EU no extraditará directivos de Chiquita
Un ex jefe de un escuadrón paramilitar de ultraderecha admitió el viernes que la compañía de productos agrícolas Chiquita Brands International pagó a esos grupos armados ilegales, pero descartó que Estados Unidos vaya a extraditar a Colombia a directivos de esa firma.
"Para nadie es un secreto, especialmente en la zona de Urabá, que las multinacionales pagaban esos recursos por intermedio de una corporación para el tema de seguridad", dijo a periodistas Fredy Rendón, alias "El Alemán", antiguo comandante del Bloque Elmer Cárdenas.
"Seguramente que nosotros (los jefes paramilitares) podremos terminar extraditados a Estados Unidos, los de Chiquita no", agregó durante una visita de periodistas a la cárcel de alta seguridad en donde permanecen recluidos a la espera de confesar sus delitos y recibir una sentencia de máximo ocho años.
Medios de comunicación denunciaron que los antiguos jefes paramilitares gozaban de lujos y privilegios excesivos en la prisión de Itaguí, cerca de la ciudad de Medellín.
Pero la visita estableció que permanecen en pequeñas celdas con comodidades como teléfonos, computadores, televisores y equipos de sonido autorizados por el Gobierno.
Chiquita se declaró culpable de hacer negocios con una organización terrorista a la que fueron emitidos pagos por 1.7 millones de dólares, entre 1997 y el 2004, a cambio de protección.
La empresa acordó pagar una multa de 25 millones de dólares, algo más de la mitad de las ganancias de sus operaciones en Colombia en el período.
Fiscalía buscará extradiciones
Después de que Chiquita se declaró culpable y aceptó pagar la multa, el fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, anunció que intentará que Estados Unidos extradite a este país a ocho funcionarios del productor agrícola.
Los pagos de la firma estadounidense se produjeron incluso después de que el gobierno de Washington declarara organización terrorista a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia.
Chiquita, que vendió la subsidiaria colombiana en el 2004, aseguró que los grupos armados ilegales hicieron amenazas a sus trabajadores, por lo que pagó para protegerlos de eventuales ataques.
Los paramilitares surgieron en los años de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y empresarios perseguidos por la guerrilla izquierdista.
Esos escuadrones, acusados de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en medio del conflicto interno de más de cuatro décadas, desalojaron a la guerrilla de varias regiones en una violenta confrontación que incluyó crímenes selectivos y masacres.
Los paramilitares establecieron enclaves políticos y militares, en los que gobernaban bajo el poder de sus armas.
Esos grupos armados ilegales iniciaron a mediados del 2003 una negociación de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que permitió que más de 31,000 combatientes entregaran las armas, mientras que sus antiguos comandantes permanecen encarcelados.
