Argentina y Marsans disputan aerolíneas
El grupo español Marsans, que controla Aerolíneas Argentinas y a su filial de cabotaje Austral, acusó el martes al Gobierno del país sudamericano de querer confiscar ambas empresas, luego de que diputados oficialistas presentaran un proyecto de ley para expropiarlas. La larga disputa entre el estado argentino y los dueños de la aerolínea de bandera del país se ha encaminado hacia una expropiación en las últimas semanas, al cabo de un proceso que incluyó desacuerdos en el valor de las firmas, una intervención de la justicia y amenazas de demandas internacionales.
El viernes pasado, la justicia argentina ordenó la intervención de las dos aerolíneas, sosteniendo que Marsans obstruía la autoridad del gerente general que actúa en nombre del Gobierno, luego de que las partes no lograran convenir un precio para las firmas.
"Nosotros entendemos que esto es una expropiación, puesto que no se habla de pagar el precio justo, hablamos también que es una confiscación", dijo Vicente Muñoz, director corporativo del grupo Marsans en una entrevista con radio Mitre.
Aerolíneas Argentinas y Austral tienen problemas de funcionamiento, están altamente endeudadas y desde hace meses, el Estado inyecta fondos para que ambas aerolíneas puedan continuar en operaciones.
El grupo español Marsans adquirió las aerolíneas en el 2001 cuando estaban al borde de la quiebra y advirtió que acudirá a la justicia internacional si el Estado argentino concreta la expropiación.
"Nosotros no podemos consentir que empresas que valen dinero, nos las quiten, se las apropien sin pagar el precio justo", dijo Muñoz.
El grupo español tasó a las aerolíneas en unos 400 millones de dólares, mientras que el Gobierno dijo la semana pasada que el valor es "cero".
Según un acuerdo firmado en julio, en caso de que el grupo empresario y el Estado argentino no lograran acordar un precio se debería realizar una tercera tasación independiente.
Pero el Gobierno consideró que el acuerdo había caducado debido a que Marsans no presentó los balances ni realizó una tasación correcta y decidió impulsar la expropiación para garantizar la continuidad del servicio y de la fuente de empleo, según dijeron funcionarios.
