Ferronales es defraudado por 1,800 mdp

El Gobierno presentó una denuncia ante la PGR por una estafa contra el organismo en extinción; la medida involucra a cinco ex servidores públicos y cuatro firmas privadas por el delito.
Ferrocarriles  (Foto: Ernesto Ramírez)
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, presentó ante la PGR una denuncia contra cinco ex servidores públicos y cuatro empresas privadas que defraudaron por más de 1,800 millones de pesos a Ferrocarriles Nacionales.

El funcionario destacó que se trata del ilícito más grande detectado en la historia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que a los ex funcionarios involucrados ya se les inhabilitó para desempeñarse en el servicio público entre 11 y 15 años, según el caso.

En conferencia de prensa, Vega Casillas detalló que los presuntos responsables del fraude contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso.

Asimismo Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general jurídico, y Antonio Paredes Ruiz, subgerente de Servicios Especiales.

En igual caso se encuentra Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica, y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de area "C" de la Subgerencia de Servicios Especiales.

Indicó que además de haber sido inhabilitados se sigue proceso penal contra los ex funcionarios que pudiera desembocar en siete años de prisión y el pago por la reparación del daño.

El secretario añadió que la SFP tiene abierto otro proceso administrativo que los puede condenar a pagar sanciones equivalentes a hasta tres veces el monto total del daño ocasionado.

Las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de  Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba, así como Remesare, Cicloaceros y varios negocios en Sonora propiedad de José Fernando Sánchez Alarcón.

Vega Casillas detalló que los ex funcionarios convocaron entre 2003 y 2005 a licitaciones para vender chatarra de Ferrocarriles Nacionales, pero no entregaron el material, lo que generó un adeudo de unos 10.3 millones de pesos con las empresas adjudicadas.

Para saldar la deuda los ex servidores del organismo en liquidación entregaron de manera ilegal más de 52,000 toneladas de vías férreas, rieles, durmientes, clavos y planchuelas propiedad de la Federación con un valor superior a 1,800 millones de pesos.

Esa cantidad de material equivale a tres veces la red del Metro de la ciudad de México o siete veces el acero de la Torre Eiffel. También se entregaron a las cuatro empresas 590 kilómetros de vías férreas útiles que lejos de ser chatarra es acero de alta calidad.

Los cinco tramos de vías entregados ilegalmente estaban instalados en Durango, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Puebla.

De acuerdo con el titular de la SFP, la auditoría realizada a los procesos de enajenación y venta de bienes de Ferrocarriles Nacionales "reveló que los servidores públicos pagaron en exceso y de manera ilícita el adeudo con la entrega de bienes propiedad de la nación y sin tener facultades para ello".

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Además los cinco ex servidores públicos no cumplieron con los requisitos legales para desincorporar esos bienes, como establece la Ley General de Bienes Nacionales.

 

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