionar el sistema de fiscalización”, opina Susan Hackett de la Asociación de Abogados Corporativos, un grupo en Washington que reúne a los consejeros legales de las empresas.

La campaña para limitar estas tácticas de investigación se vio impulsada el año pasado por el juez federal de distrito Lewis Kaplan, de Nueva York. Kaplan determinó que los fiscales violaban los derechos de ex ejecutivos de KPMG acusados, al presionar a la empresa contable para que dejara de pagar sus honorarios legales. Como resultado, el juez descartó las acusaciones formuladas contra 13 empleados. El gobierno apeló el fallo.

Envalentonados por la victoria, grupos empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos (American Chamber), la Mesa Redonda de Negocios (Business Roundtable) y el grupo de abogados de Hackett lanzaron una ofensiva contra el Congreso para obligar al Departamento de Justicia a moderar sus tácticas de investigación. Los han ayudado la Asociación Estadounidense de Barras de Abogados (American Bar Association) y la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), que enfocan el tema como una cuestión de preservar los derechos de los acusados.

La alianza tiene el apoyo de legisladores demócratas clave, como el presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, de Michigan, cuyo panel aprobó la ley en agosto. Falta ahora la acción del pleno. Mientras tanto, el promotor de un proyecto de ley similar en el Senado, el republicano Alen Specter, de Pensilvania, presiona para que se someta a votación antes de que termine el año.

Aunque el Departamento de Justicia se opone a la iniciativa, ésta se ha visto descarrilada debido al escándalo producido por el despido el año pasado de nueve fiscales federales y la reciente renuncia del procurador general Alberto Gonzales.

El éxodo de altos funcionarios ha dejado a pocos en posición de presentar un caso fuerte contra las propuestas del Congreso. 

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