México quiere proveedores ecológicos

Rafael Sánchez no se da abasto. La venta de papel y productos de cartón reciclado de la empresa capitalina Creartón crece 25% anual. Y en los últimos meses, la demanda de papel reciclado para impresión y escritura de su mayor cliente, el gobierno federal, explotó.

Gracias a un programa institucional de compras verdes, la compañía, fundada en 2000, aprovechó las rendijas que firmas más grandes dejan en el mercado de papel reciclado para vender a dependencias como el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Agricultura, el INEGI y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de otras 10 a las que ya vendía. “La oportunidad de negocios que ha traído el interés (del gobierno) por el desarrollo sustentable es brutal”, comenta Rafael Sánchez, director general de Creartón. Él inició su negocio en 2000, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió hacer compras verdes. Este año espera facturar 10 millones de pesos (mdp), ahora que esa iniciativa se extendió al resto del gobierno federal. El negocio de papel reciclado de Creartón creció 68.5% desde que en marzo arrancó la Ley de Adquisiciones Ambientales y Servicios del sector público, aprobada por el Congreso en abril de 2007.

La ley establece que el papel y la madera que adquieran las 260 entidades y dependencias federales deben cumplir criterios ambientales, además de los de calidad, precio y eficiencia energética. Se exige comprar papel con al menos 50% de fibras recicladas o sustentables y blanqueado libre de cloro. Además, la madera, muebles y suministros de oficina deberán poseer certificados de legalidad y sustentabilidad.

“La idea es generar una nueva demanda de productos de menor impacto sobre el ambiente y propiciar el desarrollo de nuevos productos”, explica Édgar del Villar, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Fomento de Semarnat.

Para la industria podría representar nuevos negocios. “Los productores (podrían) tener un mercado para artículos amigables con el ambiente”, dice Mercedes Irueste, presidenta del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación.

Pero las compras no han explotado, en parte, debido a la falta de información acerca de lo que el gobierno quiere y lo que el mercado puede proveer. Además, en México no hay un sello que distinga a los productos hechos en procesos con menor impacto sobre el ambiente.

“Es una buena oportunidad para que el gobierno desarrolle estándares y ayude a determinar qué es y qué no es verde”, considera José Carlos Fernández, gerente de programa de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA).

Raíces verdes
Las ‘compras verdes’ de gobiernos no son novedad. Si bien hay un retraso de 10 años con respecto al mayor socio de México (Bill Clinton arrancó su programa de Green Procurement en 1997, detonando una industria de más de 200,000 millones de dólares), ya hay una simiente y los negocios pueden hacerla crecer. “Los gobiernos son grandes consumidores y tienen la capacidad de alentar una producción y un consumo sustentables”, comentó Diego Masera, director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en un reciente discurso.

Aunque los nuevos requisitos de compras verdes se limitan a papel y madera, el alcance no es menor. Dos millones de personas que trabajan en la administración pública federal consumen más de 14,600 toneladas de papel al año, informa Semarnat. Según el PNUMA, una tonelada de papel nuevo requiere la tala de 17 árboles, el uso de 50,000 litros de agua y 7,000 KWH de energía eléctrica (suficiente para abastecer una casa por tres años).

Según la Función Pública, en 2007 las compras gubernamentales de materiales y suministros significaron 82,000 millones de pesos. De ello, casi 2,000 millones de pesos se gastaron en productos como madera, materiales básicos de madera, madera laminada, chapeada, muebles de oficina, gabinetes, armarios y estantes. Ése es el mercado al que aspiran las 67 comunidades forestales y empresas que poseen certificados de sustentabilidad.

El árbol o el bosque
“Las dependencias no encuentran a quien comprar y nosotros a quien venderle”, dice Alberto Belmonte, coordinador de la comunidad forestal Ixtlán, en Oaxaca.

Como muchas otras organizaciones, nunca han participado en licitaciones del gobierno federal, pero quieren hacerlo. Podrían vender tablas, tableros, molduras para construcción, además de muebles de oficina y escolares. Las 19,000 hectáreas que tiene la comunidad reciben el sello del Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés).

Estas comunidades no venden con facilidad por estar expuestas a los márgenes del mercado. Según Belmonte, si venden a las grandes cadenas se quedan prácticamente sin utilidad; la comunidad vende mucha madera sin ganancia, debido a lo que pagan por la certificación.

En México hay casi 800,000 hectáreas de bosque certificadas, en manos de 45 comunidades; esto es 1.2% de la superficie boscosa y selvática del país. Además, 22 empresas que transforman la madera tienen el sello de FSC. Éste es un brote que podría crecer. Desde que se publicó el decreto para comprar productos forestales, la demanda de evaluaciones aumentó para Rainforest Alliance México, certificadora de bosques con el sello FSC. “Recibimos hasta cinco llamadas diarias de empresas que quieren certificarse”, apunta Eva Fernández, gerente del grupo.

Los productores ya se preparan. A principios del año, se reunieron unas 30 comunidades forestales de Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, para revisar eventuales contratos con el sector público.

“Debemos ver nuestra capacidad y la oferta para proponérsela al gobierno”, dice Francisco Echavarría, coordinador de la comunidad michoacana San Juan Nuevo Paricutiro, donde se producen 45,000 m3 anuales de tablones de madera certificada, se hacen muebles, que vende en El Palacio de Hierro, y molduras para Home Depot.

El impacto de los nuevos requisitos no es tan visible para las grandes papeleras. Empresas como Scribe, Corporación Durango y Copamex concentran más de 80% de la industria y de las ventas de papel para el gobierno, y todas ellas le venden papel con alguno de los tipos de fibra que ahora exige. Fue la escasez de celulosa la que los llevó a reciclar y utilizar otras fibras.

“No creo que esta medida genere mayores ventas, las dependencias ya usaban estos productos”, abunda Pablo Madero, director del negocio de escritura de Copamex. Pero acepta que muchas empresas tendrán que mejorar sus procesos para no quedar fuera.

La oportunidad de nuevos negocios podría venir de la recolección de papel para reciclar. México sólo usa 45% del papel usado, el resto lo tiene que importar.

Los abrojos
La aplicación de la ley no ha sido fácil. “No hay estándares que den margen a las áreas técnicas para discriminar entre productos ofertados”, añade Fernández, de la Comisión para la Cooperación Ambiental.

En abril, la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) declaró desierta una licitación de materiales de oficina “por falta de licitantes que cumplieran con la certificación ambiental”. En la siguiente convocatoria fueron eliminados lápices de madera por falta de certificados.

“El gobierno pide ciertos requisitos pero demostrarlo es problema del empresario”, observa Mercedes Irueste, del IMNC.

A falta de una norma mexicana, en el caso de la madera, el gobierno dio cabida a los productos con certificación FSC o que provinieran de bosques con un manejo autorizado por la Semarnat. Para el papel, el gobierno está recurriendo a la buena fe de los licitantes: una carta que declare, bajo protesta, decir la verdad. Otros prefieren acudir a terceros. Copamex pidió a un experto en reciclaje de la Universidad de Guadalajara hacer una auditoría de sus procesos.

El tema hizo que el gobierno federal metiera el acelerador para cubrir el vacío. Ya existe un proyecto de norma para el papel reciclado y empezó los trabajos para la creación de una norma que certifique el manejo sustentable de bosques. “La sociedad requiere que le digan qué es verde y qué no, alguien con calidad moral”, dice Del Villar, de Semarnat.

En sí, la mejor oportunidad de las nuevas disposiciones es para ordenar el naciente mercado sustentable. Según Karla Gallardo, directora de la aceleradora de negocios New Ventures, la mesa está puesta para generar nuevos proyectos. “El mercado pide más productos, la necesidad ambiental es clara y existen fondos verdes”.

Sólo hay que tomar reservas: el gobierno no se caracteriza por ser un rápido pagador.