Pemex paga 20% más por servicios

El tipo de contrato que actualmente utiliza la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) encarece el precio de los servicios que contrata, dice Ernesto Marcos, socio de Marcos y Asociados, una consultora especializada en la industria energética mexicana.

“Pemex está pagando un sobreprecio significativo por el tipo de contratos que usa”, dijo el directivo.

A la fecha, la paraestatal debe ajustarse a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras Públicas para licitar y contratar diversos servicios necesarios para su operación, desde la renta de una plataforma marina de extracción hasta los servicios financieros.

Entre las obligaciones que deben cumplir estos contratos y que los hacen más onerosos destacan dos cláusulas: la de terminación anticipada de la obra y la que dicta que el contratista debe absorber todo el riesgo en caso de un siniestro.

“La ley establece que si cancelas un contrato sólo se paga al contratista los gastos no recuperables”, dijo Luis Miguel Labardini, socio de la consultora. Esto podría suceder si la compañía estatal no contara con el presupuesto suficiente para cubrir el pago de la obra entera. Sin embargo, la metodología para recuperar estos recursos no está clara, lo que aumenta más la percepción de riesgo por parte de los contratistas. “Obviamente, ese riesgo lo toman en consideración al momento de fijar el precio”, dijo Labardini.

Por otra parte, Pemex exige que sus contratistas asuman riesgos desproporcionados, según los consultores. La empresa paraestatal cuenta con pólizas de seguros que lo protegen en caso de contingencias; sin embargo, en lugar de ampliar esa cobertura a las actividades que realizará la empresa contratada, le obligan a contar con su propia póliza, la cual debe cubrir otra vez los riesgos a los que se expone a Pemex.

Entre los cambios que el gobierno federal propone hacer al marco legal bajo el cual opera la paraestatal destaca la posibilidad de que Pemex pueda tener un tipo de contrato más flexible, sin ajustarse a las leyes de contratación que actualmente norman su operación. “A partir de una reforma como la que contiene la iniciativa, Pemex podría proponerse bajar 20% el costo promedio de adquisición de bienes y servicios”, calculó Marcos. A juicio del consultor, esto se lograría por dos vías: un menor costo para los contratistas y una mayor competencia en las licitaciones.

Otro de los cambios trascendentes que propone el Ejecutivo es que Pemex pueda firmar contratos para realizar obras que no podrían definirse en la etapa inicial de un proyecto. La Ley de Obras Públicas ordena que los organismos de gobierno paguen a sus contratistas bajo el esquema denominado de costos unitarios, lo que significa que desde el principio del proyecto se debe calcular qué obras serán necesarias, asignarles un costo y pagarle al contratista sobre estos términos. El problema es que en la industria petrolera, muchos de estos costos se desconocen al principio de los proyectos, cuando se solicita el presupuesto. Este cambio podría atraer más participantes a las licitaciones.

Además, el gobierno federal propuso al Congreso que el pago a los contratistas de Pemex pueda vincularse a los resultados que éste logre. A estos acuerdos los han llamado “contratos de desempeño”.

Hoy, sin embargo, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 prohíbe que los pagos a contratistas se basen en los resultados de las explotaciones, y esta medida se mantiene aún en la nueva iniciativa del gobierno.

Los críticos de las iniciativas de ley propuestas por el gobierno, entre los que se encuentra Cuauhtémoc Cárdenas, aseguran que sería inconstitucional el hecho de que Pemex pague por una obra contratada en función de los resultados logrados. En el caso de las actividades de exploración y producción de petróleo, los detractores equiparan este hecho con los contratos de riesgo, un tipo de acuerdo que está prohibido por ley.

“Se cree que la remuneración variable a los contratistas sería como compartir la renta petrolera”, dice Labardini. “Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque el inversionista calcula su costo de oportunidad para ver si toma o no un contrato de este tipo, pero este costo no toca la renta económica, la que le corresponde siempre al estado”.

El consultor cree que se pueden considerar parámetros distintos a los resultados para medir el desempeño del contratista y que en esa misma medida se les pueda “premiar” con mejores pagos. “Puede haber un incentivo por la productividad, por el uso de tecnologías modernas, porque se terminó más rápido la obra, porque se ahorraron costos… hay muchos conceptos en los que se puede basar el incremento y que no es ni un porcentaje de los productos ni participación de los resultados”.