Bananera Chiquita es demandada
Familiares de personas asesinadas por grupos paramilitares de derecha colombianos demandaron a la bananera Chiquita Brands International este jueves por presunto patrocinio de terroristas.
La demanda, presentada de manera anónima por familiares de 144 víctimas, se produce después que la bananera reconoció en marzo que durante años pagó a los paramilitares para que protegieran sus instalaciones más valiosas.
La demanda presentada en una corte federal en Washington este jueves alega que los acusados ''participaron conscientemente de una campaña continua de terror'' contra las víctimas de los paramilitares de ultraderecha a los que pagaron, según reconoció Chiquita, 1.7 millones de dólares (mdd) en el período 1997-2004.
La demanda dice que 10 empleados de Chiquita y su subsidiaria colombiana, a los que no nombran, fueron ''cómplices conscientes de las fuerzas paramilitares'' responsables de 144 asesinatos ''al darles apoyo financiero, armas y ayuda sustancial de otro tipo''.
Entre los acusados figuran cinco altos directivos de Chiquita y un miembro del directorio.
Un abogado de los demandantes, Terry Collingsworth, del Fondo Internacional de Derechos Laborales, dijo que éstos se presentaron en forma anónima porque los paramilitares siguen dominando la región bananera de Urabá donde viven, y ''cada una de estas personas'' teme represalias si se difunden sus nombres.
Collingsworth dijo que cientos más fueron asesinados por paramilitares que recibieron respaldo financiero de Chiquita.
''Nos gustaría ver que a la larga esto derivara en que Chiquita forme un fondo y asuma la responsabilidad completa por las comunidades que devastó'', señaló.
El vocero de Chiquita, Mike Mitchell, indicó que la compañía aún no ha visto la demanda, pero dijo que no desempeñó papel alguno en las actividades de los grupos terroristas, los cuales, afirmó, exigían dinero para garantizar la seguridad de los trabajadores.
''Rechazamos categóricamente las denuncias y reiteramos que Chiquita y sus empleados fueron víctimas'', dijo Mitchell. ''Las medidas tomadas por la compañía en todo momento respondían al motivo de proteger la vida de los empleados y sus familias''.
La compañía aguarda sentencia por el cargo de hacer negocios con una organización terrorista. Por acuerdo con los procuradores, pagaría 25 mdd de multa y no identificaría a los altos directivos que aprobaron los pagos para otorgar protección.
Este acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre los tratos de la empresa con paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda que el gobierno estadounidense califica de terroristas.
Collingsworth consideró que el acuerdo judicial es ''bastante menos que un manotazo en la muñeca'' y dijo que sus clientes están muy molestos de que los fiscales estadounidenses hayan estado dispuestos a ocultar los nombres de los ejecutivos de Chiquita que autorizaron los pagos, los cuales continuaron haciéndolos incluso después de enterarse que eran ilegales.
También dijo que el argumento de Chiquita de que los pagos fueron efectuados solamente para proteger a los trabajadores de la compañía es infundado.
''Algunas compañías en la Alemania nazi hicieron argumentaciones similares y fueron declaradas culpables en los juicios de Nuremberg (por crímenes de guerra). Decían que se les pedía que hicieran negocios con los nazis, que se les ordenaba que aceptaran trabajadores provenientes de los campos de concentración, y así por el estilo'', denunció.
