EU avala la venta de activos de Chrysler
Un juez de bancarrota de Estados Unidos aprobó los procedimientos para la rápida venta de la mayoría de los activos de Chrysler, en medio de las objeciones de un grupo de acreedores que calificaron al acelerado cronograma un "absurdo".
El juez Arthur Gonzalez, que tiene a cargo la bancarrota de Chrysler en Manhattan, dijo que los procedimientos propuestos eran "apropiados y necesarios" dado que había evidencia de que "hay una urgente necesidad de que se consume la operación".
La automotriz estadounidense, que se presentó en bancarrota en Nueva York el 30 de abril, había pedido permiso para una rápida venta de la mayor parte de sus activos a una nueva compañía propiedad de la italiana Fiat SpA, un fideicomiso del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria Automotriz, y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
"El tiempo no está de nuestro lado", dijo Corinne Ball, fiscal en la bancarrota de Chrysler, durante la audiencia. "Preservar el valor significa avanzar con esta venta", agregó.
El balance de efectivo neto de la compañía ha caído a 260 millones de dólares, desde 1,340 millones en los últimos tres meses, dijo Robert Manzo, de Capstone Advisory Group, firma que aconseja a Chrysler.
El fallo se produjo en medio de las objeciones de un grupo de acreedores, que había pedido a la corte que bloquee los esfuerzos de Chrysler para su venta, o modifique los procedimientos de venta para hacerlos más competitivos. Dicen que los procedimientos actuales excluyen a cualquiera salvo al Gobierno de la venta de los activos de Chrysler.
Pero el testimonio escuchado en la corte demostró que "los procedimientos de venta tienden a alentar las ofertas de cualquier parte interesada", dijo el juez Gonzalez.
Chrysler pidió a la corte que apruebe una garantía de 35 millones de dólares a Fiat en caso de que surja una mejor oferta por la estadounidense. El pedido fue aprobado.
Los acreedores primarios de Chrysler reclaman 6,900 millones de dólares, correspondientes a la separación de la automotriz de Daimler AG en el 2007.
Cerca del 70% de la deuda está en poder de cuatro grandes bancos, todos los cuales han recibido fondos del gubernamental Programa de Alivio para Activos en Problemas (TARP, por sus iniciales en inglés).
Un grupo disidente de acreedores posee alrededor de 330 millones de dólares en deuda asegurada de Chrysler.
El grupo, que se llama asimismo "los acreedores no TARP", dice que sus miembros no han recibido dinero de rescate del Gobierno y que los cuatro bancos que acordaron el plan de bancarrota de Chrysler no representan sus intereses debido a su participación en el programa gubernamental de rescate.
Los abogados que representan al grupo dijeron también el martes que el plan trastocará los principios de la bancarrota y evitará que los acreedores de la automotriz obtengan un reintegro justo.
El ejecutivo de Chrysler Scott Garberding dijo en la corte que la compañía había explorado asociaciones con Nissan y General Motors antes del acuerdo propuesto con Fiat, pero que esas posibilidades se esfumaron al empeorar la economía estadounidense.
La fiscal Ball pidió a la corte que establezca un plazo límite para posibles ofertas al 20 de mayo, y un plazo para audiencias de venta para el 27 de mayo.
